Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2008/03/30 00:00

Una riqueza colombiana: 67 lenguas qué defender

Es urgente valorar el inmenso patrimonio que constituye nuestra diversidad lingüística, íntimamente ligada a la diversidad biológica, a la justicia y la convivencia.

Una riqueza colombiana: 67 lenguas qué defender

Abril, mes en que se celebra el día del idioma, puede ser un espacio temporal propicio para reflexionar y actuar sobre la situación de las lenguas aborígenes y criollas en Colombia. El mundo y el país afrontan nuevos retos para el mantenimiento de su diversidad lingüística. Como mínimo la mitad de las seis mil lenguas que aun se encuentran en el mundo están perdiendo hablantes.

Según el grupo de expertos sobre lenguas en peligro de la Unesco cerca del 97 por ciento de la población mundial se expresa en un reducido grupo de lenguas que representan solo el 4 por ciento de los lenguajes actualmente existentes. En contraste, el 96 por ciento de las lenguas del planeta es hablado por el 3 por ciento de la población mundial. Esta organización calcula que al finalizar el siglo XXI el 90 por ciento de las lenguas existentes hoy serán reemplazadas por unas pocas lenguas dominantes.

Las amenazan que se ciernen sobre este vital legado universal son de carácter diverso y van desde causas externas de dominación militar, religiosa, económica y cultural hasta procesos de urbanización y sentimientos de vergüenza étnica en el seno de las comunidades que llevan a sus miembros a una subvaloración del lenguaje propio. Hablar una lengua aborigen puede ser visto por algunas familias como un factor constante de discriminación y un obstáculo para el ascenso social y la articulación al mercado global. Por ello, en algunos casos, la lengua propia no se esta transmitiendo de una generación a otra.

En Colombia habría que sumar a todo ello el acoso territorial y los sistemáticos actos de violencia contra las comunidades de hablantes que en el caso de las lenguas no dominantes corresponden principalmente a poblaciones de carácter indígena y afrocolombiana.
 
En nuestro país, además del español, se hablan 67 lenguas de las cuales 65 corresponden a comunidades amerindias y dos a grupos de afro descendientes establecidos en San Basilio de Palenque y en el Archipiélago de San Andrés y Providencia.

Es de suma urgencia que la población mayoritaria del país valore el inmenso patrimonio que constituye nuestra diversidad lingüística y sea consciente de la conexión que esta tiene con nuestra diversidad biológica como de las aportaciones de nuestras lenguas en el campo de la justicia y la convivencia.

Las comunidades etnolingüísticas han acumulado a lo largo de la historia un vasto conocimiento ecológico de sus respectivos entornos. Algunos grupos de pescadores, por ejemplo, tienen ricas toponimias y complejos sistemas clasificatorios para designar las especies marinas o las formas paisajísticas que se encuentran en el Caribe Colombiano y en nuestros ríos principales. Otras comunidades de hablantes no apelan a las armas sino a sofisticadas formas retoricas para la solución de sus desavenencias internas pues el lenguaje es mucho más que un vehículo de comunicación y puede actuar como un elemento fundamental en la “construcción” de las relaciones sociales que pueden ser manipuladas por medio del aquel.
La adopción de una política nacional de protección de la diversidad lingüística es, por tanto, un imperativo para el país y hace necesaria la participación activa de las comunidades étnicas, de los educadores e investigadores en el campo de la lingüística, la etnoeducación y la etnografía del habla. Los pasos que actualmente esta dando el Ministerio de Cultura de Colombia son por ello acertados y van en consonancia con los lineamientos de los organismos internacionales.
Entre otros objetivos el reciente Programa de Protección a la Diversidad Etnolingüística (PPDE) busca el fomento del uso y la revitalización de nuestras lenguas y la modernización de estas lo que puede contemplar el desarrollo de programas de computación y su uso en los medios modernos de comunicación, así como la sensibilización pública en torno a su valor patrimonial. No menos importante es la oficialización real de dichas lenguas en sus territorios aplicando el artículo 10 de la constitución colombiana como lo hizo el departamento de la Guajira en 1992 con el wayuunaiki: una lengua hablada por más de quinientas mil personas en Colombia y Venezuela. Lamentablemente, no ha existido un verdadero compromiso de gobierno en los territorios indígenas para el uso real de las lenguas allí existentes en los ámbitos oficiales.
Es necesario también fortalecer la investigación científica en este campo y apoyar la realización gradual del diagnóstico sociolingüístico de las lenguas de los grupos étnicos presentes en el territorio de Colombia. Para evitar los caprichosos vaivenes de los distintos gobiernos y alcanzar una mayor seguridad jurídica es conveniente examinar experiencias como la del Perú que desde el año 2003 dispone de una Ley de protección, preservación, fomento y difusión de las lenguas aborígenes.
Sin embargo, estas medidas deben ir más allá de lo estrictamente lingüístico y desde una perspectiva integral conllevan la búsqueda del bienestar material de las comunidades de hablantes y el respeto efectivo de sus territorios, recursos, autonomía y en general de sus derechos fundamentales.







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