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¿Y dónde quedan las ollas del crimen político organizado?

Todos los que no son afectados directamente por las drogas quedan felices, aunque los problemas de la sociedad sigan intactos.Eso sucede cuando se interpretan los efectos con falsas causas.

Semana.Com
11 de abril de 2014

Las ollas son parte del problema, no el problema. Por esto la cruzada orquestada por Santos contra las ollas del microtráfico debe leerse, menos como política de gobierno que como propaganda del candidato en campaña.

Tampoco se pueden destruir las casas donde se distribuyen drogas presumiendo atacar las raíces del problema. Este tipo de medidas conforman una política de espectáculo, cuando lo que necesitan los 'jibaritos' son planes preventivos de salud y recuperación permanente. En el caso de las drogas, estos errores obedecen a equivocar los efectos con causas. Y viceversa.

El efecto es provocar la noticia en primera plana. Las cámaras y los periodistas corren domesticados a cubrir estos acontecimientos. La retroexcavadora golpea la pared y la televisión muestra los escombros, luego habla el comandante de Policía, el tendero, los vendedores ambulantes, todos se suman a consagrar el espectáculo, como si fuera la quema de una Casa de Brujas en el Medioevo Cristiano.

El efecto es mostrarse defensor de la moral pública. El presidente ante los mismos periodistas describe las ollas del microtráfico: sucios, lugares inmundos, porquerizas, “desde aquí se planean crímenes y se cometen todos los delitos”. Los medios de opinión descubren materiales para las noticias, seleccionan titulares y guardan de nuevo sus cámaras. Todos los que no son afectados directamente por las drogas quedan felices, aunque los problemas de la sociedad sigan intactos.

Eso sucede cuando los efectos se confunden con causas. O mejor aún, cuando se interpretan los efectos con falsas causas.

Veamos lo sucedido en Palmira. La quinta ciudad del mundo con mayores índices de criminalidad. Durante el gobierno de Raúl Arboleda y el alcalde Ritter López, las ollas del microtráfico y la criminalidad se dispararon considerablemente. Las decisiones concertadas con la Política de Seguridad Democrática de Uribe y lo que va del gobierno Santos, fueron las de atacar los expendios de drogas en los barrios: Las Delicias, Loreto, San Pedro, Caimitos, Villa Diana y Simón Bolívar.

En realidad, sabemos que en Palmira la policía y las autoridades han preferido usar intermediarios para cumplir estas tareas; se trata de mercenarios de la misma fuerza pública dispuestos a desarrollar en esos barrios la denominada “operación limpieza”: las manzanas podridas del ejército o la policía matan a dos o tres jibaritos, despejan el área de consumidores durante algunos días, y luego regresan a sus cuarteles. La ciudad entra en calma.

¿Qué ha cambiado en las estrategias locales para reducir el microtráfico? Dos cosas. Primero, una Secretaría de seguridad que se devora anualmente más presupuesto pero que resulta cada vez más inoperante. Segundo, la escala del delito menor pertenece ahora a una red compleja del crimen organizado, toda la ciudad de Palmira está sometida al soborno criminal y la inseguridad.

De modo que Ritter juega a lo que juega Santos. Juegan a las apariencias de la política espectáculo. Medidas de choque cortoplacistas.

Y en el caso de Palmira, Ritter sabe que sus negocios están por fuera de la Alcaldía. No en la política como muchos creen. La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría investigan sus graves peculados por contratación pública con los carteles regionales. La alcaldía, como la ciudad, les importa huevo a los Caicedo. A doña Dilian Francisca, los Motoa Kuri o los Bustamante y a los jibaritos, las ollas del microtráfico les tienen sin cuidado.

Palmira no es la ciudad del buen gobierno que Santos proclama. Las ollas del microtráfico no están en los barrios populares. No son las Delicias, ni San Pedro, ni el Loreto, ni la Emilia ni Caimitos en donde buscan las estructuras del delito organizado.

Las ollas del delito en Palmira están en el mismo Concejo Municipal o el edificio de la Alcaldía, desde esos lugares se ha causado más destrucción a la ciudad que en las ollas de marihuana de los barrios populares. Las autoridades deben guardar en las cárceles a los alcaldes y secretarios que acabaron con la salud en Palmira, guardar como prisioneros a contratistas y funcionarios que se tragaron los ingresos fiscales, con partidas anuales de 23.000 millones de pesos.

Santos se equivoca. Ataca el problema del consumo mediante una política de castigo al jibarito es atacar con falsos efectos. Porque deja inmunes las causas fundamentales del delito organizado. Sabe el presidente que los dueños del negocio del narcotráfico están arriba, en posiciones de poder, del poder local como en Palmira. Pero Santos necesita peones en las regiones y municipios que aceiten su campaña.

Por eso esta es una política espectáculo, una política del circo contra las ollas del microtráfico, de las retroexcavadoras que destruyen paredes en barrios pobres.


Fernando Estrada
Profesor e Investigador
Editor Associated IDEAS/RePEc Munich
Evaluador reconocido por Colciencias.
http://ideas.repec.org/f/pga454.html#articles