Jueves, 18 de septiembre de 2014

| 2013/05/21 00:00

Una paz con los pies en la tierra

por Nubia E. Rojas G.*

La paz no dependerá solo de la firma de los acuerdos, sino de que se solucionen graves problemas estructurales que están en la raíz del conflicto.

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“Nosotros entendemos la paz como un estado de bienestar completo. La vida sabrosa, en paz, en tranquilidad, sin preocupaciones económicas; pero, sobre todo, sin temores, sin miedos y sin las angustias que nos produce la guerra y la violencia en Colombia. Para nosotros la paz es vivir sabroso, y esto es tener tierra, territorio, tener gobierno propio, legislar nosotros y practicar nuestros ejercicios de convivencia sin andar corriendo por la acción de la guerra”. Así se expresaba recientemente el líder indígena Feliciano Valencia, en entrevista publicada por La Silla Vacía.

Han pasado seis meses desde el inicio de las conversaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC para poner fin al conflicto armado que enfrenta desde hace casi cincuenta años al Estado colombiano y al grupo insurgente y que ha costado enormes pérdidas al país en términos políticos, económicos, de desarrollo, pero, sobre todo, de vidas humanas. Tanto la sociedad civil como las partes mantienen la expectativa de que un posible Acuerdo de Paz ponga fin a un largo y doloroso capítulo de la historia de Colombia.

Sin embargo, son muchas las voces que coinciden en que la paz no vendrá por sí sola tras la eventual firma de los acuerdos, pues las FARC no son el único factor de inestabilidad en el país: Colombia enfrenta muchos problemas estructurales que son anteriores al surgimiento de las guerrillas y que están en la raíz del conflicto, como la desigualdad, el irrespeto a los derechos humanos, la inequitativa distribución de la tierra, entre otros.

Las causas estructurales del conflicto


El último informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destaca que Colombia es un país de renta media con un alto índice de desigualdad –uno de los mayores en América Latina y el Mundo- en el que “aún queda mucho por hacer para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales”.

En una entrevista concedida a principios de abril por el presidente Santos al periódico español El País, el propio mandatario reconocía la gravedad de la situación: “Colombia es la democracia más antigua de América Latina, pero si no somos capaces de disminuir la desigualdad, no hay futuro”. Una semana después, el Presidente se mostró complacido, durante una visita a la ciudad de Bucaramanga, al anunciar que Colombia pasó de ocupar la segunda casilla en la región entre los países con mayor desigualdad, antecedido por Haití, a ocupar la séptima casilla entre catorce países, al lado de Chile, Panamá y Costa Rica. “Imagínense –dijo en esa oportunidad-: si logramos la paz, todo esto se multiplica”.

La relación entre la desigualdad, la violencia, los problemas de desarrollo y el irrespeto a los derechos humanos es clara: para el ex integrante de la guerrilla del M-19 y político colombiano Antonio Navarro Wolff, “la desigualdad es muy grande entre el promedio nacional y las regiones rurales apartadas. Entonces, si se busca disminuir las causas objetivas del conflicto, también hay una obligación de disminuir el apoyo de ciertos sectores sociales a los actores armados mejorando sus condiciones de vida”. Especialmente en las zonas rurales empobrecidas, militar en un grupo armado –sea este legal o ilegal- puede ser una alternativa al desempleo y un medio de sustento.

El altísimo costo humano que el país ha pagado por el conflicto es inconmensurable, a menos que se mida estadísticamente en cantidad de víctimas directas o indirectas. Sin embargo, las estadísticas no revelan las pérdidas en términos de desestructuración social, pérdida de confianza en la institucionalidad o el dolor que generan la muerte, la violencia, o el desplazamiento.

Según Human Rights Watch,  aunque ha habido ciertos avances en materia de respeto a los derechos humanos en Colombia, sigue siendo preocupante que la “impunidad crónica” continúe siendo la regla y que se hayan conseguido resultados “sumamente limitados en lo que respecta al juzgamiento de los máximos responsables de atrocidades”. La organización afirma que”es común que defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, sindicalistas, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos, líderes de desplazados y reclamantes de tierras, sean víctimas de amenazas y otros abusos”. La ONU ha añadido que en Colombia siguen existiendo obstáculos graves al derecho a la libertad de expresión, así como discriminación, intolerancia y estigmatización “por motivos de raza, origen étnico, género, edad, orientación sexual y discapacidad”.

La inequitativa distribución de la tierra es parte importante del origen del conflicto. Por ello, no es gratuito que el primer punto de la agenda de negociación entre el gobierno y las FARC sea el del desarrollo rural integral. Independientemente de cuál sea su actual realidad, las FARC son una guerrilla de origen campesino reivindicativa de una reforma agraria en favor de los trabajadores del campo y es en las áreas rurales donde históricamente se han sufrido con mayor intensidad las consecuencias del conflicto armado.

Víctimas del despojo y de la violencia y tradicionalmente olvidados por el Estado, miles de campesinos huyen hacia los cascos urbanos o las grandes ciudades en busca de ayuda y refugio. Colombia es, en la actualidad, el país con mayor número de desplazados internos del mundo: según el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno- IDMC (por sus siglas en inglés), cerca de cinco millones de personas se han visto obligadas a abandonarlo todo y huir para proteger sus vidas.

Al igual que otras graves violaciones a los derechos humanos, el desplazamiento forzado tiene graves consecuencias en el desarrollo local y nacional, pues, como ha señalado la FAO, las víctimas pierden el acceso a sus medios de vida, aumenta la tasa de mortalidad de personas vulnerables;  la separación de las familias, la muerte o discapacidad de sus miembros, los traumas y las enfermedades, repercuten en  las actividades productivas y reproductivas.

Invertir en la paz

Según Gonzalo Murillo, coordinador nacional de la Red de Programas de Desarrollo y Paz- Redprodepaz, “probablemente este país hubiera podido construir mejores condiciones de desarrollo y, por ende, de paz, si estuviéramos en una situación de no violencia, de no conflicto armado. Eso no quiere decir que la sola ausencia de violencia genere condiciones de paz o de desarrollo, pero lo cierto es que se han tenido que destinar una cantidad de recursos que habrían podido estar dirigidos a mejorar las condiciones de vida del conjunto de la población en términos de salud, educación, infraestructura, etcétera”.

Según el Ministerio de Hacienda, el presupuesto previsto para Defensa y Seguridad para el 2013 es de 26 billones de pesos, tres billones más que en el año anterior. En contraste con esta cantidad, el presupuesto destinado al sector agropecuario es de 2.62 billones (un 10% del gasto destinado a Defensa); a salud y protección social, 11.56 billones (un poco menos de la mitad). Sólo la estimación presupuestal destinada a educación es un poco más cercana: 24.95 billones de pesos.

Daniel Mejía, investigador de la Universidad de Los Andes, opina que si se firma un acuerdo de paz con las FARC “habría un crecimiento sustancial en la economía porque se generaría un modelo económico más equitativo, más incluyente, especialmente en zonas rurales que han estado olvidadas por mucho tiempo. Tendremos unos menores niveles de violencia, aunque no se van a ir a cero porque el narcotráfico, la minería ilegal y la criminalidad organizada van a continuar. Lo más importante es que tendremos un país más democrático, con mayor respeto a los derechos humanos”, aseguró en un evento convocado por FESCOL y El Tiempo que se llevó a cabo a principios de abril.

El ex ministro de hacienda Rudolf Hommes no sólo comparte esta visión, sino que considera que, de firmarse el acuerdo de paz, Colombia podría ganar 2,5 puntos porcentuales de crecimiento del PIB al año y que, incluso, podría quitársele un punto porcentual a los gastos en Defensa. El Ministerio de Hacienda sugiere una cifra más modesta y considera que ese crecimiento podría ser de entre uno y dos puntos porcentuales por año. “Para mí, la ecuación económica de la paz es positiva. El valor de la paz es inconmensurable porque es la posibilidad de vivir bien”, afirma Hommes.

Según los dos analistas, la firma de un acuerdo de paz debería hacer posible que el Estado asuma responsabilidades postergadas durante décadas y solucione problemáticas sociales y económicas que, contribuyendo al desarrollo, coadyuvarán a la paz: el país necesita sustanciales mejoras en infraestructura, educación, salud y administración de justicia. Ambos consideran, además, que es necesaria una mayor inversión en las zonas rurales para que tengan una mayor presencia del Estado que vaya mucho más allá de la mera presencia de la Fuerza Pública.

Todo parece indicar que, si Colombia quiere construir una paz sostenible y con los pies en la tierra, deberá contar con el compromiso de toda la sociedad con el respeto por los derechos humanos; con el ejercicio de un poder y una ciudadanía responsables. Con reconocimiento y respeto por las víctimas, y con una efectiva administración de justicia. “El Gobierno y la insurgencia deben entender que la construcción de la paz va más allá de la finalización de conflicto armado”, dijo Valencia en la misma entrevista. “Porque la violencia y la guerra han sido azuzadas por el gran problema social que tenemos en Colombia. Un asunto de orden estructural que tiene que ver con la desigualdad, la pobreza, la injusta distribución de la riqueza, el monopolio de la tierra y la falta de garantías para una vida digna”. Firmar la paz con las FARC sería un buen paso, pero aún queda un largo camino por recorrer.

*Consultora y periodista especializada en temas de paz. En Twitter: @NubiaRojasblog

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