Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2008/06/03 00:00

Universidades o santuarios farianos

La autorización para entrar a las universidades no es suficiente. Se necesita su presencia permanente en las instalaciones. Se puede proveer de seguridad a los claustros, sin vulnerar los derechos, preservando el pluralismo y sin represión.

Universidades o santuarios farianos

El 3 de abril estudiantes encapuchados de la Universidad del Valle quemaron una patrulla de policía. A final del mismo mes, jóvenes en la Universidad Surcolombiana de Neiva trataron de quemar vivos a miembros del Esmad. La semana pasada en la Universidad del Tolima un artefacto explosivo, lanzado por un estudiante, por poco degolla a otro y en la Universidad Pedagógica, atacaron con ácido a miembros de la fuerza pública. La cosa no para ahí. Al interior de la Universidad Nacional se presentan amenazas y se persigue a quienes reclaman regresar a las aulas. Docentes renunciaron a cátedras para evitar ser agredidos. Temen ser asesinados.

Los estudiantes de las universidades públicas están en todo su derecho a protestar, pero una cosa, muy distinta, es emplear la violencia e integrar grupos ilegales. Sería estúpido criminalizar a toda la comunidad universitaria, pero más estúpido es contemplar, con los brazos cruzados a los que imponen por la fuerza su voluntad.

Alumnos y profesores pueden opinar y tener la convicción política que les plazca. Hace parte de su ámbito de libertad e impone a las autoridades respetar y proteger ese derecho fundamental. El problema es que mientras algunos deciden manifestarse pacíficamente, otros buscan convertir los campus universitarios en escenarios de guerra.
Esto obedece a una forma torcida de leer la sociedad colombiana y al desprecio a los canales democráticos para tramitar reivindicaciones
 
Quienes atentan contra la vida de un policía lo hacen bajo la idea que éste encarna la represión y no el ejercicio legítimo de la fuerza del Estado. Creen que en Colombia hay un Estado terrorista y opresor, conclusión a la que llegan después de un cuidadoso lavado de cerebro.

En la galería de los recalcitrantes hay fanáticos, despistados, desadaptados y “estudiantes” de profesión. Es vieja la estrategia de la juventud comunista de infiltrar personas que pasan décadas estudiando (sin graduarse nunca) y saltando de universidad en universidad, haciendo una larga carrera de agitadores y reclutadores.
 
Otros mamertos, más exóticos, pero no menos bárbaros, son los autodenominados “Guardias Rojos”. A esas modalidades se agrega la presencia del Partido Comunista Clandestino Colombiano, maquina de penetración de las Farc, al que no sólo pertenecen “alumnos” sino apologistas de la violencia, disfrazados de profesores.

Los camuflados en la academia no actúan solos. Se articulan en una agenda coincidente con las guerrillas y aprovechan afinidades con facciones del Polo Democrático y del Partido Liberal. Hacen parte, también, de la Farcpolítica en la medida que operan dentro del célebre postulado de la “combinación de todas las formas de lucha”. ¡Ni más faltaba que los camaradas de las Farc y del Eln renunciaran a tratar de controlar las universidades!

Nada está improvisado. No hay que olvidar que Tirofijo, en “su última proclama”, de diciembre de 2007, recuerda que “es necesario utilizar las diversas formas de acción, movilizaciones con objetivos muy concretos” y que “los cuadros farianos están obligados a conducir las organizaciones de masas bajo su dirección”. El derecho legítimo a la protesta estudiantil está en riesgo cuando la guerrillera y ciertos sectores escondidos en la oposición pretenden interferirla y manipularla. Igual sucedió con las marchas campesinas de octubre del año pasado, la del 6 de marzo y la reciente de los cocaleros. El primer reto de cualquier protesta es mantener su plena independencia de los intereses terroristas.

El gobierno Uribe está demorado en cumplir con la obligación de liberar del miedo y la amenaza permanente a las universidades públicas. Debe ser contundente con los que delinquen para garantizar el derecho a la protesta de los demás. No se puede permitir que los planteles se conviertan en nuevos “caguanes”, en los que una minoría violenta amedranta a los ciudadanos, secuestra el debate y aniquila el imperio de la razón.

La autorización para entrar a las universidades no es suficiente. Se necesita su presencia permanente en las instalaciones. Para eso no se requieren mandatos judiciales, ni acuerdos con directivas. Ya comenzaron a teorizar y a decir que se desconoce la autonomía universitaria. ¡Falso! Quienes la violan son los grupúsculos que la someten mediante el terror. El ingreso de la fuerza pública a las universidades se hace para preservarla. La Policía tiene que respetar las libertades de pensamiento y expresión, al tiempo que protegerlas; debe impedir la violencia, salvaguardar la comunidad educativa y la Fiscalía judicializar a los que cometan crímenes escudándose en la protesta.

Es una excelente oportunidad para demostrar que se puede proveer de seguridad a los claustros, sin vulnerar los derechos, preservando el pluralismo y sin represión. Las bandas en las universidades necesitan héroes, justificaciones para el uso de la violencia y hechos que polaricen contra las directivas académicas y el gobierno. Sueñan con legitimarse, quisieran muertos en sus filas, aumentar simpatías y encontrar eco a la falacia del Estado terrorista, provocando excesos de la fuerza pública. ¡Ojo, en esa trampa no se puede caer!

Por otro lado, es absurdo que los revoltosos sean liberados horas después de su captura o que se mantengan como estudiantes. ¿Dónde está el problema? ¿En la ley? ¿En los reglamentos internos? ¿Se están efectuando detenciones indiscriminadas que se caen por falta de sustento probatorio? ¿Dónde están los organismos de inteligencia? La impunidad que cubre a los vándalos incentiva la repetición y convierte a las universidades en santuarios farianos. ¿Cómo es posible que las terroristas que quemaron un Transmilenio sigan estudiando en la Universidad Nacional? Las aulas no pueden ser canteras de violadores de derechos humanos. La seguridad nunca se conseguirá plenamente mientras en su seno sigan produciéndose criminales de lesa humanidad; para la muestra un botón: Alfonso Cano.

Nota: ¡Las cosas que hay que ver! Al parapolítico Salvador Arana le pareció que afectaba su dignidad que lo esposaran, pero no estar prófugo, acusado de asesinato.
www.rafaelguarin.blogspot.com


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