Domingo, 4 de diciembre de 2016

| 2015/12/01 15:00

Zaperoco judicial

La falta de credibilidad en la justicia se debe, en gran medida, a su propio despelote judicial.

Carolina Villadiego Burbano. Foto: Archivo Particular

“El problema de la justicia es que nadie cree en ella”, le escuché decir recientemente a un juez. Y es que la justicia nos sorprende todas las semanas con todo tipo de noticias, muchas de ellas poco alentadoras. Me refiero a las que muestran el caos y el desorden del gobierno y la gerencia judicial, su indebida politización y los cuestionamientos al reemplazo del Consejo Superior de la Judicatura.

Desde hace años, los jueces alegan que sus principales dificultades se derivan de la falta de presupuesto. Sin embargo, poco se habla del desperdicio que hacen de sus recursos económicos. Recientemente, se conoció un informe de auditoría de la Contraloría en el que queda claro que la gestión del Consejo Superior de la Judicatura es desfavorable. No ejecutó oportunamente recursos de inversión, perdió apropiaciones presupuestales, no fue eficaz en el pago de sentencias en su contra, pagó más de $25.000 millones de intereses de mora y tuvo inconsistencias contables superiores a $4.4 billones de pesos. Además, no tiene claro cuántos recursos ha invertido en descongestión ni cuántos cargos ha creado para ello.

A este desalentador panorama se suman los problemas para proveer cargos permanentes en la rama judicial. Después del paro judicial del año pasado, se acordó crear puestos para reemplazar los cargos de descongestión que son considerados “transitorios”, aunque constituyen una verdadera nómina paralela y un gran poder burocrático, ya que son nombrados discrecionalmente. A pesar de ser un objetivo prioritario para la justicia, tan solo el 29 de octubre de este año se crearon.

Dicha creación no estuvo exenta de críticas, rifirrafes e incertidumbres. Parte del problema tuvo que ver con la improvisación en la regulación de los cargos permanentes, la desaparición de puestos de descongestión que luego fueron prorrogados por un mes y la existencia de dudas sobre los recursos económicos disponibles. Como consecuencia, hubo un gran despelote: algunos despachos nombraron cargos permanentes y de descongestión al mismo tiempo, unos funcionarios de descongestión continuaron trabajando sin estar vigentes, y ciertos jueces dijeron que los cargos creados no corresponden a sus necesidades. Finalmente, la semana pasada se volvió a regular la creación de los cargos permanentes; pero seguramente, muy pronto aparecerán nuevas críticas.

Como si esto fuera poco, está muy cuestionado el proceso de transición que vive la justicia por cuenta de la conformación del órgano que reemplaza al Consejo Superior de la Judicatura. Desde Dejusticia criticamos la composición de dicho órgano por considerarlo corporativo, ya que está integrado únicamente por miembros de la rama judicial. Pero en la práctica, uno de los principales problemas es que la justicia sigue siendo impermeable a las críticas que se le hacen por su clientelización y politización. La semana pasada, el Consejo de Estado suspendió por irregularidades la elección del representante de los jueces. Pero no nos olvidemos que fueron las cabezas judiciales (incluido el presidente del Consejo de Estado), quienes organizaron el famoso proceso de elección.

En fin, este zaperoco judicial no solo genera grandes cuestionamientos acerca de la capacidad de la justicia para administrarse de manera transparente y eficiente, sino que produce incertidumbres acerca de cómo va a gestionarse en el futuro. ¡Pero hay mucho en juego! No es solo que miles de personas necesitan justicia todos los días, sino que a esta altura, la rama judicial debe demostrar que abandonará de manera permanente el despelote en el que está sumergida.

*Investigadora, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad

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