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El fiscal legitimó un asesinato que, según la revista ‘Cambio’, podría haber sido sugerido a ‘rojas’ por parte de algunos militares.

Daniel Coronell
15 de marzo de 2008

Mientras crece la ineficiencia de la Fiscalía, el fiscal Iguarán celebra el aumento de popularidad de la entidad. El nuevo sistema penal acusatorio está desbordando la capacidad de la institución, los expedientes ganan polvo en los anaqueles y la impunidad se vuelve norma en Colombia. Sin embargo, el Fiscal no parece muy preocupado por esta situación que tiene al borde del colapso al sistema judicial.

Su prioridad es servirle al gobierno que lo puso en el cargo, olvidando que por mandato constitucional debe ejercer sus funciones con independencia.

Esta semana, por ejemplo, y sin que existiera ningún requerimiento que lo ameritara, viajó a Pereira para conocer a 'Rojas', el asesino de 'Iván Ríos' y de otra guerrillera conocida como 'Andrea'. No le correspondía al Fiscal General de la Nación abocar el caso. Era un asunto que se debía asignar por reparto a un fiscal de la zona.

Debía ser ese funcionario -y no el Fiscal General- quien determinara si existía mérito para acusar por homicidio a una persona que mató a otros dos mientras dormían. También ese fiscal de la región era el llamado a establecer, con autonomía, si hubo premeditación en este asesinato o si, por el contrario, 'Rojas' lo hizo para evitar su propia muerte.

El respeto a la ley -que incluye el acatamiento de los procedimientos establecidos- garantiza que la justicia se aplique sin importar las conveniencias políticas.

Las normas se deben cumplir por encima de lo que digan las encuestas del día. Nadie les ha dado a los estudios de opinión la facultad de modificar la Constitución, por ejemplo, para aprobar la pena de muerte aun para los peores asesinos. Y menos aun, para privatizar esa pena capital, confia su ejecución a particulares. Nada de esto fue suficiente. El doctor Iguarán olvidó nuevamente al brillante jurista que es, para actuar como validador de las tesis del gobierno.

Al terminar su reunión con el asesino, quiso darle carácter de diligencia judicial a la visita. Así, decidiendo en caliente, y ante las cámaras, conceptuó: "En principio, la Fiscalía no haría imputación por homicidio al señor alias 'Rojas'…Vamos a valorar no sólo la versión de alias 'Rojas', también las circunstancias en que ocurrieron los hechos, circunstancias tales como que hacía parte de una organización armada donde la vida no vale nada, ni siquiera para los miembros de la misma organización".

Es decir el Fiscal General de la Nación encontraba que el desprecio de las Farc por la vida humana no se debía considerar un agravante, sino más bien un atenuante frente al homicidio cometido por uno de sus miembros.

La declaración le abrió el paso al pago de la recompensa, pero fue criticada por varios juristas que la calificaron como un exabrupto. Tal vez por eso, al día siguiente, el fiscal Iguarán concedió varias entrevistas de radio para intentar dar reversa. Fiel a su costumbre de quedar bien con todo el mundo.

Aclaró que la decisión de pagar la recompensa nada tenía que ver con su despacho, sino que correspondía enteramente al gobierno. Agregó que el Estado no puede promover muertes, y al mismo tiempo insistió en las presuntas causales de exoneración penal a favor de 'Rojas'.

Una curiosa danza para prender velas aquí y allá, que fue hábilmente aprovechada por el gobierno al anunciar que 'Rojas' recibiría la recompensa no por matar a 'Iván Ríos', sino por entregar su computador y decir dónde estaba el cadáver.

El Fiscal legitimó con su declaración un asesinato que, según información de la revista Cambio, podría haber sido sugerido a 'Rojas', con anticipación, por parte de algunos militares.

Al terminar una de sus entrevistas radiales, el Fiscal General recibió el elogio de un periodista, siempre amable con los poderosos: "Hace tiempo el país no tenía un Fiscal de su talla".

La verdad es que el doctor Iguarán está resultando de una talla muy parecida a la de su antecesor.

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