“Ya entregamos las armas, no pregunten por los niños”

El pasado 23 de julio, al término del publicitado encuentro de comandantes de las Autodefensas con los de las Farc, Iván Márquez precisó que adelantaron ese diálogo “de manera muy respetuosa” para dejar al descubierto la verdad. “La verdad es la que nos hará libres y nos gusta mucho que sea la columna vertebral de la Justicia Especial para la Paz".

Apenas un día después, en el anuncio de su nuevo partido político, con la misma facilidad con la que había pronunciado esas palabras y repetido otras como “paz”, “reconciliación”, “justicia” o “verdad”, Marín respondió al reportero de RCN que le preguntó cuándo devolverán a los niños reclutados y retenidos ilegalmente: "…qué es lo que quieren si ya se culminó la dejación de las armas y si las Farc ya dejaron de ser organización armada. Eso es por joder, por molestar, nada más por tratar de generar situaciones polémicas".

La “situación polémica” es nada más y nada menos que la suerte de unos 2.000 menores de edad que, se estima, fueron reclutados -muchos de manera ilegal- y estaban vinculados a las Farc en el momento de la firma del acuerdo de paz con el gobierno.    

Álvaro Leyva Durán, el abogado y uno de los más antiguos y cercanos asesores de las Farc adelanta por estos días una intensa campaña en redes sociales para promover la verdad como eje de cohesión de la paz. “A Colombia solo la salva la verdad. Y la vamos a conocer. Hay temor en muchos bandos, pero nada la atajará. Con la verdad habrá un país nuevo”, escribió.

No lo leen, o no le copian, o van por caminos distintos Márquez y sus demás pupilos del Secretariado, que insisten en tender cortinas de humo y en mentir respecto de una de sus mayores culpas: el reclutamiento forzado de menores. Tan solo entre 1999 y enero de 2015, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar atendió a 5.708 niños desertores, 60% de los cuales provenían de las Farc. El estimativo de los que estarían en sus filas resultó de un cálculo del Instituto para la Contraloría General de la Republica, acera de los posibles costos de la desmovilización.

La pregunta del reportero de RCN es muy pertinente porque, según el CICR, desde marzo de 2016, las Farc solo han entregado 57 niños. Mínimas y misteriosas, las entregas se detuvieron tras la sentencia de la Corte Constitucional sobre el fast track.

Negarse a devolver los niños es una grave violación de los acuerdos. El propio Humberto de la Calle dijo públicamente que las Farc “no pueden seguir tomando el pelo con el tema de los menores. La guerrilla tiene que entender que entró en una fase distinta y que eso implica responsabilidad”.  También les dijo que “no hay excusa para no hacerlo… Me parece que ha habido anuncios parciales y yo creo que ese es un tema que a estas alturas del proceso de paz debemos cancelar como discusión pública”.

La realidad es que no hay avances en la materia y algo peor, tampoco acción alguna del gobierno para hacer respetar la suerte de esos miles de colombianos a los que les fue arrebatada la niñez, la mayoría de los cuales se vieron obligados a la esclavitud, a delinquir, a matar, a ejecutar actos terroristas, a enfrentar enfermedades y todo tipo de contingencias, sin posibilidades de aprender, de jugar y de vivir sin riesgo.

Iván Márquez acumula causas y condenas por múltiples delitos -homicidio en concurso con terrorismo, secuestro, hurto, lesiones personales, rebelión, narcotráfico-, entre otros. La Justicia Especial para la Paz atenderá su suerte al respecto. El Bloque Caribe del cual fue comandante enfrenta 950 casos documentados de reclutamiento ilícito de menores, un delito que tiene otras connotaciones. Es un crimen de guerra, de lesa humanidad, que no es indultable, amnistiable ni condonable y pone a sus responsables en la mira de la Corte Penal Internacional. Eso explicaría sus misterios y los de los demás integrantes del secretariado respecto del número de niños en sus filas o de cómo se produjo su vinculación, una grave responsabilidad que no quieren cargar a sus espaldas.

Esconder a los niños que tenían en sus filas fue lo mismo que hicieron los paramilitares al término de su proceso en el año 2006. Según la Procuraduría en las autodefensas había entre dos mil y tres mil que, días antes de la entrega de armas fueron enviados a sus casas previo pago de su "liquidación" con compromiso de ayuda permanente si no abrían la boca.

Es inaceptable que ese engaño quede en la impunidad y más aún que se repita. Los reclutadores, el gobierno y el Estado tienen la obligación moral y legal de encarar el tema. La paz con las Farc marca la oportunidad para pasar a la acción, clarificar lo sucedido y reivindicar los derechos de los niños y de sus familias.  “Destapar la olla evita su explosión. Guardarse la verdad cuando ha habido responsabilidades públicas y afectación general polariza y daña” ha dicho Leyva. Ojalá programe pronto otra cumbre Farc autodefensas acerca de sus obligaciones con los niños que llevaron a la guerra.

@germanmanga