Lunes, 23 de enero de 2017

| 2007/09/01 00:00

¿Y dónde está el Defensor del Pueblo?

Daniel Bonilla asegura que desde que Volmar Pérez llegó a este cargo la Defensoría del Pueblo se convirtió en un actor marginal en el debate público nacional

¿Y dónde está el Defensor del Pueblo?

La Defensoría del Pueblo ha desaparecido de la esfera pública colombiana. Desde que en 2004 Volmar Pérez fue elegido como defensor del pueblo por la Cámara de Representantes de una terna enviada por el presidente Álvaro Uribe, esta institución se ha convertido en un actor marginal en el debate público nacional. Las políticas estatales para la promoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos, que por mandato constitucional deben ser articuladas principalmente por la Defensoría del Pueblo, han perdido claridad, fuerza y visibilidad. El Defensor del Pueblo no ha tenido la suficiente independencia y capacidad de liderazgo necesarias para posicionar el tema de los derechos humanos en el centro de nuestra comunidad política, ni para cuestionar y detener las acciones u omisiones del Estado o de particulares que los amenazan o violan.
 
El hecho de que Pérez fuera elegido para compensar el apoyo que el Partido Conservador le ha dado al gobierno, tenga bajos niveles de reconocimiento y prestigio entre la ciudadanía y las autoridades públicas, haya decidido no examinar o criticar las políticas y acciones de la administración, y no haya presentado propuestas serias y novedosas para comprender o solucionar los problemas centrales de nuestra comunidad política, son factores que han desdibujado a la Defensoría del Pueblo.

La Defensoría fue una institución creada por la Constitución de 1991 para impulsar y proteger los derechos humanos. Sin embargo, para cumplir con este objetivo, ésta depende fundamentalmente de la autonomía y capacidad de su director para jalonar procesos políticos y jurídicos. Por tanto, la materialización de algunos de los más importantes fines de la entidad estatal es una función de quién es la persona escogida para guiarla. Esta situación se explica fundamentalmente por dos razones.
 
Por un lado, la Defensoría no tiene potestades disciplinarias o judiciales, esto es, no tiene la capacidad de sancionar a los violadores de derechos humanos. Por el otro, la Carta Política le otorgó a esta institución cuatro herramientas relativamente débiles para cumplir con sus exigentes y ambiciosas obligaciones: la facultad de emitir opiniones, informes y recomendaciones sobre la situación de los derechos humanos en el país; la posibilidad de presentar directamente proyectos de ley ante el Congreso; el manejo de la defensoría pública –sección de la Defensoría que se encarga de garantizar el derecho de defensa de las personas que no tienen dinero para pagar un abogado; y la potestad de interponer acciones y recursos para la defensa de los derechos ciudadanos– la tutela, las acciones populares y el habeas corpus. La eficacia de las dos primeras depende principalmente del Defensor del Pueblo; la de las dos últimas depende en parte de la gestión del Defensor, y en parte de otros agentes o variables, como la lentitud de la administración de justicia, la indiferencia del ejecutivo o legislativo frente a las tareas que desarrolla la defensoría pública, o la ineficiencia o corrupción de algunos defensores públicos.

La primera herramienta, emitir opiniones, informes y recomendaciones, es relativamente débil, en tanto que no es vinculante para los funcionarios públicos o los ciudadanos. Estos documentos sólo pueden llamar la atención sobre la situación de derechos humanos en Colombia en un periodo de tiempo determinado. Su impacto, es decir, la posibilidad de que efectivamente transformen las mentes y las acciones de las personas depende, en gran parte, de la fuerza y visibilidad que el Defensor les pueda imprimir en la órbita pública. La segunda, presentar proyectos de ley ante el congreso, es un instrumento que, comparado con la gravedad y el carácter cotidiano de las violaciones de derechos humanos en Colombia, resulta una herramienta menos poderosa de lo que parece a primera vista. La aprobación y aplicación de un proyecto de ley depende, finalmente, de terceros –el legislativo y el ejecutivo–, sus resultados sólo se ven a largo plazo –redactar y aprobar un proyecto de ley toma generalmente años–, y su promulgación y legitimidad depende en última instancia de la capacidad de liderazgo político que tenga el Defensor.

La tercera facultad, la defensoría pública, es una división de la Defensoría que cumple una tarea fundamental: garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la defensa de los ciudadanos más pobres en el país. Sin embargo, la falta de recursos económicos y humanos, y la ausencia de un control eficiente de las tareas de los abogados externos que son contratados para representar a las personas, ponen en tela de juicio la calidad y eficiencia del servicio que se presta. La defensoría pública, para poner un ejemplo, cuenta con 1.600 abogados y con un presupuesto anual de 36.000 millones, mientras que la Fiscalía, su adversario en el sistema penal, cuenta con 3.610 fiscales y un presupuesto anual de 894.000 millones. La consecución de recursos económicos para financiar las tareas que cumple la Defensoría depende también, en buena medida, de la capacidad de gestión de su director. El Defensor del Pueblo es el encargado de mostrar la importancia que tiene esta función, de manera que el Congreso apruebe los recursos necesarios para que ésta pueda cumplirse adecuadamente.

La cuarta herramienta, el uso de acciones y recursos constitucionales, tiene un poder limitado en tanto que su efectividad depende de terceros –los jueces–, su implementación toma largo tiempo –entre el momento en que se presenta y se decide una acción popular pueden pasar fácilmente diez años–, o sus efectos se concentran en las partes involucradas en el conflicto –la liberación de un individuo detenido injustificadamente o el cese de una amenaza o violación concreta de los derechos fundamentales. Ahora bien, los efectos simbólicos y prácticos más amplios que puedan tener las decisiones judiciales generadas por estas acciones o recursos dependen, en parte, de la legitimidad y fuerza que adquieran en la esfera pública. Por tanto, la posibilidad de que éstas tengan éxito depende de la manera como son promocionadas, discutidas y evaluadas por la cabeza visible de la institución que las promovió: el Defensor del Pueblo.

Desafortunadamente, los compromisos políticos del Defensor con quien lo eligió –el presidente Uribe y el Partido Conservador–, su falta de liderazgo moral, su bajo perfil y reconocimiento, así como la falta de propuestas concretas, claras y precisas para entender, criticar y transformar la situación de los derechos humanos en el país, no han permitido que el Defensor cumpla adecuadamente con sus obligaciones. Esto no quiere decir que la Defensoría, sus funcionarios, no estén adelantando importantes labores en defensa de los derechos humanos. Proyectos de ley como el estatuto contra la discriminación, las alertas tempranas en las cuales se llama la atención sobre las actividades de la guerrilla o los paramilitares, los informes en los cuales se denuncian las violaciones de los derechos humanos cometidas por miembros la fuerza pública, son instrumentos fundamentales para la defensa de los derechos humanos en Colombia. Quiere decir que el Defensor del Pueblo no viene haciendo bien la tarea de visibilizar y promocionar estas acciones, que sus acciones u omisiones ponen en riesgo la eficacia de las acciones adelantadas por los funcionarios de la entidad y que ha sido poco diligente en el uso de los poderes que le confiere la Constitución.

Hoy, más que nunca, se necesita un Defensor que haga oír su voz sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. ¿Alguien conoce la posición del Defensor frente a la aplicación de la ley de Justicia y Paz, o la recuperación de los cuerpos de los diputados del Valle, o las interceptaciones telefónicas realizadas por los organismos de seguridad? ¿Alguien sabe cuál fue la posición del Defensor sobre las capturas masivas, el estatuto antiterrorista o la sentencia de la Corte Constitucional que concedió derechos patrimoniales a las parejas del mismo sexo?

El Defensor, como respuesta a sus críticos, ha respondido con la siguiente frase: "Mi talante no es la confrontación sino el diálogo constructivo. Yo creo en la protección de los derechos humanos sin un protagonismo excesivo". Sin embargo, la exigencia que se le hace al Defensor no es que él sea un protagonista; la exigencia es que él como cabeza de la entidad, haga que la Defensoría del Pueblo, la institución y sus políticas en favor de los derechos humanos, lo sea.


*Profesor de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes y director del Grupo de Derecho de Interés Público de la misma universidad.

El Grupo de Derecho de Interés Público de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes (G-DIP), es un espacio académico que persigue tres objetivos fundamentales: primero, tender puentes entre la universidad y la sociedad; segundo, contribuir a la renovación de la
educación jurídica en nuestro país; y tercero, contribuir, a través
del uso del derecho, a la solución de problemas estructurales de la
sociedad, particularmente aquellos que afectan a los grupos más
vulnerables de nuestra comunidad.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.