Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2015/09/18 17:56

J’accuse: caso Feliciano Valencia

Durante el gobierno de Álvaro Uribe una marcha indígena fue infiltrada.

Yezid Arteta Dávila.

Una de las escenas más recurrentes en el cine es aquella en las que un coche con matrícula extranjera o placas adulteradas avanza lentamente por las calles de una aldea empobrecida. A través de los cristales el conductor y sus acompañantes observan al enjambre de nativos y a los abigarrados puestos callejeros en los que se ofrece comida y vestuario. Los del coche puede que estén de paseo o buscando a alguien para matarlo. Fuera del coche ocurre la vida cotidiana. Los que van dentro del coche miran a los nativos de una manera y éstos ven el coche pero no a quienes van dentro porque los vidrios son polarizados. El coche se vuelve una especie de panóptico: unos cuantos observan a la muchedumbre sin ser observados.

Desde hace varios años Feliciano Valencia, líder de la comunidad indígena Nasa y Premio Nacional de Paz en el 2000, es observado desde la torreta del poder. Es un líder incómodo para el establecimiento. En Colombia no es raro que todo aquel que hable sobre la propiedad de la tierra tenga problemas. Problemas con el código penal o con las pistolas 9 milímetros. Las estadísticas no mienten. Líderes campesinos e indígenas presos, asesinados o desaparecidos por reclamar el derecho a la tierra. Feliciano es un reclamante de tierra. Tierra indígena.

No soy amigo de enhebrar discursos y promover luchas desde el mero victimismo o desde el pregón romántico que ve la lucha indígena como una prolongación de Danza con Lobos, la laureada película dirigida y protagonizada por Kevin Costner. Los indígenas no son más. Tampoco son menos. Son tan endemoniadamente humanos que unas veces protagonizan actos sublimes y otras veces hacen el ridículo.
Feliciano Valencia ha liderado épicas luchas pacíficas con sus hermanos indígenas. En otra ocasión se le fue la mano con el alcohol y se metió en un lío. Por su acción sublime es condenado por un tribunal del establecimiento a 18 años y por sus ridiculeces a 6 latigazos por un tribunal indígena. Dos miradas: la de los que van en el coche y la de los nativos.

Infiltración. Un recurso tan viejo como la lucha de clases. Un infiltrado busca información o efectúa sabotaje en río revuelto. Hay infiltrados que han matado monarcas o colocado bombas para justificar una represión masiva. Eso lo saben todos los servicios secretos del mundo. Durante el gobierno de Álvaro Uribe una marcha indígena fue infiltrada. A veces la cosa funciona y otras no. En este caso no funcionó y el infiltrado fue descubierto, juzgado y condenado a 20 latigazos por un tribunal indígena. En ese juicio estuvo Feliciano Valencia y por ello un tribunal del sistema lo condenó a 18 años de prisión.

La Carta Constitucional de Colombia abriga a la jurisdicción indígena (art. 246). Es legítima. El derecho no es como lo enseñan en algunas escuelas y lo interpretan ciertos jueces anacrónicos. Los conceptos de civilización y salvajismo no son lo que eran en el siglo pasado. Existen jurisdicciones, incluso orales, que para muchos pueblos son tan legítimas como las escritas. El acreditado experto en sociología del derecho, Boaventura de Sousa Santos, habla del bilingüismo jurídico de las comunidades indígenas. Es una pena que muchos jueces en Colombia escuchen más a sus jefes políticos que a las vanguardias del derecho.

He leído a algunos foristas que reaccionan así: a Feliciano Valencia lo condenan a 18 años por los 20 latigazos a un militar infiltrado, en cambio el paramilitar Juancho Dique sólo cumplió 8 años de reclusión a pesar de su participación en 9 masacres, entre ellas las de Macayepo y Chengue en las que fueron asesinadas 15 y 27 personas respectivamente. Una cotejo peregrino. No hay que confundirse. En el derecho indígena, amparado por el derecho del establecimiento, Feliciano Valencia no ha cometido un delito. Juancho dique si ha cometido crímenes y los ha confesado.

El uribismo de entonces acordó con los paramilitares que la confesión de las masacres y otros crímenes costarían 8 años de prisión. Ese acuerdo, guste o no guste, hay que cumplirlo. Uribe era el presidente constitucional. Santos es el presidente constitucional y está ejecutando a rajatablas lo que acordó el gobierno de Uribe con los escuadrones de extrema derecha. No hay más nada que decir en este aspecto. El caso de Feliciano Valencia es harina de otro costal. La sentencia contra él es un disparate que bien el presidente Santos podría subsanar provisionalmente mediante una suspensión condicional de la condena mientras la Corte Suprema enmienda el desaguisado.

En twitter: @Yezid_Ar_D

Blog: https://yezidarteta.wordpress.com/author/yezidarteta/

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