Miércoles, 18 de enero de 2017

| 2009/08/22 00:00

Una pregunta para Uribe

Por la vía institucional el referendo que impulsa el Presidente no tiene cómo ver la luz

Una pregunta para Uribe

Por qué el presidente Uribe insiste en seguir adelante con su referendo reeleccionista, si sabe que por las vías constitucionales ya no puede volver a ser candidato?

Esta pregunta se la puede hacer al Presidente cualquier ciudadano que haya hecho este ejercicio que hago a continuación. Cojan papel y lápiz y respiren profundo:

24 de agosto: El gobierno insiste en que esta semana se va a aprobar en la Cámara el referendo, pero eso no va a suceder. La demora se debe ante todo a la falta de votos -al cierre de esta columna todavía no los tenían- y al hecho de que los 86 congresistas que están siendo investigados por la Corte van a ser recusados. Entre estas recusaciones -primero tienen que ser remitidas a la comisión de ética del Congreso para su estudio- más las excusas médicas que se tendrán que resolver, se pueden ir fácilmente dos semanas como mínimo, con lo cual ya estaríamos hablando de que en el mejor de los casos, y si tiene éxito la impúdica operación de compra de votos, el referendo se podría estar aprobando el 2 de septiembre. Acto seguido, tendría que ser enviado para la firma del Presidente, proceso que se podría tomar de dos o tres días más. Digamos que haciendo las cosas rápido, la Corte podría estar recibiendo el referendo para su control constitucional no antes del 10 de septiembre.

10 de septiembre: A partir de esta fecha la Corte tendría 10 días hábiles para designar ponentes; posteriormente se le daría traslado a la Procuraduría, que debe dar luz verde en un plazo de un mes; supongamos que este procurador le da una manita al gobierno y en lugar de tomarse 30 días hábiles, se tome dos semanas, con lo cual los ponentes estarían empezando a estudiar el referendo a partir del 10 de octubre.

10 de octubre: A partir de esa fecha los ponentes tendrían 120 días para tomar una decisión, lo cual significaría que para finales de enero o comienzos de febrero del año entrante, contando las vacaciones judiciales, se daría el fallo. Eso sin contar con eventuales recusaciones que se les hagan a los magistrados, ni con las audiencias públicas que muy seguramente se pedirán, amén de otros imprevistos -en la reelección pasada la Corte Constitucional se demoró más de cinco meses en pronunciarse-. Asumiendo que este alto tribunal dé un concepto favorable, el presidente Uribe tendría que aplazar su gustico tres meses más, según lo ha dejado muy claro el registrador. Es decir, haciendo cuentas alegres, estaríamos hablando de que a mediados o a finales de abril se estaría realizando el referendo. (Difícil, de todas formas, que los magistrados de la Corte Constitucional hagan caso omiso del clima de crispación que se palpa en el país, de las amenazas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; del hallazgo de mil millones de pesos en el apartamento de un congresista, de la financiación irregular del referendo y de los vicios de procedimiento, y que encima de eso se atrevan a pasar por encima de una jurisprudencia suya según la cual la reelección sólo se permite una vez).

Digamos que hasta aquí el Presidente iría en carroza. A pesar de que los atropellos a la institucionalidad hubieran sido rampantes, de que el desgaste sufrido por el país hubiera sido monumental y de que la falta de garantías para los demás candidatos haría de esta contienda electoral la más desigual de nuestra historia reciente, nadie podría alegar que el Presidente no estuviera actuando bajo el ropaje de ciertas formas constitucionales. Eso cambiaría si decide hacer el referendo a mediados o a finales de abril.

Si lo hace, se estaría llevando de calle la Ley Estatutaria de Garantías, comenzando por el artículo octavo, que dice expresamente que el Presidente que aspire tiene que inscribir su candidatura cuatro meses antes de las elecciones. La fecha precisa sería entre el 27 de enero y el 27 de febrero, no a mediados de abril. Pero además, se cargaría también otro artículo de la ley de garantías -el noveno-, que establece que el Presidente debe declararse candidato seis meses antes de las elecciones, cosa que Uribe tendría que hacer el 27 de noviembre de este año y, como hemos visto, ni siquiera un milagro podría hacer que el referendo fuera aprobado para ese tiempo.

Por la vía institucional el referendo que impulsa el Presidente no tiene cómo ver la luz. Estas mismas cuentas las tienen que tener sus asesores en el Palacio de Nariño. Su insistencia en hacerlo es muy mala seña porque sugiere que el Presidente andaría con la idea de romper el orden constitucional para perpetuarse en el poder, cosa que hasta el momento no ha hecho ni el propio Chávez.

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