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Opinión

  • | 2015/06/26 09:22

    ¡Ley anticontrabando difícil de aplicar!

    La corrupción será el principal obstáculo para aplicar esa ley, se requiere de todo un proceso de concientización para hacerla menos punitiva y más práctica.

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Tal cual está confeccionada, para lo único que sirve, es para subir las tarifas del soborno, y acomodarla a otras argucias, muy propias de la actividad del comercio exterior, cuyas prácticas son muy comunes en las aduanas de los aeropuertos y terminales marítimos.

Sin embargo, debemos aplaudir al señor Presidente y al Congreso que lograron aprobarla por mayoría, pero es muy difícil pretender erradicar un mal de varios siglos, que nació cocido a nuestro Estado de Derecho, ha echado tantas raíces, que son incalculables las fortunas que se han tejido merced a estas prácticas muy difíciles de erradicar.

Fueron muchos los “padres de la Patria” que la aprobaron, pero son conscientes, que sus curules han sido remolcadas por el fenómeno del contrabando, el narcotráfico, y lavado de activos, delito que se quiere equiparar con la Ley Anticontrabando, recordemos, cómo el palacio de las leyes en legislaciones anteriores, se ha estremecido por prácticas contrabandistas ejercidas por representantes y senadores de la República.   

El contrabando en algunas regiones del país, especialmente de frontera, es una cultura, que ha permitido a sus habitantes vivir en su medio, intercambiando productos entre países circunvecinos, esto ha perdurado durante siglos y no nos llamemos a engaños: con la complacencia de las autoridades, que muchas veces se convierten en intermediarias entre los mismos comerciantes contrabandistas.

No olvidemos que el narcotráfico y el contrabando son las fuentes financieros de la corrupción   en Colombia, y buena parte de ellos son administrados por  grupos guerrilleros y demás organizaciones que operan la margen de la Ley en mayor o menor escala: esto lo diseñan quienes quieren aprovechar la infraestructura conformada por las autoridades de frontera y demás poderes centrales.

Nadie niega que las prácticas contrabandistas son: las venas rotas por donde se esfuman buena parte de los recursos de la Nación, pero, lamentablemente con la complicidad de las mismas autoridades que muchas veces son complacientes y permisivas, puesto que se dejan tentar por los atractivos falsos de la corrupción.

Como consecuencia lógica de todo lo anterior, debemos deducir que la Ley Anticontrabando, tal cual está confeccionada, necesita de algunas enmiendas: debe ser más social y menos punitiva; más social, puesto que no se puede   entrar a aplicarla para combatir un delito donde el mismo Estado ha sido complaciente y tolerante a través de todos los siglos de nuestra vida republicana. En consecuencia, se deben fijar unos plazos para preparar a los comerciantes, e industriales del País; importadores y exportadores, sobre la fecha de aplicación, pero previo un proceso de concientización y divulgación.

Si tomamos un ejemplo claro del porqué el Estado ha sido permisivo a través de todos los tiempos con las prácticas contrabandistas, basta con señalar el caso de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, que después de más de cuarenta años de constituida, la aplicación de las Clausulas de Salvaguardia, no han sido más que un sofisma de distracción para que los gobiernos de turno las invoquen, y como en el caso del arroz y otros productos de la canasta familiar, se creen monopolios de importación, como hace pocos días lo demostró la Superintendencia de Industria y Comercio, al sancionar drásticamente a varios importadores mayoristas.

Pero si avanzamos un poco más, nos damos cuenta que la Ley Ant¡contrabando también lesiona el derecho a la libre empresa y al trabajo, pues no se justifica que los pequeños y medianos importadores tengan que depender de una Sociedad de Intermediación Aduanera, SIA, Valdría la pena que se hiciera una investigación sobre estas instituciones, puesto que varias de ellas son verdaderos paraísos de prácticas de contrabando y lavados de activos.

Sin apartarnos que en los llamados san andresitos y el comercio informal, existen muchas prácticas de contrabando, son mayoría los comerciantes honestos, que además de cumplir con sus deberes de pago de tributos al Estado, son reacios a cometer ilícitos y siempre buscan la forma más honesta para ejercer sus actividades, desde luego, que no nos apartamos que la mano de las autoridades debe llegar allí, pero, también en forma eficiente y honesta, puesto que en las aduanas las prácticas corruptas son el pan de cada día.

Otra de las causas que fomenta el contrabando está relacionado con los registros Invima, para importar o exportar  productos alimentarios, además de costosos, la documentación que se exige para ingresarlos al territorio nacional, son muy dispendiosos, no se compadecen las excesivas tarifas que hay que pagar, comparados con las pírricas utilidades, y sobre todo lo engorroso de los trámites.

Pero también debemos ser claros que existe otro fenómeno del fomento del contrabando en nuestro País: es la poca ilustración que hay sobre los TLC, que ha suscrito Colombia con diferentes países del mundo; a ciencia cierta estos tratados y convenios de libre comercio, no son fácilmente asimilados por el común de los importadores y exportadores, se requiere de más pedagogía para que el potencial de importación/ exportación vía TLC, con los países suscritos, tengan un mayor entendimiento, puesto que varios de ellos han sido aprobados muy a la topa tolondra, sin tener en cuenta cuales productos a la fecha tienen desgravación: inmediata, plena o porcentual, en términos de tiempo y controles de calidad.

Además del Invima y los TLC, existen las talanqueras del ICA, cuyas normas para autorizar el ingreso y salida de productos, no están nada claras, los registros fitosanitarios muchas veces no se respetan, rompiéndose la seguridad jurídica de las importaciones o exportaciones, lo que indudablemente genera factores de contrabando y corrupción.
     
Considero que si esta Ley tal cual está para sanción presidencial, no se modifica, lo más seguro es que no pase el examen de constitucionalidad o posteriormente será demandada por quienes se sienten vulnerados en sus derechos fundamentales: al trabajo y la libre empresa, pero además va a generar los monopolios prohibidos en la Constitución del 91, artículo: 336.

urielos@telmex.net.co
urielos@hotmail.es

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