Verdad y castigo: ¿ganar o perder?

La audiencia pública celebrada ante la Corte Constitucional para discutir la aprobación del Marco para la Paz permitió ver las complejidad que tiene el postconflicto colombiano a partir de las nociones de justicia transicional. 

Todos los participantes coincidieron en afirmar que su principal preocupación es la paz duradera, la garantía de los derechos fundamentales de las víctimas y el futuro de los colombianos. Sin embargo, como quedó claro, existen múltiples aproximaciones a la manera en la que deben ser afrontados los retos políticos, sociales, económicos y culturales en materia de paz. El objetivo máximo de este nuevo arreglo institucional sería la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición.

Gracias a la transmisión en vivo y en directo, con menos televidentes que el Tour de Francia o la telenovela del hombrecito de la peluca amarilla, se pudo ver a los magistrados de la Corte Constitucional, incluido Rojas con pose de intelectual, jugar con el “esmarfon” y prestar atención a personalidades invitadas a analizar la iniciativa gubernamental. A falta de Roy y para ponerle aire tropical se contó con los delirios de un líder y defensor de las víctimas que recordó que la escuela poética del doctor Londoño tiene prosa para unos lustros más. Lo más importante fue que nos recordó que nadie puede quedar impune; Rito Alejo debió quedar emberracado.

El encuentro en la Corte Constitucional ocurre un día después de la publicación del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica que presenta cifras de 5,7 millones de víctimas de desplazamiento forzado, 220.000 muertos, más de 25.000 desaparecidos y casi 30.000 secuestrados. 

El documento hace un riguroso estudio de los hechos violentos ocurridos en Colombia a lo largo de cinco décadas de conflicto, tipificando y analizando su impacto sobre la población civil con el propósito de mantener en la memoria colectiva las atrocidades cometidas en nombre de la paz o del desarrollo económico o de las tantas explicaciones de los violentos. 

Así pues, pone elementos de juicio que responsabilizan actores, muestran tendencias y ponen tiempo y espacio a los números que nos hemos acostumbrado a ver, olvidando historias locales y personales. De alguna forma nos da luces sobre las posibles demandas individuales y colectivas a las que se vería enfrentado el Estado, la multiplicidad de delitos y líneas de tiempo requeridas para tomar decisiones puntuales en materia de restitución de tierras, minorías étnicas y/o procesos migratorios, entre otros tantos.

Las víctimas del conflicto armado exigen la verdad sobre las violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario sufridas a lo largo de tantos años y sobre las cuales parte de la academia colombiana, agentes gubernamentales y sectores de la sociedad civil han venido buscando alternativas de tratamiento. La posición de la Comisión Colombiana de Juristas sobre la constitucionalidad del proyecto de ley, es que el Derecho Internacional establece que  el Estado no puede renunciar a investigar y juzgar a los autores de crímenes de lesa humanidad, de genocidio o de crímenes de guerra. 

Uno de los tantos dilemas en esta materia, estaría en definir qué se privilegia en la creación de una ruta legislativa para afrontar el postconflicto. Por un lado está el castigo de todos los crímenes cometidos en el transcurso de la guerra y por el otro el dejar pasar una porción importante de  violaciones de derechos humanos. Esta última opción está estrechamente vinculada con la idea de impunidad que han señalado algunos sectores de la sociedad colombiana. 

En ese marco hay que reconocer que existen múltiples dificultades para implementar un modelo judicial que castigue todos los crímenes, que repare a todas las víctimas y que garantice la no repetición de los hechos violentos ocurridos por grupos ilegales y miembros de la Fuerza Pública. Habría que resaltar uno de los conceptos resaltados por que proponen una salida negociada al conflicto dentro de las que se destaca la combinación de acciones penales, comisiones de la verdad, programas de reparación, justicia de género, reformas institucionales e iniciativas de conmemoración.

En suma, el marco para la paz es una de las tantas medidas que se requieren para lograr el deseado desarrollo sostenible. La deliberación pública sobre el Marco Jurídico para la Paz plantea el dilema entre el cumplimiento de la totalidad de las leyes en un sentido deontológico y las posibilidades reales de las políticas públicas. 

Para que el exista sostenibilidad habrá que investigar a fondo los hechos violentos, definir responsables, conocer el paradero de tantos desaparecidos y castigar a quienes lo merezcan, incluidos políticos y civiles. Por ahora seguimos enfocados en los guerrillos y se nos olvida que en la sombra también están las autodefensas, algunos personajes de las élites locales, regionales y nacionales. Y esto le da la razón a quienes no están de acuerdo con la propuesta gubernamental, porque posiblemente se cuelen pacificadores de otras épocas. 

¿Estará la sociedad colombiana lista para perdonar y sacrificar parte de sus deseos punnitivos? ¿Será posible llegar a un equilibrio entre el deber ser y lo que es posible? Las víctimas del conflicto han dado muestra de que es posible, han dado ejemplo de cómo a veces se puede privilegiar el futuro sobre el pasado, sin que esto signifique olvidar los vejámenes que han sufrido y mucho menos a sus muertos.

Por ahora, mientras el asunto de la constitucionalidad se define, debe tenerse en cuenta que Colombia es un país con muchas víctimas, debilidades administrativas, dificultades presupuestales, una sociedad civil en formación y políticos avispados

Twitter: @alecroix