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Opinión

  • | 2015/02/25 16:30

    ¿Una paz armada?

    Sorprende que en Colombia hayan aparecido grupos de presión de militares, políticos e industriales, favorables a apostar por una 'paz armada'.

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Siempre que se ha firmado un acuerdo de paz con un grupo armado en cualquier lugar del planeta, y se ha puesto fin a años o décadas de enfrentamientos, llega el momento de replantear la política de defensa y seguridad. Esto, pues desaparece un adversario que ha justificado, para el Estado, disponer de unas Fuerzas Armadas abultadas en cuanto a efectivos, y con los sistemas de armas adecuados para hacer frente a ese adversario armado.

Este replanteamiento pasa siempre por lo que se llama una 'reforma del sistema de seguridad'. El sistema de Naciones Unidas, a través de varios departamentos y organismos -además del Banco Mundial- han intervenido satisfactoriamente en este tipo de reformas, que pasan por la reducción de los efectivos militares, una reducción progresiva de los gastos militares, la eliminación de determinadas unidades contrainsurgentes y separar a la policía de tareas militares, convirtiéndolas en lo que denomina 'policía de proximidad'. En cambio, en este etapa de 'posconflicto armado', con frecuencia se potencian los servicios de inteligencia para hacer frente a la criminalidad, y en países como Colombia, para ayudar a la policía a combatir el narcotráfico. Este es el esquema razonable y de sentido común.

Sorprende por tanto que en Colombia -y en las últimas semanas- hayan aparecido noticias realmente inquietantes, en el sentido de que se empiezan a mover los grupos de presión de militares, políticos e industriales, favorables a no seguir la dinámica anteriormente señalada, también denominada 'dividendo de la paz'. Estos grupos apuestan por una 'paz armada', basada en un discurso abstracto de defenderse de 'futuras amenazas imprevisibles', del narcotráfico y, sin decirlo claramente, del 'enemigo interior', de recuerdo tan nefasto en las décadas en que América Latina estaba controlada por golpistas militaristas, nada próximos a los estándares democráticos a que aspira consolidar la Latinoamérica actual.

Una de estas noticias es la de que la Fuerza Aérea tiene la intención de comprar un número no revelado de cazas de combate, con el F-16 estadounidense como una de las opciones, con la excusa de que servirían para combatir el narcotráfico. Cualquier persona con un mínimo de racionalidad puede adivinar que ese tipo de aviones, que pueden costar 97 millones de dólares la unidad, caracterizados por su 'superioridad aérea', no sirven para nada respecto a combatir el narcotráfico, ya que los narcotraficantes no trasladan sus mercancías con cazas ni con bombarderos, ni tampoco servirían hoy para combatir a la guerrilla. Comprar este tipo de aviones, y gastarse cientos o miles de millones de dólares, es un insulto al sentido común y al necesario compromiso de atender a los millones de víctimas del conflicto, contando a la población desplazada y refugiada, que no tendrán mayor seguridad en cuanto a una subsistencia digna, por mucho que los nuevos cazas patrullen el cielo colombiano. Es simplemente una estupidez que atenta a la obligación del Estado de atender a las víctimas y a poner su presupuesto a disposición de planes de desarrollo que permitan alcanzar niveles de justicia social aceptables.

El ministro de Defensa, que en demasiadas ocasiones contradice las opiniones del presidente en cuanto al proceso de paz de La Habana, ya ha manifestado que no se podrán reducir las Fuerzas Armadas hasta pasados cinco o diez años después de firmarse el acuerdo de paz con la insurgencia. Argumenta que los militares tendrán que dedicarse a la ingeniería, construcción de carreteras, protección de la diversidad y participar en misiones de paz a nivel internacional. Excepto lo último, todo lo demás son tareas que en todo el planeta realizan los civiles, sean peones de la construcción, ingenieros de puentes y caminos o especialistas en el medio ambiente. ¿Alguien puede creerse realmente que las Fuerzas Armadas colombianas van a convertirse en una ONG o algo similar? ¿No será que existe todavía un ambiente castrense, acompañado de sectores políticos militaristas, reacios a perder su nivel de influencia en futuros tiempos de paz?

Estos temas, como el de la 'dejación de las armas' por parte de las FARC, están ya en la Mesa de La Habana. Sería desastroso para el futuro de Colombia no invertir en desarrollo lo que se puede ahorrar en gastos militares una vez firmada la paz. No tendría sentido mantener el impresionante número de efectivos militares que hay en la actualidad, manteniendo la ficción de que este país estará permanente amenazado por fuerzas obscuras. Y todos estos comentarios valen también para Nicaragua, un país todavía empobrecido, pero con mandatarios que proyectan gastar enormes sumas de dinero para comprar aviones de caza, también con la excusa de combatir el narcotráfico y de que serán aviones 'defensivos'. Urge, por tanto, que en La Habana se trate seriamente el mencionado 'dividendo del desarme', pues de lo contrario Colombia se convertirá en un país militarizado, incompatible con una Colombia en paz.

* Director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona
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