Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2006/12/23 00:00

Una pieza de rompecabezas

Vivimos un momento único en el que, si bien los paras recibirán condenas mínimas, hay la posibilidad de que ciertas verdades se sepan

Una pieza de rompecabezas

En la foto del comienzo de las declaraciones de Salvatore Mancuso ante las autoridades judiciales, detrás del fiscal Mario Iguarán, se ve el logo de la Fiscalía: una pieza de rompecabezas. Como símbolo es un buen principio, pues se supone que el cuadro completo de la verdad se irá armando con el testimonio de miles de paramilitares, y no solamente con el de sus cabecillas. Mancuso es una pieza. Lo que no está bien es que el Fiscal y el imputado estén sentados ante la misma mesa, a la misma altura, y que el preso mire al juez desde arriba, con altivez. Eso es también un símbolo, y el poder del Estado debe situarse distante, y en un estrado superior.

Si en este país hay en serio tres poderes, este debería ser el momento del poder judicial. Los ciudadanos estamos observando a los jueces y fiscales, llenos de dudas, pero con alguna rendija de esperanza. Si los jueces tienen la valentía (e incluso la vanidad) de hacer bien su trabajo, estamos frente a una gran ocasión de conocer muchas verdades sobre el terror paramilitar que el país ha padecido durante los últimos 25 años.

Las penas que tendrán que aplicar los jueces a los paramilitares desmovilizados, según la Ley de Justicia y Paz, son muy benévolas. No podrán condenarlos a más de ocho años (contando como parte del castigo 18 meses pasados en fincas que no eran cárceles), y cumplida la mitad de la pena será posible la excarcelación. La pena no podrá superar esos ocho años, que de hecho serán dos años y medio de cárcel efectiva, ya sea que confiesen un crimen o que confiesen 100. Algunos beneficios, aunque esto no quedó lo suficientemente claro en la ley, podrían perderse si hay omisión deliberada en la confesión (pero ¿cómo demostrar si una omisión fue deliberada o no ).

Uno podría preguntarse: si alguien es paramilitar y de todas maneras va a pagar, como mucho, dos años y medio de cárcel efectiva, ya sea que confiese dos asesinatos o que confiese 100, ¿por qué no confesar los 100 y ayudar al menos a esclarecer la verdad? Supongo que los paramilitares tienen miedo a que les hagan algo si dicen toda la verdad. Hasta ahora, por ejemplo, involucran solamente a militares muertos. Parecen incapaces de mencionar a uno solo vivo. Sin embargo, entre 2.000 testimonios, con buenas técnicas de interrogación, con jueces que reúnan elementos probatorios tomados en otras partes, con condenas ya existentes por masacres cometidas, ¿no habrá manera de saber siquiera una parte de la verdad? Obviamente si los jueces permiten que los imputados lean arengas en sus portátiles, y sigan el guión que les dictan sus abogados penalistas, sin confrontarlos, nada se podrá saber.

Aunque hay indicios también de lo contrario. La Corte Suprema quiere meterse con los congresistas manchados de paramilitarismo. Al mismo Fiscal General, parece, no le molestaría tener ahora cierto protagonismo al revelar verdades sobre las desapariciones, las masacres y los secuestros cometidos por estos sujetos. Hay incluso algunos políticos resentidos que están dispuestos a hablar. Vivimos, pues, un momento único en el que, si bien los paramilitares recibirán penas irrisorias y podrán morirse de viejos y sin castigo como Pinochet, hay al mismo tiempo también una ley imperfecta que da la posibilidad mínima de que ciertas verdades se sepan.

Este proceso, al fin y al cabo, se montó porque los grupos de autodefensa crecieron demasiado, se metieron de lleno al narcotráfico, y se les salieron de las manos a los mismos hacendados que los habían inventado. Está bien que los ganaderos no tenían por qué dejarse secuestrar por la guerrilla, ni dejarse expropiar sus fincas por el chantaje de esos mismos grupos, pero la solución que encontraron para defenderse resultó peor que la enfermedad. Criaron a estos cuervos paramilitares que ahora les podrían sacar los ojos.

Ojalá el momento escogido para las declaraciones del primer comandante paramilitar que presta su versión libre, estas vísperas de Navidad, no sirva para ponerle una sordina a lo que encuentren los jueces. Depende de la ciudadanía, y del periodismo independiente, que seamos capaces de seguir con mucha atención lo que en este momento hacen las autoridades judiciales. No serán las penas (que ya sabemos que serán mínimas) ni los "castigos ejemplares" los que nos darán la medida de este proceso. Será la capacidad del poder judicial de esclarecer la verdad y de dictar medidas de reparación a las víctimas, lo que nos dará la respuesta de si vivimos en un país con tres poderes, o si estamos apenas ante una pantomima de poderes independientes. Veremos si la Fiscalía y los jueces son capaces o no de armar el rompecabezas del matrimonio entre la mafia y la política, entre los grandes terratenientes, sectores de las Fuerzas Armadas y los paramilitares. No para la venganza ni el desquite, sino para que se sepa y no se repita. Es necesario aclarar ante el país y ante la historia que hay barbaridades que no se pueden cometer sin perder por lo menos la cara y la dignidad. 

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