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Opinión

  • | 2011/10/14 00:00

    Víctimas del silencio

    En materia de dignidad humana no debe existir asimetría, ni puede haber discriminaciones. Los miembros de la Fuerza Pública heridos o muertos en acción, deben ser considerados como víctimas al igual que sus familias.

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El Soldado profesional Lozano, un militar como tantos otros, ingresó en días pasados a un recinto que le era ajeno, un lugar distinto de aquellos que por algunos años, recorrió en medio de privaciones, riesgos permanentes y sueños interrumpidos como miembro de un Batallón de Combate Terrestre. Mientras trataba de acomodar sus muletas para caminar en medio de senadores, generales y asesores, recordó cómo las Farc cambiaron su vida y la de otros soldados en Puerto Rico, departamento del Caquetá. Una mañana de mayo de 2011, mientras cumplía con sus deberes, activó accidentalmente una mina antipersona sembrada a pocos metros de un caserío donde habitan varias familias. La explosión mutiló su pierna derecha, lo demás es una historia de dolor que se repite a diario en Colombia. Sin embargo, Lozano sabía que estar allí, en el Congreso, valía la pena, pues por primera vez un grupo de senadores miembros de la Comisión de Derechos Humanos se iba a referir a él como víctima, palabra que siempre le habían dicho estaba reservada para otros, por obra de esa amnesia selectiva que pareciera olvidar todo tipo crímenes y vejámenes cometidos contra miembros de la Fuerza Pública.

El pasado 11 de Octubre la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, en una sesión inusual, abrió el debate sobre la situación de derechos humanos de soldados y policías. Esta discusión se dio en medio de la inquietud que acompaña a los miembros de esas instituciones, pues además de actuar en un limbo jurídico que fácilmente convierte una operación en un acto criminal, enfrentan todo tipo de acciones violentas en las cuales los más afortunados es decir quiénes han sobrevivido, han perdido extremidades o sufrido quemaduras que desfiguraron su cuerpo o su rostro.

En Colombia no puede haber víctimas de primera o segunda categoría, ni puede convertirse tal condición en una cualidad excluyente a la cual solo accedan ciertas personas, colectivos u organizaciones. Un soldado o policía quien tras sufrir una emboscada queda herido por causa de disparos o explosiones, pero que luego de sobrevivir al ataque, en completo estado de indefensión es rociado con gasolina o rematado con tiro de gracia, no puede recibir un tratamiento distinto al de víctima y sus allegados al de víctimas indirectas. Un nefasto ejemplo de una acción de este tipo se presentó en cercanías al municipio del Doncello, en septiembre de 2010, donde fueron emboscados los miembros del Escuadrón Móvil de Carabineros número 42, quienes tras soportar la detonación de no menos de 30 cargas explosivas y un incesante ametrallamiento, fueron incinerados por integrantes del Frente XV de las Farc en asocio con la Columna móvil “Teófilo Forero”. Esta atrocidad es solo una muestra de la sevicia con que actúan estos grupos terroristas y en los que no hay ningún asomo de humanidad, pues aun en la guerra hay reglas, por perversa que sea ella.

Como advirtió el Viceministro de Defensa Rafael Guarín en su intervención ante el Senado: “Es hora de visibilizar a militares y policías como víctimas, reconociéndolos como tales cuando se haga ejercicio de la memoria histórica”. Una frase que hace justicia con quienes van a la guerra, soldados y policías de quienes se clama ayuda en horas de angustia y zozobra, pero que al final de las batallas, se van dejando solos por algunos sectores de la sociedad, la clase política y la opinión que quisieran someterlos, todo el tiempo, al escarnio público.

Pero peor que las acciones en sí mismas, o el desconocimiento como víctimas, existe una inexplicable visión que tiende a ser comprensiva y califica como “altruistas” los injustificados métodos empleados por los grupos ilegales, una incomprensible actitud de algunos sectores que en otras circunstancias clamarían justicia y exigirían duras condenas. ¿Dónde queda la indignación y la solidaridad con las familias de los servidores públicos muertos o heridos en combate? ¿Deben ser sus allegados ignorados y tratados como parias a quienes se excluye de todo acto de justicia?

En una reciente investigación desarrollada por la Defensoría Militar, bajo el título “Siempre Colombia”, dada a conocer en el marco del VI encuentro de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, realizado en Bogotá, se expone cómo los derechos a la verdad, la justicia y a la no repetición, que son garantías de carácter internacional, deben pasar de ser formales a ser reales, lo cual significa que los miembros de la Fuerza Pública y sus familias, tienen pleno derecho a conocer los autores de los hechos en los que fueron heridos o muertos, a participar en los juicios contra los mismos y lo más importante a que exista, de manera efectiva, un sistema judicial que impida la impunidad de los graves crímenes que, durante años, han enlutado a la Fuerza Pública.

El mismo informe presenta los resultados de una muestra de 89 casos producidos en el primer cuatrimestre de 2003, donde murieron 138 integrantes del Ejército Nacional, quienes fueron víctimas de infracciones al DIH y violaciones a los DD.HH. El balance del estado de los procesos penales es desalentador: se produjeron 60 inhibitorios, otros más fueron archivados o sencillamente se desconoce la situación procesal actual. ¿Qué puede responder la justicia a esas familias? Parece ser que al dolor por la desaparición de sus seres queridos, deben agregar la ausencia de todos aquellos derechos que claman verdad y justicia.

Así las cosas, hombres como El Soldado profesional Lozano, jamás sabrán quién o quiénes fueron los responsables por el daño ocasionado a su cuerpo, una huella del absurdo que le acompañará por el resto de sus días. Sin embargo, en medio de la tragedia, sigue su vida adelante con el apoyo de las Fuerzas Militares y la Corporación Matamoros, estudiando y forjando nuevos sueños, con algo de satisfacción por haber escuchado de boca de los honorables, que él también es víctima, un reconocimiento tardío pero justo, que probablemente alivie en algo el dolor de su condición.


*Miembro de la Academia Colombiana de Historia Militar
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