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Opinión

  • | 2009/03/26 00:00

    Verdad, justicia y reparación desde Estados Unidos

    Hay que lograr que la justicia estadounidense vea los jefes paramilitares extraditados como criminales de guerra y no como simples mafiosos.

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Hay una tarea esencial para evitar que la verdad del paramilitarismo sea ocultada en las cárceles estadounidenses y los crímenes de lesa humanidad queden impunes: se trata de ligar el narcotráfico con la violación de los derechos humanos para que quienes vayan a inculpar y juzgar a los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en Estados Unidos consideren que no están frente a unos simples mafiosos, sino frente a unos criminales de guerra.

Los tiempos actuales distan mucho de los vividos en la década del 80, cuando estaban en la escena del terror Pablo Escobar Gaviria, Gilberto Rodríguez Gacha, los hermanos Rodríguez Orejuela y sus séquitos de sicarios. Ellos no recibieron trato político y se les persiguió con todas las herramientas legales e ilegales posibles; en cambio, los jefes paramilitares de las Auc sí recibieron tratamiento político y se adelantó una negociación que muchos llaman de paz. Ese solo aspecto impone que sean juzgados por delitos de lesa humanidad.

Considero de vital importancia solicitar la ayuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tal como lo hicieron un conjunto de organizaciones no gubernamentales colombianas en Washington en días pasados, para que en Colombia cese la extradición de paramilitares de las Auc que están en el proceso de Justicia y Paz. Sin embargo, hay que reconocer que buena parte de los que conocen a fondo el proyecto paramilitar y sus nexos con sectores sociales, políticos y económicos colombianos ya fueron extraditados. En el país quedan pocos.

Por lo tanto, la lucha de las organizaciones defensoras de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, debe trasladarse a ese país. Ese camino ya lo emprendió una madre de un joven desaparecido al amanecer del primero de diciembre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín. Con el apoyo de la Corporación Jurídica Libertad y la Clínica Legal de Derechos Humanos Internacionales de la Universidad de California, Berkeley, pretendió vincularse al proceso que la Corte del Distrito Sur de Nueva York le sigue a Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’.

Si bien bajo las leyes de Estados Unidos la mujer no logró ser reconocida como víctima ni alcanzó una restitución económica, su testimonio fue escuchado por fiscales y jueces, y se está convirtiendo en punto de referencia para que otras víctimas sigan el ejemplo. La idea es lograr aquello que muchos deseamos: que los jefes de las Auc extraditados sean vistos como violadores de los derechos humanos y sus sentencias contemplen esos delitos. No es pues una ruta para alcanzar conquistas individuales sino aspiraciones colectivas.

Para ello se requiere de constantes tareas de sensibilización de diversos sectores sociales y políticos estadounidenses, entre ellos fiscales y jueces, frente a las responsabilidades que en materia de delitos de lesa humanidad le son atribuibles, por acción directa o por mando, a estos criminales de las Auc recluidos en cárceles de Miami y Nueva York.

Un camino paralelo me mostró hace poco José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rigths Watch, en su oficina en Washington. Me dijo que es importante que la justicia estadounidense contemple la posibilidad de rebaja de penas a aquellos jefes paramilitares que desde allí comparezcan ante los fiscales de Justicia y Paz en Colombia y persistan en contar la verdad y reparar a las víctimas. “Es una alternativa que estimularía a quienes han sido extraditados”, agregó, pero también propuso que si no colaboraban, se les impusiera penas mayores a las que pudiera imputárseles por cargos de narcotráfico.

Todo ello se debe complementar con un trabajo que evite a toda costa que los jefes de las Auc, en su negociación con el gobierno de Estados Unidos, reciban la condición de ciudadanos de ese país e ingresen al programa de protección de testigos. Ese país no ratifico el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional; por lo tanto, sus ciudadanos no pueden ser juzgados por este tribunal internacional.

Si uno de estos paramilitares lograra negociar la ciudadanía a cambio de la entrega de rutas del narcotráfico, cómplices y bienes adquiridos con los dineros provenientes de ese negocio, no sólo se libraría de comparecer a ese tribunal internacional, sino que se callaría toda la verdad y las víctimas no serían reparadas de manera integral. Evitarlo, garantizaría su retorno al país para que todos sean juzgados por sus crímenes de guerra, así sea en 20 años. Es lo mínimo que esperan las víctimas.

La extradición de los jefes de las Auc convirtió a Estados Unidos en un escenario importante para librar allí la lucha por la verdad, justicia y reparación integral. Sin el apoyo de diversos sectores sociales y políticos de ese país a los propósitos de las víctimas en Colombia, no será posible que aquellos que ahora son vistos como simples mafiosos sean considerados criminales de guerra.

*Juan Diego Restrepo E es periodista y docente universitario
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