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Opinión

  • | 2015/03/06 05:00

    Una pistola y un soborno

    A pesar de su gravedad, la creencia general es que el caso de la Corte Constitucional dormirá en la Comisión de Acusaciones.

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Este viernes se han conocido nuevos y sorprendentes datos del presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Julián Bedoya Pulgarín, encargado de investigar al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chajub, por presuntamente haber solicitado $500 millones para orientar un fallo de tutela. En teoría, él será el juez que ilumine con su luz este oscuro episodio.

La FM de RCN contó que Bedoya Pulgarín quiso ser oficial de la Policía, pero fue expulsado de la institución sindicado, nada más y nada menos, que del robo de un arma. En efecto, entre 1999 y 2000, Bedoya Pulgarín ingresó a la Escuela de oficiales General Santander y cuando le faltaba poco para graduarse como teniente participó en una práctica de polígono en la que se perdió una 9 milímetros. Según la investigación de la institución, el arma fue escondida por el entonces joven Bedoya Pulgarín en un baño. La Policía, al darse cuenta del hecho, lo expulsó sin vacilación. Un compañero suyo confirmó que su abrupta salida se dio a tres días de graduarse de teniente. Bedoya reclama su inocencia con un argumento surrealista: en el arma robada sí aparecieron las huellas de él, pero alguien se las montó allí para perjudicarlo. 

La denuncia se añade a otra divulgada por Semana.com en el sentido de que Bedoya Pulgarín no es abogado de la Universidad de Medellín como él mismo había dicho. En efecto, en conversación con este portal, Juan Carlos Vásquez, decano de la Facultad de Derecho de esta Alma Mater, aseguró que Bedoya Pulgarín entró a estudiar en el año 2002 y se retiró en el 2007. En cinco años no terminó la carrera. Volvió meses después y la abandonó otra vez en el 2009. Desde entonces no ha vuelto.

Este parlamentario liberal es el juez de la causa para juzgar lo ocurrido en la Corte Constitucional, órgano que vela por la integridad y la supremacía de la Constitución. Para eso, ya sentó en el banquillo al magistrado Mauricio González, quien levantó el dedo acusador contra Pretelt. El cuestionario al togado, revelado también por Semana.com, es deprimente. Textualmente, por ejemplo, Bedoya Pulgarín le dice: “Usted nos podría ampliar si esos 500 millones que había que conseguir para dar o compartir con el ponente de la tutela era a cambio de qué”.

Bedoya Pulgarín es el representante de la Comisión de Acusaciones, un organismo que desde 1992 hasta el 2014 recibió un total de 3.496 denuncias. Una cifra abrumadora, sin duda. El balance de su gestión, sin embargo, lo dice todo. No ha producido un solo fallo. El 56 % de ellas, 1.957, fueron archivadas; el 44 %, 1.538 casos, están por resolver. Por los antecedentes se puede afirmar que estas también dormirán el sueño de los justos.

Lo paradójico de la ineficiencia de la Comisión de Acusaciones es que no inquieta a nadie. La opinión de la gente en los foros de Internet y en las emisoras de radio es de resignación: “No va a pasar nada”. Los analistas más formados también expresan el mismo pronóstico.

Al margen de esta coyuntura, ¿qué hacer con un organismo que exhibe tan lamentable productividad? El Gobierno tramita actualmente su eliminación en la reforma al equilibrio de poderes. El propósito es que en su reemplazo se crearía un tribunal de aforados, integrado por cinco magistrados que sólo se encargarán de investigar y hacer un juicio político sin consecuencias penales. Para muchos, el nuevo tribunal sólo servirá para garantizar la inmunidad judicial a presidentes, vicepresidentes, magistrados y fiscales. Que es lo que ocurre en la actualidad.

Para los escépticos, pasará lo de la famosa frase: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. La discusión de lo que va a pasar hacia el futuro está abierta y puede que este episodio se convierta en un punto de inflexión que lleve a los legisladores a hacer algo útil. En el presente, sin embargo, pareciera que todo se va a quedar así. Es decir que por grave que sea este asunto del soborno que salpica a los guardianes de la Carta Magna, con la actual Comisión de Acusaciones no va a pasar nada. Se esfumará entre la avalancha informativa. Incluso Bedoya Pulgarín tendrá tiempo suficiente para graduarse de abogado.

*Director de Semana.com
@ArmandoNeira

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