Violencia sin sentido

El pasado 8 de octubre se conmemoraron 40 años de la muerte del Che Guevara. Esa misma semana también se cumplieron 20 años de la muerte del líder de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal. Como consecuencia de la conmemoración del asesinato de estos dos personajes hubo manifestaciones estudiantiles en la Universidad Nacional. El saldo de la protesta incluyó, además del cierre y los daños a la infraestructura de la institución, cerca de una decena de heridos, entre los cuales se encontraban policías y estudiantes.

Hace dos semanas –el primero de noviembre– un episodio similar se produjo en la Universidad Industrial de Santander. Durante la protesta estudiantil Jaime Alberto Acevedo, estudiante de matemáticas de 20 años, resultó herido por una esquirla que provenía de un artefacto explosivo, popularmente conocido como papa explosiva. Después de un día y medio de vía crucis por varios hospitales de la ciudad de Bucaramanga, donde se negaron a atenderlo debido a que presuntamente se trataba de un estudiante encapuchado, Jaime Alberto murió el 3 de noviembre en el Hospital Universitario de Santander, como resultado de una infección generalizada. No obstante, las versiones sobre los hechos que condujeron a la muerte del joven estudiante son contradictorias, como es de esperarse, si se tiene en cuenta que la herida fue causada por un artefacto explosivo que suele ser fabricado y utilizado por los mismos estudiantes.

Mientras algunos estudiantes de la UIS señalan al Hospital Universitario como el responsable de que una herida que no era mortal se convirtiera en una infección fatal, otros señalan a los mismos estudiantes que tomaron parte en la protesta de ese día como los responsables de la muerte de su compañero. Por un lado, a través de Internet, un estudiante de la UIS exigió a quienes habían tomado parte en la protesta, “tener los pantalones para aceptar su culpa”; y, por el otro, a través de un comunicado del departamento de filosofía de la misma universidad, algunos profesores reconocieron que “en el insuceso existen dos responsabilidades”.

Ante hechos como los ocurridos en días pasados en Bogotá y Bucaramanga, resulta pertinente preguntarse si cualquier motivo justifica que las movilizaciones estudiantiles al interior de las universidades se conviertan en batallas campales. Después de desenlaces tan desafortunados como el del caso de Jaime Alberto Acevedo, es importante reflexionar acerca del papel protagónico que juegan hoy en día el vandalismo y la violencia en las movilizaciones estudiantiles, así como también sobre las consecuencias que esto genera para la movilización pacífica de otros grupos.

Como miembros de una sociedad pluralista y democrática, los estudiantes –en tanto ciudadanos– tienen el derecho a manifestarse pública y colectivamente, siempre y cuando con ello no pongan en riesgo la convivencia pacífica ni la propia vida y la de otros. No obstante, con excesiva frecuencia, sus manifestaciones se convierten en escenarios donde la violencia termina por sofocar el ánimo de hacerse oír públicamente. En algunos casos, puede justificarse la respuesta violenta de los manifestantes, particularmente frente al uso desmedido y arbitrario de la fuerza por parte de la policía. Sin embargo, cuando la violencia ya no es una reacción frente a la agresión de la policía, sino se convierte en el modus operandi de algunos sectores del movimiento estudiantil para protestar, entonces las consecuencias sobre la movilización pacífica de otros grupos comienzan a ser evidentes. En efecto, en la medida en que las movilizaciones estudiantiles se han convertido en episodios de violencia y vandalismo altamente visibilizados por los medios, se estigmatizan cada vez más los intentos de movilización pacífica de otros grupos, y al mismo tiempo se legitima una respuesta violenta del Estado frente a cualquier tipo de manifestación ciudadana.

Un ejemplo que ilustra este fenómeno es el caso de la movilización de mujeres hacia Rumichaca. La Ruta Pacífica de las Mujeres y la Organización Femenina Popular son las dos organizaciones que propiciaron la movilización de alrededor de 2000 mujeres que se han dado cita el 23 de noviembre en el puente de Rumichaca, en la frontera con Ecuador, para alzar sus voces a favor de los cerca de 250.000 ciudadanos colombianos que se encuentran en condición de desplazados en el país vecino. Paradójicamente, una de sus principales preocupaciones es la posibilidad de ser enfrentadas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía –Esmad– con gases, balas de goma y todo un arsenal de artefactos utilizados por la Fuerza Pública para neutralizar la violencia durante las manifestaciones. El temor de estas organizaciones es poner en riesgo la integridad de quienes van a unirse a la protesta y, por lo tanto, se han visto obligadas a adoptar medidas que van desde la compra de un teléfono satelital para casos de emergencia, hasta el diseño de un protocolo de seguridad que incluye instrucciones sobre como proceder en caso de ser “gaseadas” o detenidas.

Si bien las protestas estudiantiles no son la única causa del hecho que las manifestaciones pacíficas sean objeto de reacciones desproporcionadas por parte del Estado, la violencia estudiantil sí es un factor que incide en la forma como se asocia otro tipo de movilización con el mismo resultado. En esa medida, el movimiento estudiantil también es en parte responsable de la estigmatización y el rechazo de la cual son víctimas otros movimientos sociales cuando intentan movilizarse de forma pacífica.

Mientras las manifestaciones estudiantiles sigan distorsionando un derecho ciudadano que precisamente existe para que no sea necesario recurrir a la violencia, no será posible deslegitimar la reacción desproporcionada de la fuerza pública. Y esto es así en la medida en que la violencia no es intrínseca a la protesta ciudadana, y por lo tanto, es legítimo que el Estado utilice una dosis proporcional de fuerza para neutralizarla. En el caso de Jaime Alberto Acevedo resulta muy difícil responsabilizar exclusivamente al Hospital Universitario o al Esmad, pues si bien es un sin sentido el hecho de que un estudiante muera porque los hospitales se niegan a atender a un manifestante, es un sin sentido igual –si no mayor– que un estudiante haya muerto por culpa de un artefacto explosivo posiblemente preparado y lanzado por sus propios compañeros.

*Asesora jurídica del Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes.

El Grupo de Derecho de Interés Público de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes (G-DIP), es un espacio académico que persigue tres objetivos fundamentales: primero, tender puentes entre la universidad y la sociedad; segundo, aportar a la renovación de la educación jurídica en nuestro país; y tercero, contribuir, a través del uso del derecho, a la solución de problemas estructurales de la sociedad, particularmente aquellos que afectan a los grupos más vulnerables de nuestra comunidad. Ver http://gdip.uniandes.edu.co/