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Opinión

  • | 2006/09/23 00:00

    Uribe atascado

    Juan Fernando Londoño cree que las dificultades del arranque del segundo período del presidente Uribe se deben al cambio de las condiciones de gobernabilidad derivadas de la reforma política y a las diferencias de interpretación del mandato entre las nuevas bancadas y su anterior equipo de gobierno.

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Existe una percepción generalizada sobre las dificultades del arranque del segundo período del presidente Uribe. El problema no se reduce a una mala racha, sino que obedece a un desajuste real entre la gobernabilidad del primer período y las nuevas condiciones para el segundo y en particular un desfase entre la interpretación que el gobierno y su bancada hacen del mandato que les otorgaron los ciudadanos.

Cuando el presidente Uribe llegó al poder en 2002 lo hizo no sólo con gran apoyo popular, sino con un Congreso débil y con partidos desarticulados. La reforma política de 2003, tramitada a pesar del gobierno, cambió dichas condiciones y ha obligado al Presidente a entenderse con organizaciones políticas con agenda propia. Mientras en 2002 el Presidente distribuyó los principales cargos entre sus amigos y dejó las migajas de la burocracia para los parlamentarios, en 2006 los partidos llegaron con listas únicas y bancadas funcionando con lo cual el menudeo ha resultado casi impracticable.

El problema de las desavenencias entre el Presidente y su bancada se origina no sólo en el hecho estructural de las elecciones en fechas distintas sino en dos elementos característicos de la anterior campaña. Por un lado, la poca trascendencia del papel del Presidente en la campaña parlamentaria. Mientras los candidatos de su coalición esperaban a un Presidente activo en apoyo de sus aspiraciones, él se limitó a participar en unas reuniones temáticas con los partidos que lo apoyaron y grabar comerciales en favor de algunos de sus candidatos. Como consecuencia de ello, y pese a que el Ejecutivo les dio puestos y recursos públicos, muchos de los electos no creen que le deban su curul al Presidente.

En segundo lugar, la transición partidaria originada en las nuevas reglas (umbral y listas únicas) así como la migración política producida por la reelección generaron nuevos partidos con grandes deficiencias de identidad programática. El factor de unificación de la coalición gubernamental es la cercanía al poder y no la identidad ideológica con el proyecto gubernamental.

Los funcionarios del equipo del Presidente, especialmente aquellos que continuaron en sus cargos del primer al segundo período interpretaron la reelección como un visto bueno para profundizar sus políticas. Así, el Ministro de Hacienda presentó la reforma tributaria más reaccionaria de la cual se tenga memoria y el Comisionado de Paz creyó tener visto bueno para desconocer la sentencia de la Corte Constitucional sobre la Ley de Justicia y Paz. Por su parte, el propio Presidente intentó impulsar la reelección de alcaldes y gobernadores y todo indica que lo hizo en contra de los intereses de sus aliados en el Congreso.

Ante las dificultades en la relación del Presidente con el Congreso empiezan a escucharse tempranas voces para que el Presidente socave la institucionalidad democrática, bien mediante apelaciones directas al electorado o acudiendo al expediente de revocatoria o cierre del Congreso. Avanzar en ese camino será debilitar aún más la gobernabilidad.
El Presidente y el país tienen que aprender que con las nuevas reglas del juego la tarea de gobernar pasa por un Congreso más organizado y menos dispuesto a que lo desconozcan. Para facilitar esta nueva etapa es necesario que el Presidente termine de recomponer sus cuadros políticos y deje ir a quienes lucen desgastados, especialmente porque ahora nadie puede justificar sus dificultades echándole la culpa al gobierno anterior.

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