¿Y DESPUES, QUE?

LAS PROXIMAS VAN A SER UNAS DE LAS semanas más tensas de los últimos tiempos, lo que ya es decir bastante. Dentro de pocos días, la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones van a destapar sus cartas y a tomar decisiones sobre quiénes son los culpables de los vínculos que hay en Colombia entre el narcotráfico y la política. Toda una responsabilidad.
Al pobre Heine Mogollón le han desprestigiado tanto su decisión, que lo han puesto casi en la obligación de condenar al Presidente para salvar su dignidad. Lo cual, puesta la mano en el corazón, es una arbitrariedad salvaje.
El Fiscal, en cambio, con sus bríos renovados por la ratificación del Consejo de Estado, goza de una credibilidad inmensa y se ha convertido en el único juez confiable en el tema de la narcopolítica. Valdivieso le está dando las últimas puntadas a su investigación, la cual estará cerrada en el momento en el que el ya casi mítico Guillermo Pallomari acabe de esculcar en todos los rincones de su memoria.
Pero no es muy grave que la gente confíe en la Fiscalía y no en la Comisión de Acusaciones. Y no lo es porque al final de cuentas los documentos que lleven a ambas instancias a tomar sus respectivas decisiones van a acabar siendo de dominio público. No sé si mediante la violación de la reserva del sumario, como ha ocurrido hasta ahora, o si exista una norma que permita su divulgación. El hecho es que más pronto que tarde se sabrá con base en qué elementos se tomó una u otra decisión.
Es más. La propia Fiscalía ha sido la principal fuente de información de la comisión, de modo que los datos tienen que ser, en lo básico, los mismos. Y las conclusiones, por lo tanto, similares. El país va a poder juzgar, sin mayores dificultades, si las decisiones de Heine y de Valdivieso fueron acertadas o no. Por todo esto creo que la publicación de esas conclusiones va a producir el efecto de aliviarle la presión al medio ambiente. Con el inmenso riesgo que tienen las predicciones del futuro, creo que las dos investigaciones van a concluir en que hubo dinero del narcotráfico en la campaña liberal y que no existe una responsabilidad penal por parte del presidente Samper.
Es probable que la de la Fiscalía le agregue a lo anterior todo lo que tiene que ver con los vínculos de reconocidos políticos con el narcotráfico, no ya circunscritos a la campaña pasada sino a sus relaciones como testaferros, socios o cómplices de los narcos. Y este puede convertirse en el resultado de mostrar por parte de la Fiscalía.
Pero el que el Presidente resulte inocente de los delitos que se le imputan no significa que no tenga que responder en el campo político por la entrada de los dineros de los narcos en su campaña. Y ese va a ser el gran debate de comienzos del año entrante.
De la magnitud de la contribución de los narcos depende en buena medida el tamaño del debate. La comparación de las sumas de plata clara y de plata oscura que recibió el liberalismo determinará la intensidad del problema, no sólo para el Presidente sino para el Partido Liberal en general.
Y lo lógico sería que a este debate se le sumara el de la mirada retrosrrectiva a la forma en que el conservatismo ha llenado sus arcas en épocas electorales. Salvo que nos crean tan ingenuos como para que pensemos que ese tipo de corrupción es de uso privativo del partido de gobierno.
Aunque hoy parezca imposible de creer, llegará un día en que en Colombia se hablará de otra cosa distinta al proceso 8.000 (que dicho sea entre paréntesis, ha contado con las dosis de hipocresía y fariseísmo típicas de los debates públicos en Colombia). Y es posible que ese día el gobierno deje de defenderse y empiece, por fin, a gobernar.