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¡Exijamos justicia para nuestros niños!

Niños asesinados, abandonados, violados, con el estigma de la traición en sus propios hogares, son el reflejo de una sociedad que parece adormecida ante tanta ignominia.

Uriel Ortiz Soto, Uriel Ortiz Soto
14 de agosto de 2015

El código de protección al menor, los organismos oficiales: Bienestar Familiar, I.C.B.F, fundaciones y cientos de organizaciones existentes para protegerlos, parece que no son suficientes ante semejante epidemia de violencia infantil, que ya nos tiene atónitos y acorralados, puesto que todos los días y a toda hora desde diferentes lugares del País, se reportan casos alarmantes de violencia contra menores de ambos sexos desde la edad cero hasta los 18 años.

Hasta cuándo los noticieros y demás medios de comunicación con justificada razón, continuarán dando escalofriantes primicias sobre la crueldad contra los niños, que desde todos los ángulos y puntos de vista en que se mire tan indígnate problemática social, no hay escapatoria, todos los sectores sociales y estratos, están cometiendo los más aberrantes actos de violencia; muchos son  abandonados a su suerte por sus madres que  sin terminar de dar a luz el milagro más sublime de vida, los matan o abandonan a su suerte, tirándolos a los basureros, o dejándolos expósitos para que sean recogidos por almas caritativas o instituciones adoptantes.

Hay serios cuestionamientos sobre los hogares de Bienestar Familiar, en muchos de ellos, se han cometido abusos de violación y maltrato contra los niños, que por diferentes circunstancias van a parar allí, bajo la protección de las llamadas madres sustitutas, que si bien en su mayoría cumplen un apostolado digno de resaltar, si se han presentado abusos sexuales y maltratos valdría la pena que la señora directora nos explicara cuál es el procedimiento para estos nombramientos, puesto que según rumores, dicho organismo Estatal de protección a la niñez está filtrado por politiqueros y mafias de contratistas que aprovechan para llevar sus recomendados, que muchas veces no tienen la más mínima experiencia en el manejo de hogares infantiles o de paso.

Pero también valdría la pena se investigara a las cientos de fundaciones y asociaciones que existen de protección a la niñez, que reciben dineros del Estado para su funcionamiento, cuando la realidad muchas han sido constituidas por delincuentes de cuello blanco con el único propósito de esquilmar al Estado a través de misión tan delicada cual es la prestar auxilio a la niñez desamparada de nuestro País.

Considero que si los Organismos de Control, con la Fiscalía General de la Nación a la cabeza, adelantaran investigaciones de tipo: disciplinario, control fiscal y penal, serán muchas las organizaciones que se rajan, respetables y encumbradas damas de la alta sociedad podrían ir a las cárceles, por defraudar al Estado y lo más grave por el detrimento patrimonial que están causando a los presupuestos asignados por los gobiernos: nacional, departamentales y municipales, para la atención alimentaria y de salud de la niñez mas desamparada y vulnerable.

En los últimos días los noticieros de televisión, han venido denunciando los contratos que por cerca de $10.000 millones de pesos se ha firmado con: Fungescol, Fundación para la gestión y el  Desarrollo Colombiano, con sede en Turbo – Antioquia, Nit: 812003813-0, para el suministro de alimentos a escuelas de varios municipios del Chocó y la Guajira; causa indignación ver el manejo tan deshonesto que se le está dando a estos contratos: proporcionando alimentos con alto grado de descomposición y generando todo tipo de inestabilidad de producción y laboral entre quienes son los operadores, puesto que no se les están cancelando los salarios inicialmente pactados.

Dejamos en manos de los Organismos de Control y la Fiscalía General de la Nación, para que se abra una investigación exhaustiva sobre este caso y se sancione a los responsables como debe ser, puesto que ya son varias las quejas recibidas sobre la misma empresa, que al parecer tienen varias sucursales en diferentes ciudades del País.

Pero si por las instituciones del Estado y organizaciones jurídicas llueve, por las entidades particulares y los hogares no escampa, con profunda preocupación vemos que los delitos más atroces cometidas contra los menores de cero a 18 años, están  sucediendo en sus propios hogares, es lamentable que sean padres los facilitadores; que junto con hermanos o tíos, muchas veces se lucran de la existencia de los menores de edad para ofrecerlos al mejor postor, a fin de satisfacer apetencias sexuales y trabajos laborales no permitidos para menores de edad, soportando el yugo del hambre, desnutrición y el precario vestuario.

Los casos de maltrato infantil en todas sus modalidades son de nunca acabar: el sometimiento a trabajos forzados, prácticamente sometidos a la esclavitud, se percibe en todas las regiones de Colombia, son innumerables las denuncias que reciben las autoridades de niños que  a sus escasos siete años son alquilados por sus padres y hermanos, para cometer delitos atroces o servir de campaneros a los grupos subversivos o las bacrím.

Los niños de la guerrilla, es otro capítulo aparte del cual se viene hablando desde hace varios meses desde la mesa de negociación en La Habana, Cuba, con el fin de regresarlos a sus hogares, pero la verdad, hasta la fecha nada ha ocurrido, esperamos que la comisión negociadora de las FARC cumpla con liberarlos sin ninguna contraprestación.

Considero que ante todas estas situaciones se requiere de una pedagogía altamente científica, pero lo más importante, con el restablecimiento del profundo respeto por la vida y los derechos de los niños, que por lo general son desconocidos por autoridades, mayores y adultos, que simplemente se mofan de que porque son niños pueden ser tratados como simples objetos infantiles, más no como personas que están en  un proceso de desarrollo y formación, sin avizorar que de ellos depende el futuro de nuestra sociedad.

Esta campaña debe iniciarla el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en coordinación con el Ministerio de Educación, los establecimientos educativos y los padres de familia, pero también con las autoridades encargadas de manejar socialmente la vida de los niños en los: hogares, los centros educativos y  de formación.
 
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