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Una suma algebraica

En las dos propuestas de cese de hostilidades queda por fuera un tema esencial: la droga

Antonio Caballero
27 de agosto de 2001

El gobierno dice que las propuestas secretas sobre cese al fuego y cese de hostilidades con las Farc las revelaron las Farc, y las Farc dicen que fue el gobierno. Lo sano hubiera sido que las hubieran revelado las dos partes a la vez; y no ahora, sino desde el principio, pues las propuestas de paz en una guerra civil no tienen por qué ser secretas.

Salvo que quieran ocultar una carta en reserva, y entonces ni una parte, ni la otra, ni nosotros tampoco, tenemos por qué creer que sean sinceras. Y si no son sinceras, sobran. La paz no puede hacerse ni a escondidas, ni con trampas. Por eso —entre otras cosas— ni se ha hecho, ni se avanza hacia ella. Pura palabrería sólo para ganar tiempo para la guerra. Para perderlo para la paz.

Conocidas por fin, las dos propuestas parecen contradictorias. Así lo han dicho políticos profesionales y analistas académicos, columnistas de prensa y militares en retiro. Y lo son, si se trata de propuestas de guerra, o sea, dirigidas a la derrota y la rendición del adversario. Pero si de verdad se trata de propuestas de paz, se me antoja que son más bien complementarias. Sumándolas, y restándole a la suma la parte de arrogancia que tiene cada una, se podría por fin empezar a edificar la paz. Es decir, empezar a construir un país en paz, en el cual los conflictos —inevitables y propios de la condición humana, útiles y necesarios— pudieran resolverse pacíficamente, en lugar de enconarse mediante la violencia.

La paz consiste en que, por una parte, cesen las acciones militares de unos y otros contra sus adversarios, claro. Pero eso no es suficiente, y es incluso lo de menos, puesto que tales acciones no afectan a casi nadie (hagan ustedes la cuenta de los soldados y los guerrilleros muertos en los choques armados de ambas partes, y verán que son 100 veces menos que las víctimas civiles desarmadas). La paz requiere además, tal como pide el gobierno en su propuesta, que cesen las acciones de la guerrilla contra la población civil: secuestros, boleteos, vacunas, destrucción de pueblos, ataques contra las infraestructuras. Y requiere también, tal como piden las Farc, que cesen las agresiones del gobierno (y del Estado) contra esa misma población civil: criminalización de la protesta social, seguida del exterminio físico de quienes la encabezan (sindicalistas, dirigentes agrarios, defensores inermes de los derechos humanos, etc.); política económica, hoy llamada ‘neoliberal’ e impuesta por el FMI, antes llamada ‘desarrollista’, e impuesta por los intereses del capitalismo local. Política económica que constituye en sí misma, ella sí, un crimen, como no lo es (aunque así sea castigada) la protesta contra ella. Un crimen demostrado de sobra por la ruina del campo y la quiebra de la incipiente industria, por el crecimiento desaforado del desempleo y el hundimiento del poder adquisitivo de los salarios, por el aumento de la miseria absoluta, el empobrecimiento de las clases medias y hasta la bancarrota de los ricos.

Pues no es sólo la política represiva de orden público de este gobierno y de todos los gobiernos desde hace medio siglo; ni su extorsiva política fiscal, sino sobre todo su criminal política económica, la que ha llevado al país a una situación de guerra civil. La guerra la inventaron el Estado y el ‘establecimiento’; no las guerrillas, que lo único que han hecho es defenderse ellas mismas. Pero sin defender a la gente: al contrario, acrecentando (así sea involuntariamente) la represión del Estado, y sumando a ella la suya propia.

Eso es lo fundamental de un posible cese de hostilidades que no sea un mero cese al fuego entre dos aparatos armados. Que no sólo las dos partes militarmente enfrentadas, Ejército y guerrilla, instrumento del Estado el uno y de sí misma la otra, dejen de echarse plomo, sino que ambas partes renuncien a su política de amendrentamiento y explotación de la tercera parte, mayoritaria pero indefensa: la población civil en su conjunto, de esquilmar a la cual viven las otras dos. Lo demás son flecos accesorios, aunque sin duda importantes. El canje de prisioneros, el desmantelamiento de los paramilitares, la depuración de las Fuerzas Armadas, el juicio a los corruptos, la localización de las tropas de ambas partes en el curso de la tregua, la verificación (sobre este punto, la propuesta gubernamental de designar “una personalidad internacional mediadora” no es más que una idiotez destinada a quitarse de encima sus propias responsabilidades). ¿La no extradición? Lo cierto es que, si fuera efectiva, la extradición de responsables de crímenes atroces no le interesa a nadie: ni al ‘Mono Jojoy’, digamos, ni tampoco, digamos, al ex presidente Gaviria.

Pero en las dos propuestas de cese de hostilidades, aún sumándolas tal como propongo aquí, queda por fuera un tema esencial: la droga. Salvo una vaga alusión por parte de las Farc a “la concertación con las comunidades para la erradicación manual de los cultivos ilícitos”, en ninguna de las dos se menciona ese asunto, que es crucial desde el punto de vista del financiamiento de la violencia en Colombia. No es en la veeduría de una posible tregua, sino en el cambio de política con respecto a la droga, donde tendría una influencia positiva la intervención de la comunidad internacional. Legalizando la droga, y sólo de ese modo, puede desaparecer el principal factor económico de la destrucción violenta de este país. Al respecto, las Farc no han ido más allá de una tímida e ingenua propuesta de legalización del consumo: como si no entendieran que la raíz del problema es la ilegalidad de la producción y el tráfico. En cuanto al gobierno, su arrodillamiento de principio ante lo que manden los gobiernos de los Estados Unidos le impide hasta la más indirecta mención del tema. Y sin resolverlo no podrá haber paz aquí.

Tal vez era por eso que se mantenían secretas las dos propuestas. Porque sus autores eran oscuramente conscientes de que , aun sumadas, la adición da cero.