12 febrero 2010

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Vencimiento de términos, un debate mal enfocado

Por Miguel Emilio La Rota*

OPINIÓNLas reacciones airadas a la liberación de los soldados por vencimiento de términos son peligrosas y opacan otros problemas más graves.

Vencimiento de términos, un debate mal enfocado. Miguel La Rota

Miguel La Rota

Tras la decisión de varios jueces de poner en libertad provisional a los soldados procesados por ejecutar a civiles y hacerlos pasar por guerrilleros, casi todos los medios y funcionarios públicos que reaccionaron a la noticia como si todo el proceso se hubiera caído, como si los acusados quedaran libres para siempre. Pero lo cierto es que los acusados siguen siendo procesados y, si son encontrados culpables, pasarán bastantes años en la cárcel. Por eso, la reacción de las autoridades y de los medios puede alimentar una falsa noción de impunidad.

Los soldados estaban detenidos preventivamente mientras concluye el juicio en su contra. La medida de la detención sin condena es excepcional y aplica cuando se considera necesaria para evitar que la persona bajo juicio se escape, obstruya el proceso en su contra (manipulando las pruebas o amedrentando a testigos por ejemplo) o perjudique a la sociedad o a las víctimas. Así se aplica el principio de que la gente es inocente hasta que una juez los condene.

Un juzgado ya había determinado que para este caso aplicaba al menos una de estas excepciones. Y por fallas graves en la administración de justicia, los soldados salieron en libertad provisional al vencerse los términos para estar detenidos. Habría que ver de qué manera el hecho de que los soldados estén confinados en instalaciones militares puede ayudarles a escapar, o a amenazar a las víctimas o a testigos. Pero concluir automáticamente que la libertad provisional significa impunidad es peligroso.

En Colombia, como en muchos países, tendemos a confundir la detención durante el juicio con el castigo penal tras la condena. La libertad provisional está cargada de un efecto simbólico, como si fuera equivalente a absolver al delincuente. Los políticos y los medios le hacen el juego a esta confusión y públicamente evalúan el éxito de la administración de justicia bajo la lupa de la eficacia a la hora de detener preventivamente y no al momento de encontrar y condenar a los responsables. Para la Fiscalía, detener es fácil en comparación de lo que es recaudar pruebas para averiguar la verdad, y a su turno, hacer que una juez condene a todos los responsables e imparta órdenes para reparar a las víctimas. Eso es lo que verdaderamente importa.

Una parte de la atención debe estar dirigida, no necesariamente al tema de la detención preventiva de los soldados, sino al de la calidad y cabalidad de los procesos penales en curso. Al parecer, en los procesos que se adelantan ha habido pocas imputaciones, acusaciones y condenas. Además, los vinculados son en su gran mayoría soldados y cabos (cerca de mil) y hay pocos oficiales de alto rango. Los coroneles vinculados a las investigaciones son menos de diez; no hay generales.

Como ya se sabe, este no es el resultado de la actuación de unas pocas manzanas podridas. El número de casos (más de 2.600), su extensión a lo largo del territorio (hay investigaciones respecto de miembros de múltiples brigadas) y la recurrencia a lo largo del tiempo, dan cuenta de que es mucho más grave que eso. Al parecer, tampoco hay pruebas de que sea el fruto de una política oficial del Estado. Justamente, para saber con certeza qué fue lo que pasó, es necesario que el aparato investigativo además de estudiar caso por caso, identifique las redes y a sancione a los autores intelectuales. No hay noticias de que este tipo de investigación se está adelantando.

La discusión acerca de las tácticas de dilación de los abogados de la defensa, de la demora en la comunicación de las decisiones del Consejo Superior de la Judicatura o de si un juzgado ha debido aplicar una excepción a los términos para la libertad provisional es valiosa para impedir que un acusado evada la sanción penal tras haber quedado libre. Pero por ahora, los airados ánimos de control del Fiscal, el Vicefiscal, el Presidente, el Consejo Superior y la ciudadanía podrían también enfocarse en los resultados, que son lo verdaderamente importante de los procesos penales por estos crímenes.




*Miguel Emilio La Rota es investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –DeJuSticia– (www.dejusticia.org)
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