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Opinión

  • | 2012/02/11 00:00

    Urabá se mueve

    Ahora se sabe que, aprovechando la situación, el Fondo Ganadero de Córdoba adquirió en forma fraudulenta 46.000 hectáreas de las mejores tierras y una parte de los empresarios bananeros se hizo a predios pertenecientes a la Nación o a los campesinos que la violencia obligó a huir.

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Escribo esta columna antes de saber en qué termina la concentración de miles de campesinos en Necoclí para apoyar la Ley de Reparación a las Víctimas y de Restitución de Tierras, pero conozco uno por uno los detalles de su preparación. Todo empezó en diciembre pasado cuando una representación de seis organizaciones de la sociedad civil acudió al Palacio de Nariño para hablar con el presidente Juan Manuel Santos y varios ministros y funcionarios de la necesidad de la movilización social y de una alianza entre el Estado y la sociedad para enfrentar a los enemigos de la ley y llevar a la práctica los enunciados de este ambicioso proyecto de dignificación de millones de colombianos golpeados por la violencia.

En la reunión Carmen Palencia, vocera de la asociación Tierra y Vida, le manifestó al presidente que resultaba increíble que Urabá no apareciera como una de las zonas donde se iniciaría la reparación y la restitución. Señaló Santos que obedecía a la estrategia de empezar por lugares donde, al parecer del gobierno, se encontrarían menos obstáculos. Que la complejidad de esa región era enorme y lo mejor era cosechar experiencias en sitios de menor resistencia antes de acometer la tarea en el punto más espinoso.

Los argumentos fueron y vinieron y la discusión concluyó en que se incluiría a Urabá como lugar prioritario y que allí, en medio de una manifestación, ojalá multitudinaria, se le enviaría un mensaje al país entero de que tanto el gobierno como la sociedad civil no cejarían en el empeño de aliviar el dolor de las víctimas y de entregarles a los campesinos lo que les arrebataron las fuerzas ilegales.

Ahora bien, no la faltaba razón a Santos. En Urabá se anudan todas las violencias. En los años ochenta las guerrillas del EPL, el ELN y las Farc adelantaron una intensa campaña de asesinatos, secuestros y extorsiones sobre los empresarios y alentaron la organización sindical y la protesta social para responder a las precarias condiciones laborales en que vivían los trabajadores bananeros. Después, en los años noventa, las Farc perpetraron la masacre de la Chinita, uno de los peores episodios de la violencia nacional.

Luego llegaron los paramilitares de Carlos Castaño y en una fatal alianza con empresarios y políticos desataron una cacería humana y una cruzada de expropiaciones y despojos que arroja cifras espeluznantes. Urabá acumuló 720 sindicalistas asesinados, es decir, más de una tercera parte de los sacrificados en el país. En 1997 y 1998 las cifras de homicidios se acercaron a 800, con una tasa superior a todas las regiones de Colombia. También el desplazamiento forzado se encumbró por esos años. Y en los últimos tiempos el blanco han sido 11 líderes de las víctimas que han pagado con su vida la osadía de defender el derecho a la restitución.

Ahora se sabe que, aprovechando esta situación, el Fondo Ganadero de Córdoba adquirió en forma fraudulenta 46.000 hectáreas de las mejores tierras de la zona y una parte de los empresarios bananeros se hizo a predios enormes pertenecientes a la Nación o a los campesinos que la violencia obligó a huir.

De ahí que, una vez se anunció la confluencia de gobierno y organizaciones sociales para marchar hacia Necoclí, llovieron todas las presiones. Los Urabeños, con el pretexto de protestar por la muerte de uno de sus jefes, desataron un paro armado a principios de enero con la evidente intención de mostrar el gran poder que ostentan en la región. Los empresarios bananeros, que ayer financiaron la implantación de los paramilitares en la zona, rechazaron abiertamente la movilización y se vinieron hasta la oficina del ministro del Interior para hacer un descarado lobby orientado a impedir la asociación entre víctimas y gobierno en procura de la reparación y la restitución.

Esta ha sido la antesala de un evento que aspira a rendir un homenaje a las víctimas del territorio más asolado por la violencia y tiene el propósito de entregar títulos de propiedad a campesinos largamente olvidados por la sociedad. ¡Ojalá salga bien! ¡Ojalá el gobierno no se arrugue en esta misión!
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