Vuelve y juega

Ni el país, ni el sistema judicial aprenden. El alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, empezó a repetir con éxito la brillante estrategia de impunidad que hace dos años lo mantuvo en el poder mientras estaba en la cárcel y después lo sacó de ella, sin problemas.

En esa época, Suárez manejó la nómina y la contratación de la ciudad, desde la 'casa cárcel del chofer' de Cúcuta. Cada día recibía decenas de visitantes que esperaban su favor en largas colas al frente del centro. Un centro diseñado para albergar personas involucradas en accidentes de tránsito y no sindicados de homicidios con premeditación, ejecutados en asocio con grupos paramilitares.

Con su red de contactos activa. Con su poder político intacto. Con el presupuesto de Cúcuta en sus manos. Y compartiendo abogado defensor con el entonces fiscal general, Luis Camilo Osorio, muy pronto el proceso contra Ramiro Suárez tomó un rumbo desconcertante.

Los testigos que señalaban al hombre fuerte de Cúcuta como el determinador del asesinato de Alfredo Enrique Flórez se retractaron (ahora se sabe que lo hicieron por amenazas). Suárez se declaró víctima de una persecución política. El concepto de un delegado de la Procuraduría llamado Andrés Nanclares -cuya motivación jamás ha quedado suficientemente clara- fue la cuota inicial para que el alcalde de Cúcuta saliera en libertad y volviera a su despacho.

Ahora, cuando la Fiscalía investiga su posible participación en al menos dos asesinatos y otros delitos, Suárez ha buscado a toda costa demorar las decisiones, impedir la captura, crear sospechas sobre los funcionarios que lo investigan y volver a manejar la ciudad y las elecciones de octubre, desde una reclusión risible y controlada por él.

Su estrategia arrancó con la apertura misma del proceso, pero se hizo evidente en el momento de la detención. Mientras los concejales de su grupo armaban un motín para evitar que los funcionarios judiciales ejecutaran la orden de captura, Suárez amenazaba al jefe de la misión judicial con decir que no había ido a detenerlo, sino a pedirle varios millones de pesos para dejarlo ir. El audaz alcalde no sabe aún que lo grabaron mientras profería estas amenazas.

Sólo accedió a salir de su despacho en condición de enfermo, no de detenido.

Unos días después, cuando lo trasladaron a la cárcel de Bucaramanga, se hizo entrevistar para descalificar e intimidar al fiscal que maneja su caso.

Nuevamente se declaró perseguido y -en una jugada a tres bandas- le recordó al Fiscal General que hace unos meses le dio un contrato por 10.498 millones de pesos a un consorcio, representado por su hermano mayor, Ángel Alfredo Iguarán Arana.

Sobre el fiscal del caso, Generoso Hutchison, Suárez aseguró: "Le veo la intención de involucrar al señor fiscal Mario Iguarán. Cuando terminó mi indagatoria, me pidió que declarara sobre el contrato que se ganó el hermano del Fiscal porque tenía mucho interés en saber cómo había sido el proceso. Yo le dije que no y entonces me respondió: 'No le defino situación jurídica. Piénselo'".

¿De dónde saca Suárez Corzo, que el fiscal que lo procesa, necesita algún permiso especial -o preguntar en secreto- sobre un contrato público que involucra al hermano del Fiscal General?

Preguntar sobre ese, o cualquier otro tema, es un derecho que le otorga la ley, en ejercicio de su autonomía. Además de un deber.

En el momento de escribir esta columna se conoció una nueva jugada de Ramiro Suárez. Un juez de Cúcuta le ordenó al Inpec llevar de vuelta a la ciudad al detenido alcalde, porque no puede estar lejos de su esposa y de sus hijas.

¿Por qué otros detenidos menos influyentes sí pueden permanecer en ciudades diferentes a las de sus familias?.

Si el gobierno y la justicia no se toman en serio este caso, ya sabemos cuál será el final.