Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2005/03/13 00:00

¿Y del censo qué?

Danilo Rojas, investigador de DJS, alerta sobre los peligros de que el censo coincida con el calendario electoral.

Luego de 10 años de haberse iniciado la planificación del censo poblacional en Colombia, el Consejo Nacional de Política Económica y Social -Conpes- aprobó su realización en marzo de 2004, con un presupuesto global de 204.000 millones de pesos. Se hicieron en su oportunidad varios preparativos, como un censo experimental en Soacha, Yopal, San Andrés y Providencia, y el fortalecimiento técnico del censo, lo que incluyó la definición de los conceptos básicos, el diseño de un formulario único con 50 preguntas cerradas y semicerradas que cubrían 75 variables, entre otros aspectos de importancia. Como se recordará, un paso en falso del entonces director del Dane César Caballero con el presidente Uribe y sus cifras irrebatibles, y el país vio súbitamente cancelado el tema del censo.

La importancia del censo poblacional radica en que con base en la información que arroja se toman decisiones en varios ámbitos: orientación de los planes y políticas de desarrollo, asignaciones presupuestales en materia de gasto social, representación política en Senado, cámaras, asambleas y concejos, y orientación de la oferta por el sector privado, entre otros.

El proyecto tuvo no solo el apoyo presupuestal del gobierno, sino también el de expertos en áreas de interés para la identificación de variables -planeación, salud, educación, por ejemplo-, así como la asistencia especializada en el diseño técnico de expertos internacionales del Fondo de Población de Naciones Unidas, el BID, el Banco Mundial y el Census Bureau of Statistics de Estados Unidos. En fin, el censo poblacional programado desde hace 10 años tenía los ribetes de ser un instrumento confiable técnicamente para actualizar los datos poblaciones con los que hoy se trabaja.

Colombia no tiene una tradición censal, como lo demuestran solo seis censos poblacionales y de vivienda en toda su historia. Hoy cuenta con un censo viejo y desfigurado, y las decisiones en materia social y económica que afectan especialmente las regiones se toman con base en proyecciones que realiza el Dane, probadamente falsas, como toda proyección que se respete. Baste decir que el censo vigente es de hace 15 años y que, por vía de ejemplo, el censo experimental reciente se encargó de volver trizas las proyecciones poblacionales hechas en los municipios escogidos al efecto. Con base en el censo de 1993, la proyección oficial de la población arrojó datos bien distintos a los resultados que mostraron los censos experimentales de San Andrés y Providencia -realizado en 1999-, Yopal -realizado en 2001- y Soacha -realizado en el 2003-, conforme se indica en la siguiente comparación:



Si a esto se suma el desbordamiento poblacional en ciertas regiones por cuenta de las migraciones de la ultima década, atribuidas especialmente al desplazamiento forzado -dato que es de suponer no se incluye en la proyección-, tenemos que admitir que el mapa social, político y económico que hoy tenemos y con base en cual se proyectan las políticas públicas es asaz precario. No se necesita mucha imaginación para entender que los palos de ciego repartidos por los gobiernos que cubren estos dos lustros encuentran buena parte de su explicación -que no justificación- en una falta de caracterización espacial, económica y social de la población, como que se han tomado decisiones que comportan la 'medianadita' de 16 billones de pesos para ser distribuidos través del sistema general de participaciones, que toma como base los datos de pobreza y población proyectada a partir del desueto censo de 1993.

Todo esto no hubiera sido posible conocerse, por lo menos de mi parte, de no ser porque César Caballero se animó a escribirlo en un texto recientemente publicado por Editorial Oveja Negra -diciembre de 2004- y que lleva el sugestivo nombre de Cambio y exclusión, de donde he tomado los datos antes señalados.

La salida de César Caballero de la dirección del Dane puso al descubierto parte del modus operandi oficial en materia de cifras. Pero quizá dejó entre el tintero un tema mucho más delicado e importante para la futurología política que tiene proyectada este gobierno. Ahora que se avecina un año electoral, de gran interés para las huestes uribistas, valen interpretaciones perversas relativas a la forma como se tiene proyectado el nuevo censo y, especialmente, relacionadas con el momento en que políticamente conviene hacerlo.

El país tiene derecho a conocer por que se abortó el proceso que se venía gestando desde hace 10 años para la puesta en práctica del censo; cuál es la nueva propuesta sobre su realización, cuáles son sus ventajas comparativas frente a los anteriores censos, las pruebas piloto de éste, las validaciones técnicas nacionales e internacionales, etc. Pero, especialmente, debe darse a conocer con suficiente antelación el período de realización que se tiene proyectado, no sea que se quiera hacer coincidir con los calendarios electorales para tornar así el debate de técnico a político, con las fatídicas consecuencias que tiene el hecho de manejar políticamente cifras.

* Miembro fundador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -DJS-, profesor de la Universidad Nacional de Colombia

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