UNA VISION RETROSPECTIVA Y UNA TAREA

En 1970, los analistas de las entidades económicas internacionales no preveían sino un futuro explosivo para Colombia. El desempleo y la agudamente desigual distribución del ingreso iban a dar al traste con la estabilidad social del país, y a llevarlo inexorablemente por las mismas rutas autocráticas del Cono Sur como única forma de poder mantener el sistema capitalista en vigencia.
Doce años después, esos mismos analistas están de acuerdo en que las amargas profecías no se materializaron. El ingreso medio de los colombianos aumentó apreciablemente durante el período, lo mismo que el nivel de vida de los grupos sociales de ingresos más bajos, pese a que la distribución del ingreso no mejoró y, al contrario, las diferencias absolutas entre los más ricos y los más pobres se ensancharon enormemente. El peculiar esquema político del país, basado en nuestros dos partidos tradicionales (a pesar de su desorganización), no se ha desintegrado en estos años, y acaba de dar una muestra impresionante de vigor en las elecciones pasadas. La pregunta obvia, entonces, que todos nos hacemos, es la de cómo se explica la relativa estabilidad del país en el pasado reciente y si será posible mantenerla en el futúro.
A mi juicio, la razón más importante de que Colombia no haya sido azotada aún por las crisis sociales y económicas tan frecuentes en la mayor parte del Tercer Mundo, se encuentra en que, a diferencia de los Borbones, los grupos sociales que dirigen el país sí aprenden y sí recuerdan. Cuando se examinan las cifras básicas sobre el desarrollo económico nacional en la última década, es sorprendente observar que todos los gobiernos han buscado, con más o menos éxito, mantener el rumbo dentro de ciertos parámetros definidos.
No es por casualidad que el ritmo anual del inflación se ha mantenido por debajo del 30%. Los gobiernos han tenido muy claro que un sistema laboral con convenciones pactadas a dos años se convulsionaría con un aumento drástico y repentino del nivel de los precios, y obligaría a las centrales obreras a exigir la indexación de salarios, que la experiencia internacional muestra como una ruta propicia a la espiral inflacionaria que destruye tantas democracias. Tampoco es por un simple azar que la economía colombiana mostró un ritmo sostenido de crecimiento, de un nivel promedio del 5% anual. Esta es la tasa mínima que permite absorber el crecimiento de la fuerza de trabajo, descontando el impacto que tuvieron las migraciones al exterior, y que por lo tanto garantiza que el desempleo urbano se mantenga por debajo del 10%. La experiencia indica que el orden público se vuelve inmanejable en aquellas ciudades donde se excede ese límite significativamente.
Las estadísticas muestran también que el salario real se ha mantenido relativamente estable en el país, lo que unido con el aumento en el empleo ha permitido una mejora significativa en los ingresos familiares, gracias a la creciente participación de la mujer en el trabajo. Esa estabilidad del salario real no ha sido un regalo de la suerte, sino el fruto de una política decidida de los gobiernos, a través del alza oportuna del salario mínimo y del oficial promedio.
La intensidad de la migración rural a las ciudades ha disminuido en la última década, dando así un respiro a estas últimas que les va a facilitar el suministro de émpleo, vivienda y servicios públicos a sus moradores. En esta disminución ha jugado un papel importante la política de mejoramiento de los salarios rurales y de las condiciones de vida en el campo.
Los gobiernos han hecho esfuerzos presupuestales intensos en materia de educación, especialmente, y de salud, como consecuencia de los cuales ha mejorado sustancialmente la situación colombiana en estos aspectos.
En resumen, puede sostenerse que el país no sufrió las agudas crisis sociales que le fueron pronosticadas en 1970 por la OIT, por ejemplo, porque se propuso evitarlas manteniendo un rítmo mínimo de crecimiento en la producción, el empleo, los salarios y el gasto público social. A su vez, esta política ha estado basada en un manejo consistente de los medios de pago, la tasa de cambio, el crédito y las tasas de interés, el precio del café y las finanzas públicas.
Los sucesivos gobiernos han entendido que para mantener la inflación por debajo del 30% es menester hacer lo mismo con el incremento anual de los medios de pago; que esto a su vez acarrea la necesidad de dotar al Estado de recursos tributarios para financiar el gasto público y la compra de las cosechas de café; que la tasa de cambio tiene que devaluarse en proporción a la diferencia entre nuestra inflación y la internacional; que las tasas de interés para los créditos a la producción no pueden ser mucho mayores que el nivel de la inflación sin perjuicio para la economía; que la mejor arma contra la inflación reside en un fuerte estímulo a la agricultura, y contra el desempleo urbano, a la construcción de vivienda.
Por eso es por lo que los puntos citados se encuentran en los programas de todos los candidatos en las pasadas elecciones presidenciales, aunque con diferencias de énfasis.
Seguramente que algunos lectores se estarán preguntando qué le ocurre hoy al "modelo" colombiano, puesto que ya no está creciendo a ese mínimo del 5% anual que le es tan esencial, ni generando el empleo creciente que evitó las convulsiones sociales que fueron vaticianadas para los años 70.
La verdad es que ha sido afectado por circunstancias externas fuera de nuestro control, por una parte; y por una creciente desmoralización a todos los niveles, que está poniendo en peligro la estabilidad misma del Estado y aun su legitimidad, cuyo síntoma más grave es la crisis fiscal.
Fueron factores externos (las heladas en el Brasil) los que obligaron al país a frenar su ritmo de devaluación entre 1976 y 1979, con el resultado de que hoy tenemos un "atraso cambiario" que está poniendo en aprietos a nuestra balanza comercial, y haciendo indetenible el contrabando. La recesión de las economías industrializadas de occidente ha rebajado los precios de nuestros principales productos de exportación, transmitiéndonos así la carga (algodón, por ejemplo), al paso que nuestros costos se ven afectados por la inflación que agobia a dichas economías; esa inflación las ha obligado a mantener políticas monetarias restrictivas, que se han traducido en las tasas de interés reales más altas desde 1930, cuyo efecto estamos padeciendo.
Afortunadamente, hay maneras de defender al país de las perturbaciones externas, como aprendimos a hacerlo en América Latina hace cincuenta años en circunstancias más graves aún. Pero ello exige un Estado con suficiente capacidad administrativa para cobrar los impuestos que fija, o para establecer la producción, o para eliminar los aberrantes signos de pobreza que todavía abundan. Y la eficacia del Estado como administrador es función directa de su honestidad, que debe también exigir al sector privado. El país puede superar la pobreza sin abandonar sus tradiciones de libertad, pero solamente si se moraliza. Por ahí se tiene que comenzar la tarea.