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Opinión

  • | 2015/03/13 07:00

    Uribe y la pregunta del millón

    ¿Quién ordenó las chuzadas? ¿A dónde iba a parar toda la información? ¿Con qué fines se acopiaba? ¿Quién la evaluaba? ¿Qué trámites se le daba y qué efectos se derivaban de ella?

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Como este asunto es de extrema gravedad, y así lo entiende la opinión pública que aún no sale de su indignación y asombro, me he tomado el trabajo de cotejar la posición que frente al responsable mayor de este delito han expresado en sendos editoriales los dos diarios más impotentes del país. Mientras El Tiempo, cauto como siempre cuando se trata de señalar lo que para ellos no son más que  “pecadillos” del  establecimiento o del Gobierno de turno, dice respecto al presuntamente responsable superior de las chuzadas del DAS, pero sin arriesgar nombre propio y usando la voz de un tercero, que “está abierta la posibilidad, como lo afirmó ayer a este diario el Fiscal General, de que los funcionarios condenados aporten información que apunte a otros eslabones de la cadena.” Eso es todo. ¡Que insinuación más etérea e indulgente! Entre tanto, El Espectador, un poco más directo aunque sin llegar abiertamente al punto de interés como lo es el señalamiento puntual, advierte que el DAS “estuvo usando recursos públicos para cometer acciones ilegales contra jueces de esa misma Corte y malquerientes del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de quien, por supuesto, es inevitable empezar a hacer mención con nombre propio a estas alturas, cuando gente de su entera confianza (y sobre los que ejercía un mando directo) resultan condenados por la justicia. El círculo se cierra muy cerca de él. Quizá demasiado.”

Cualquier desprevenido lector en busca de información ceñida a la verdad podrá dilucidar con facilidad frente a estas dos apreciaciones cuál de ellas le orienta con más valentía y objetividad. Si desde tiempo atrás los medios más poderosos y de amplio cubrimiento nacional hubieran condenado con estricta entereza y contundencia lo que venía sucediendo con las chuzadas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas, políticos de oposición y defensores de derechos humanos y, en fin, líderes de izquierda durante el gobierno de Uribe, muy probablemente el autor intelectual, el “ordenador del gasto” con sus subalternos sumisos hubiesen aparecido con nombre y rostro propios ante la la faz del país y acusados y juzgados todos por los tribunales competentes sin tanta dilación. Pero como dice el editorial de El Espectador refiriéndose al presunto responsable mayor, “el círculo se  cierra muy cerca de él. Quizá demasiado.”
 
María del Pilar Hurtado y el exsecretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, no pueden por sí solos expiar por otro, ni exculpar a nadie. Y no es que los veamos como chivos expiatorios, sino que como eslabón que fueron de la cadena muy seguramente manipulada por su jefe, no por ello, tras su condena, el capítulo de esta macabra maniobra de escuchas ilegales, afectación dolosa de la intimidad y la privacidad de las personas y seguimientos, persecución y desprestigio de tantos colombianos despreciados por el régimen, puede ser cerrado y lacado y en fin    finiquitado como si nada.  

El concierto para delinquir, el abuso de función pública y la violación ilícita de comunicaciones por lo que fue condenado Moreno y el concierto para delinquir, la violación ilícita de comunicaciones, el abuso de la función pública, el prevaricato y falsedad ideológica en documento público, delitos que deberá pagar con cárcel y por largos años la Hurtado, son infracciones graves a la ley que así como tuvieron causa y consecuencias en la victimización de numerosos ciudadanos, también deberán tener consecuencias y castigo para quien con satisfacción y placer de venganza e intereses políticos las prohijó.   

Pregunta clave en este vergonzoso y criminal episodio de nuestra historia es esta: ¿Fue la presión del paramilitarismo la que doblegó a tal gobierno llevándolo a quebrantar la Constitución y la leyes y de paso poniéndole a su servicio al DAS?

Y habría que preguntarse también: ¿a dónde iba a parar toda la información recabada tras las chuzadas? ¿Con qué fines se acopiaba? ¿Quién la evaluaba? ¿Qué trámites se le daba y que efectos se derivaban de ella?  

No pudiendo la Casa de Nariño de entonces evitar bajo ninguna circunstancia su protagonismo y participación activa en estos hechos, mal podría escudar su responsabilidad, la que fuere, en la condena a una decena de sus subalternos. Abstraerse de responder por todo este escándalo y dejar pasar, sería, más que cinismo, una confesión de culpa.

guribe3@gmail.com
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