Sábado, 3 de diciembre de 2016

| 2015/09/24 18:20

Una red para pescar datos

El Estado colombiano se está armando hasta los dientes para hacer vigilancia masiva de nuestras comunicaciones.

Vivian Newman. Foto: Archivo Particular

Un juicioso estudio de la ong británica Privacy International ha vuelto a encender la alarma sobre las chuzadas y la vigilancia en Colombia. El Estado colombiano se está armando hasta los dientes para hacer vigilancia masiva de nuestras comunicaciones. Todo indica que la estrategia estirar una red tecnológica para pescar información sobre toda una sociedad y luego escoger lo que le sirva al poder de turno.

Me explico: En Colombia, para proteger la privacidad, no se puede interceptar comunicaciones legalmente sin autorización de un juez. Además, la interceptación debe ser individualizada. Es decir, sólo se puede chuzar cuando se le explica al juez que es para buscar información sobre una persona o grupo y con fines de investigar un crimen específico.

Sin embargo, desde hace ya varios años, han ido apareciendo pedacitos de información sobre nuevas tecnologías más invasivas que la interceptación de comunicaciones que terminan no cumpliendo los anteriores requisitos. La Policía las compra y juega a dos bandas: dice que son para investigación criminal (para que no nos preocupemos con su poder real pues en teoría estaría sometido a un juez), pero las usan para inteligencia generalizada, lo que termina escapando al control del juez y al escrutinio público. Aquí van algunos detalles.

Primero nos dijeron que la Policía estaba comprando una plataforma de monitoreo de comunicaciones –PUMA– para ampliar la plataforma Esperanza, con la cual la Fiscalía intercepta llamadas individualizadas para investigar crímenes. Y resulta que no es del todo cierto. PUMA y Super-PUMA sonun sistema de monitoreo telefónico y de internet que no podría ser autorizado por un juez precisamente porque no es individualizado sino masivo. Funciona con una sonda que puede chupar todos los datos de comunicación telefónica y llevarlos directamente a la Policía, sin que medie un juez ni un crimen previo. ¿Será que más bien PUMA es para inteligencia y no tendrá buenos controles?

Hace pocas semanas, supimos que la Policía compró equipos invasivos a Robotec, un intermediario de Hacking Team que vende sistemas para hackear. En respuesta a un derecho de petición sobre el tema, la Policía informó que la inversión de 1.500 millones de esa compra era para un sistema reservado que fortalecería la capacidad de investigación criminal. Pero el contrato de compraventa que está en internet la contradice, pues en él se explica que lareserva obedece a razones de inteligencia y no de investigación penal. Así, salta a la vista no sólo la contradicción sino las intenciones de evitar el control público.

El último capítulo de esta historia resulta de una denuncia de Privacy International con dos informes sobre tecnologías de vigilancia publicados este mes. En esta ocasión menciono sólo el segundo informe, que se llama "Un Estado en la Sombra: vigilancia y orden público en Colombia". Sostienen aquí que el Estado está “creando sus propios sistemas de vigilancia en la sombra, sin escrutinio suficiente ni base legal”. En efecto, los investigadores detallan además de PUMA y Súper-PUMA, que la dirección de la Policía encargada de la inteligencia estableció desde el 2005 su propio sistema de vigilancia masiva: el Sistema Integral de Grabación Digital (SIGD). Tiene capacidad para recopilar indiscriminadamente 100 millones de registros de datos de llamadas e interceptar 20 millones de SMS diarios que por supuesto no tienen autorización judicial. Concluye Privacy que existen en Colombia variadas tecnologías para hacer vigilancia masiva sin que existan claridad ni controles sobre ellas.

Esto equivale a decir que la Policía puede echar una red al mar informativo y recoger todos los datos de un período, analizarlos y combinarlos con otras conversaciones, imágenes y contactos, y armar los perfiles de las personas que serán la pesca del día. Con esta información, el Estado podrá disuadir a la ciudadanía de ejercer su libertad de expresión, de protestar o incluso de tener vida privada. No es sino que el mandatario de turno esté emproblemado para que suelten al ruedo público la pesca: el perfil de un periodista que molesta, de un opositor político o de cualquier ciudadano. No importa que no deban nada, pues bastará un comportamiento sospechoso o íntimo, como podría ser la práctica de un aborto.

Privacy International, en las cercanías del 28 de septiembre, día internacional del saber, nos dice que sabemos poco. Que nuestro Estado de derecho alega que protege los derechos humanos pero tiene toda la capacidad de violarlos, lo ha hecho y seguirá haciéndolo mientras no demos un gran debate sobre la legitimidad de todos estos sistemas intrusivos y de vigilancia masiva.

*Subdirectora Dejusticia (www.dejusticia.org)

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