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Opinión

  • | 2011/09/10 00:00

    Uribe y la justicia internacional

    Las agresiones a personajes e instituciones de la comunidad internacional y el desprestigio de la justicia interna alientan una vigilancia mayor de la justicia internacional.

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Hace unas semanas, el exministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga le dijo a Clara Elvira Ospina en su programa de opinión en RCN Televisión que a Álvaro Uribe le preocupaban las eventuales acciones que alguna Corte internacional de justicia pudiera emprender contra él. Algo parecido me había dicho Zuluaga a finales del año pasado en la ciudad de Madrid cuando acudíamos a un encuentro de líderes de América Latina.

Hablamos del asunto y le manifesté que veía muy remota esa posibilidad, aunque sabía que varias organizaciones de derechos humanos estaban recopilando información y buscando la manera de incubar procesos en organismos internacionales. También le expresé que llevar nuestro conflicto a instancias foráneas y poner en manos de jueces y fiscales extranjeros a dirigentes políticos o jefes militares con un papel relevante en la confrontación interna prolongaría nuestra guerra y alejaría la reconciliación.

He vuelto a pensar en esa conversación con el exministro en estos días a raíz de la visita de Isabelle Durant, vicepresidenta del Parlamento Europeo, a recoger información sobre las 'chuzadas' del DAS; del artículo de The Washington Post sobre el mismo tema; de las sesiones que realizó en nuestro territorio la Corte Interamericana de Derechos humanos y de las labores que adelanta el juez Baltasar Garzón. Veo que la atención sobre Colombia está creciendo. Veo que se están acentuando las preocupaciones de influyentes medios o de importantes organismos sobre lo que ha ocurrido en el país en materia de derechos humanos.

Quizás está bien fundado el miedo de Uribe a la intervención de tribunales internacionales. Si empiezan a proliferar en el exterior denuncias que involucran a funcionarios del Estado o a personas vinculadas a fuerzas ilegales con delitos que pueden ser investigados y juzgados en la jurisdicción internacional y que en el interior del país no son debidamente atendidos por la justicia, llegará el día en que alguna Corte extranjera decida meterse en Colombia. La internacionalización de la justicia es una corriente imparable en este principio del siglo XXI.

Ahora bien, creo que las reacciones del expresidente Uribe frente a las indagaciones, su actitud ante la justicia colombiana y su crítica a las iniciativas de paz no contribuyen a alejar un posible interés de la justicia internacional para intervenir en nuestro país. A la señora Durant le dijo: "Isabelle Durant, del Parlamento Europeo, viene a apoyar calumnias como buena justificadora del terrorismo. Además de cobarde, no debate de frente". La calificación para el informe de The Whasington Post fue: "Qué tristeza que a nuestro gobierno lo difamen simpatizantes del terrorismo".

No ha sido menos agresiva la posición frente a las Cortes. La Corte Suprema y la Fiscalía han sido acusadas reiteradamente de participar en conspiraciones, de ser voceras del terrorismo y de tener un sesgo político. La situación llegó al extremo de aconsejarle a la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado que se asilara en Panamá y eludiera la acción de la justicia colombiana porque no existían garantías para su juicio.

No creo que exista una manera más eficaz de promover la intervención de jueces y fiscales extranjeros en nuestro territorio. Me imagino la exasperación de sectores del Parlamento Europeo ante la desmedida acusación de Uribe a la señora Durant y el asombro de los periodistas de The Washington Post señalados de simpatizantes del terrorismo. Me imagino también la evaluación que hacen de nuestra justicia cuando un líder político que gobernó al país durante ocho años le recomienda a una funcionaria que se asile porque no hay garantías en su país. Las agresiones a personajes e instituciones de la comunidad internacional y el desprestigio de la justicia interna alientan una vigilancia mayor de la justicia internacional.

Uribe debería parar esa carrera loca hacia los tribunales internacionales, bajarle intensidad a la polarización y contribuir a la reconciliación del país. En esa situación las organizaciones de derechos humanos podrían cesar el esfuerzo de abrirle procesos en el exterior al exmandatario. Un pronto y verdadero proyecto de paz nos ahorraría el dolor de ver desfilar ante tribunales extranjeros a líderes colombianos de todos los bandos.
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