“Vayan fusilando...

Es comprensible la prisa del Gobierno en el cumplimiento de los compromisos con la guerrilla. Algunos de ellos son apremiantes para mantener la confianza de la contraparte y su voluntad de movilizarse hacia las zonas de concentración; la ley de amnistía, por ejemplo. Al mismo tiempo, esa premura pretende tornar irreversibles unos compromisos que una parte del país rechaza, procurando así dificultar las acciones correctivas de un próximo gobierno cuya visión de la paz eventualmente difiera de la que hoy predomina. No obstante, tiene todo el derecho el Presidente Santos en avanzar hacia las metas que considera mejores para el país. “Cada alcalde manda su año”, suele decirse.

Sin embargo, no me canso de lamentar la fractura de la sociedad civil y política. Por muchos esfuerzos que se hagan, los méritos y falencias del Acuerdo Final gravitan por entero sobre el Gobierno actual. Esta irreversible polarización, que deberá resolverse en las elecciones del año entrante, no era inexorable. Tratándose de un proyecto cuyo diseño, negociación y puesta en marcha compromete varios gobiernos sucesivos, lo conveniente habría sido una amplia convergencia nacional. Que, por los motivos que fuere, no haya acontecido así marca un contraste nítido con las negociaciones internacionales de comercio que adelantó la administración Uribe.

Cuando en el año 2002 se llegó al convencimiento de que el país requería avanzar en la internacionalización de la economía, se encontró que el respaldo popular a esa iniciativa era precario; y que era necesario que las negociaciones comerciales, en especial las realizadas con los Estados Unidos, fueran transparentes y se adelantarán oyendo las preocupaciones de sectores sociales, regiones, gremios y partidos políticos.

Algunos elementos de la estrategia que se puso en marcha fueron los siguientes: el denominado “cuarto de al lado”, en el que al final de cada jornada durante las rondas de negociaciones se explicaban los avances y temas pendientes. Los informes públicos que se rendían por el equipo negociador al finalizar cada ciclo. El acuerdo, pionero en Colombia, suscrito con la Procuraduría a fin de crear el “Libro Blanco de la Negociación” en el que se consignaron los hitos de un proceso quizás tan complejo como el de La Habana.

Tales esfuerzos rindieron frutos. Por amplia mayoría ese Tratado fue aprobado por el Congreso y refrendado por la Corte Constitucional. Y, lo que es crucial, no quedó Colombia partida en dos bandos irreconciliables, a pesar de que el libre comercio suscita pasiones ideológicas semejantes a las que, como lo estamos experimentando, caracterizan al acuerdo adelantado con las Farc.

Decíamos atrás que la celeridad es comprensible y justificada. Ahora añadiré que lo que resulta inadecuado es la precipitud, la cual conduce a la toma de riesgos excesivos que pueden ser fuente de graves problemas más adelante.

Uno de los objetivos del proceso de paz, que la oposición no puede objetar por haber intentado una política parecida, consiste en establecer un conjunto de mecanismos para facilitar la transición de las armas a la política. El primer paso en pos de ese propósito consiste en la designación de unos voceros de la guerrilla en el Congreso, las llamadas “voces de paz”, que deben ser oídos en los debates relativos a la implementación de los acuerdos. Estupendo que esa prerrogativa se ponga en marcha. Sin embargo, cabe preguntar, ¿Con qué fundamento jurídico se tomaría esa decisión?

En un proyecto de resolución del Consejo Nacional Electoral, cuya expedición al parecer es inminente, se dice que se procede a darle acceso a los voceros de la guerrilla en las cámaras “en el entendido de que el Acuerdo Final (...) resulta vinculante para los diferentes órganos y entidades del Estado”. La gravedad de esta afirmación no puede pasar desapercibida. Si ella es cierta, el convenio del Gobierno con los alzados en armas hace ya parte de la nueva Constitución Política; y el Congreso queda reducido a una lánguida función cuasi notarial.

De otro lado, recordemos que la Corte Penal Internacional fue constituida para juzgar los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio cuando las autoridades nacionales carezcan, por motivos jurídicos o reales, de la capacidad de condenar a los responsables. El acuerdo inicial, ratificado por el nuevo, estipula que Colombia no concederá, ni por requerimiento de esa Corte ni de ningún gobierno, la extradición de integrantes de las Farc.

Frente aquella, esa estipulación viola un compromiso central para su funcionamiento: por carecer de policía judicial propia, la Corte depende de que los países miembros capturen y pongan a su disposición los sindicados. Con relación al gobierno entrante de los Estados Unidos, que probablemente va a pedir en extradición a dirigentes de la guerrilla acusados de narcotráfico, el nuestro se verá en dificultades para explicar por qué, a pesar de los compromisos bilaterales vigentes y el principio de reciprocidad, en adelante no concederá nuevas solicitudes. Que hayamos pedido hace poco la extradición del ex Ministro Arias configura un precedente un tanto embarazoso...

Para poner sal en la herida, en el nuevo Acuerdo se modificó la definición de los crímenes de guerra contenida en el Estatuto de Roma; lo han advertido el Instituto de Ciencia Política y la Corporación Excelencia en la Justicia. Este modo de proceder constituye una nueva y flagrante violación de los compromisos internacionales de la República.

El Gobierno puede ser audaz pero no es tonto. Sabe que existe el riesgo de que la Corte Penal Internacional abra procesos judiciales en Colombia, lo cual constituiría un motivo de bochorno enorme. No obstante, confía en qué, como el proceso de paz goza del beneplácito de Naciones Unidas, la Corte no se atreverá a meterse con nosotros. ¿Y si se atreve? Imagino que cruza los dedos para que eso suceda en el próximo gobierno.