Lunes, 5 de diciembre de 2016

| 2016/07/21 13:47

¡Urgente! Defensor del Pueblo en propiedad

Con el aval de la Corte Constitucional al Plebiscito para refrendar la paz, se requiere Defensor del Pueblo en propiedad, para que instruya a los ciudadanos sobre la forma de votarlo.

Uriel Ortíz Soto (*)

Con el aval de la Corte Constitucional al Plebiscito para refrendar la paz, se requiere Defensor del Pueblo en propiedad, para que instruya a los ciudadanos sobre la forma de votarlo, además de otras urgencias.

En los mentideros sociales y políticos, se ventila con insistencia el nombre del doctor Juan Carlos Arias Duque propuesto al presidente Santos, para que sea incluido en la terna.

Arias fue porpuesto por: la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia; la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (ACOFADE); Federación de Colegios de Defensores Públicos, (FENADEPCOL); y la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo (ASEMDEP).

Además, el candidato cuenta con el respaldo de otras  prestigiosas instituciones jurídicas, y su solicitud está firmada por más de 1.500 abogados litigantes, que ven en él, por su experiencia y trayectoria, la persona ideal para desempeñar tan importante cargo, especialmente en el manejo del acuerdo de paz, etapa posconflicto y justicia transicional.

Al analizar la hoja de vida de tan prestigioso profesional, se llega a la conclusión que su nombramiento sería prenda de garantía para la culminación del proceso de paz, la aplicación de la justicia transicional y lo más importante, para el manejo que hay que darle a la etapa posconflicto, que debe ser orientado por persona ducha en todas estas intríngulis: el nominado es poseedor de una brillante hoja de vida: abogado, filósofo y psicólogo; con varios postgrados; profesor por más de veinte años en varias universidades, sobre derecho penal y justicia transicional, además ha estado vinculado a la Defensoría del Pueblo por más de quince años en calidad de conferencista e investigador como defensor público, y es columnista de varios medios de comunicación sobre temas de derechos humanos y problemáticas sociales; durante más de seis años fue Magistrado Auxiliar de la sala de Casación Penal, de la Corte Suprema de Justicia, donde manejó temas relacionados con la Justicia Transicional, que es precisamente uno de los escenarios más delicados, una vez se firme el acuerdo de paz y se inicie la etapa posconflicto, donde indudablemente la Defensoría del Pueblo debe tener mucha injerencia, para evitar se cometan abusos con los ciudadanos.

No es nada sano para la administración pública, que organismo tan importante, se encuentre acéfalo desde hace más de cuatro meses; la defensoría del pueblo nació con la constitución de 1.991, como organismo dependiente del Ministerio Público, siendo su principal función  la defensa del ciudadano frente al Estado de Derecho, siempre procurando el bien común y velando porque los actos administrativos que dictan los gobernantes se ajusten a la verdad jurídica, sin el quebrantamiento de las normas legales vigentes y del orden Constitucional, sin que se lesione el bien común y la tranquilidad ciudadana.

Es lamentable que el país tenga que esperar, que el período del renunciante doctor Armando Otálora, se venza, para que la Cámara de Representantes, proceda a hacerlo, de terna presentada por el señor Presidente de la República, que desde luego, los colombianos esperamos muy confiados, que tan importante cuerpo legislativo, cumpla con este deber, en estos momentos en que se ventila el acuerdo de paz y se comprometen varias instancias de nuestro Estado de Derecho, es fundamental superar su crisis de interinidad y de credibilidad.

Como ya se está ad portas de que ocurra el nombramiento, a la fecha se han presentado además del doctor Juan Carlos Arias Duque, otros dos candidatos: el doctor Guillermo Rivera, ex concejero presidencial y el doctor: Carlos Alfonzo Negret Mosquera,  que muy seguramente integrarán la terna presentada a la Cámara de Representantes por el señor Presidente de la República.

Es inconcebible que frente al proceso de paz que se adelanta en la Habana – Cuba, entre el gobierno y la guerrilla de las Farc, no existan delegados de la Defensoría del Pueblo allí presentes, puesto que en dichas negociaciones, se están comprometiendo deberes y derechos de los ciudadanos, y así mismo de los señores de las Farc, para con nuestro Estado de Derecho.

De acuerdo al artículo 282 de la Constitución Política, es obligación de la Defensoría del Pueblo, estar instruyendo a los ciudadanos de todo el territorio nacional, sobre los  pros y los contras de dicho acuerdo, máxime, con todos los acontecimientos adversos al gobierno que se han venido presentando a última hora, donde se indica de conformidad con las últimas encuestas, que la mayoría de los Colombianos queremos la paz, pero no en la forma en que la quieren firmar.

Además, también se requiere la presencia de la defensoría del pueblo, en otras instancias de la vida nacional, como por ejemplo, en el actual paro caminero, donde debe haber un pronunciamiento con el fin evitar que las partes en conflicto, continúen provocando situaciones más coyunturales, con grave perjuicio para el común de los Colombianos: como es el alza de los productos de la canasta familiar y los hechos de violencia que se están presentando.

Es urgente también la presencia de la defensoría del pueblo, en el manejo que se le está dando a la recuperación del espacio público en Bogotá y las principales ciudades del País, que si bien, es una medida que a gritos venía reclamando la ciudadanía en general, se está adelantando sin los planes y programas de contingencia correspondientes, lo que constituye un claro abuso de autoridad.

En síntesis, la Defensoría del Pueblo, debe hacerse presente en muchos otros escenarios de la vida nacional y por lo tanto no debe continuar acéfala, puesto que, son varios los vacíos que se vienen presentando dentro de la administración pública, por falta de su presencia se están cometiendo muchos abusos contra los ciudadanos, puesto que si bien tienen dónde acudir, el estado de interinidad en que se encuentra la entidad, sus actos no tienen la misma efectividad, confianza y contundencia para el ciudadano, que cuando se actúa en propiedad.

El país, que actualmente se debate en álgidos problemas, requiere que frente a tan importante institución se encuentre un profesional con amplios conocimientos en la materia, pero, en propiedad, sin que esto quiera decir que el actual defensor encargado, no esté cumpliendo con sus deberes, sin embargo, cuando se está en esa condición, no se actúa en igual forma, y tanto directivos como subalternos, por más que quieran hacerlo, diariamente se debaten entre la inseguridad y la incertidumbre por no saber qué va a pasar en el inmediato futuro.

Es preocupante de otra parte, que si bien el artículo 281 de la Constitución Política, señala que su elección la hará la Cámara de Representantes, de terna presentada por el señor Presidente de la República, para períodos de cuatro años, no prevé los mecanismos que deban agotarse, para el evento de quedar vacante, como en el caso de renuncia, que tuvo que presentar el doctor Armando Otálora, valdría la pena que este vacío se subsanara.

*urielos@telmex.net.co  

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