Por la paz que queremos

La alocución presidencial del domingo en la noche, estuvo muy centrada en los cinco pilares fundamentales que inicialmente mencionamos, sin embargo, existe preocupación en todos los órdenes de la vida nacional, por lo que pueda pasar en los próximos cuatro meses señalados por el señor Presidente, para continuar o no, con el proceso, después de una evaluación.

No olvidemos que detrás del proceso de paz hay otras situaciones que son indispensables evaluar, o por lo menos buscar aminorarlas, antes de conseguir la paz estable y duradera: son las elecciones regionales que se avecinan, pero que lamentablemente la clase dirigente, especialmente la representada por los partidos de Unidad Nacional, que respaldan al gobierno del presidente Santos, parece no importarles, que esta contienda, en la antesala del proceso de paz, bien entendida como debe ser, podría coadyuvar a un manejo más certero y definitivo del proceso de paz que se adelanta en la Habana- Cuba, entre gobierno y guerrilla de las FARC.

Lamentablemente a nuestros dirigentes políticos les falta espíritu de grandeza y compromiso para con el futuro de sus regiones, simplemente aspiran llegar a gobernarlas, sin importarles en la forma que sea,  vemos cómo el partido liberal con su presidente a la cabeza, está enfrascado en un debate vergonzoso, por haber expedido para la gobernación de Santander, Aval, a candidato que se encuentra seriamente cuestionado.

Hay otro fenómeno del cual no nos podemos sustraer y que afecta todo el aparato productivo, social y económico de nuestro País: es la corrupción, que lamentablemente  ha extendido sus tentáculos a todos los niveles de la administración pública, destacándose últimamente la administración de justicia desde la base hasta las altas cortes, con escándalos tan escabrosos que ya prácticamente los ciudadanos nos acostumbramos a vivir en medio de una zozobra de sálvese quien pueda.  

No nos llamemos a engaños, que el desmoronamiento del aparato estatal, dominado por la corrupción, ha abierto enormes fisuras, para enfrentar ante el mundo un proceso de paz serio y verdadero, por lo menos el Señor Presidente debería avaluar la posibilidad que quienes integran las Altas Cortes, -dando ejemplo de pulcritud y de grandeza-, presenten su renuncia como una contribución a ser la base fundamental para construir la paz, con justicia social, anhelo de todos, que en los actuales momentos no es más que un zafarrancho de nunca acabar, con acusaciones mutuas y demandas penales entre los mismos colegas.

Todos los inconvenientes que se han presentado en el proceso de paz, tienen una sola lectura que no admite discusión alguna: está  manejado por dos círculos cerrados: Gobierno y FARC.
De parte del Gobierno, debemos admitir, que aunque sus negociadores, son personas de las más altas calidades: humanas, intelectuales y profesionales, no alcanzan a cubrir lo que es la voluntad de los colombianos: marginados y desplazados, pero sobretodo la franja de campesinos que han sido víctimas de la violencia guerrillera, paramilitar y bacrim, que muchas veces el mismo Estado, los atropella tildándolos de estar de lado de la subversión.   

Tenemos que ser conscientes que quienes representan a las FARC, en la mesa de diálogo, no  interpretan la totalidad de la organización guerrillera, - como lo hemos advertido varias veces por esta columna-, no existe unidad de mando, esto quedó demostrado con el cese unilateral que decretaron en el mes de diciembre pasado, que si bien bajó la violencia, no se cumplió en su totalidad.

Si queremos hacer justicia, debemos aceptar que los principales protagonistas del proceso de paz, deberían ser nuestros campesinos, pero, los de: mulera, hacha y azadón, - no los que equivocadamente se hacen representar, por los cachacos perfumados y de cuello blanco de: las federaciones, fundaciones y asociaciones, que pululan en la capital de la República, con salarios de veinticinco y más millones de pesos; hay que escuchar la base campesina a través de sus juntas de acción comunal y de las asociaciones productivas de pueblos y veredas, puesto que son ellos los que tienen historias que contar, han sufrido todos los rigores y horrores de esta guerra que ya completó sesenta años sin solución alguna a la vista.

Tanto Gobierno como guerrilla, deben admitir que en este proceso tienen que estar  representados todos los colombianos por las diferentes organizaciones, con el fin de que en su nombre se escuchen cuáles, son sus más urgentes necesidades y  angustias, para irlas plasmando en un cronograma que indudablemente se desarrollará en la etapa posconflicto.

La corrupción en todos sus niveles, como lo hemos dicho, es otro obstáculo fundamental que está impidiendo que el común de la gente crea en el proceso de paz; la corrupción, es un cáncer que tiene invadido todo nuestro sistema democrático, sus tres poderes públicos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se encuentran braceando tratando de defenderse frente a un oleaje que ya prácticamente los está devorando, frente a una opinión pública angustiada y dolida, que todos los días desde que amanece hasta que anochece, no hace más que recibir malas noticias relacionadas con el mal manejo administrativo de nuestro País, y que compete justamente a los tres Poderes Públicos, sacar al pueblo colombiano de tan vergonzoso espectáculo.

Los colombianos de bien tenemos que exigir a nuestros gobernantes, que la paz  no es solamente silenciar las fusiles de la guerrilla y demás organizaciones que operan al margen de la Ley, es también: desmovilizarlos y reintegrarlos a la vida civil; incorporándolos al proceso posconflicto, del cual tanto se habla, pero que lamentablemente a la fecha no se ve por ninguna parte. Ya es hora de iniciar tan fundamental tarea, mal podemos firmar un proceso de paz sin tener planes y programas de desarrollo para los: reinsertados y desplazados. Considero que los proyectos agroindustriales dada la idiosincrasia de sus protagonistas sería la más acertada solución.

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