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Al conservatismo parece gustarle la inmunidad parlamentaria

Semana
8 de agosto de 2011

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El panorama político nacional parecía enfrentar una gran polémica en días pasados  por cuenta de la idea del Presidente del Senado Juan Manuel Corzo, de revivir la figura de inmunidad parlamentaria según él,  “para   fortalecer la rama legislativa”, argumento que resulta muy controversial en momentos en que el Congreso de la República enfrenta señalamientos por vínculos con la ilegalidad (Parapolítica y Farcpolítica) y tráfico de influencias para beneficio propio (Notarías, Dirección Nacional de Estupefacientes y yidispolítica).

 

También resulta muy curioso que nuevamente sea un conservador quien hace la propuesta. Vale la pena recordar que durante el segundo período de Álvaro Uribe, la iniciativa fue presentada por el entonces Ministro del Interior y de Justicia Fabio Valencia Cossio, quien explico en entrevista con la W radio el 23 de junio de 2009, que  el punto de la inmunidad parlamentaria fue  mal interpretado, porque ésta buscaba   que las cámaras controlaran  un poco la forma cómo se hace la detención de un parlamentario.  Según el ministro,  la idea de la inmunidad no era  interrumpir los procesos penales,  ni la posibilidad que se le aplique la ley a un congresista. Además, indicó que el propósito de la medida consistía en evitar que se cometan arbitrariedades en la detención de los parlamentarios para que éstos no fueran detenidos por razones políticas. Las palabras del jefe de la cartera del Interior fueron debatidas a través de los micrófonos de la FM por Augusto Ibáñez, quien para ese tiempo presidía la Corte Suprema de Justicia. El magistrado aseguró que “proponer una inmunidad porque exista un desafuero en cuanto a capturas y llamados a indagatoria, es decir que las autoridades están tomando a causa propia algunas decisiones y eso no es cierto”.

 

La propuesta de Fabio Valencia tenía la clara intención de quitarle a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia la potestad de juzgar e investigar a los congresistas (uribistas) y de , lograrlo, no solo le hubiese  dado a los  amigos del gobierno Uribe  en el legislativo  la posibilidad de evadir a la justicia de manera definitiva, sino además “el bloqueo de la conciliación del referendo por cuenta de la demanda de Germán Navas Talero a los 86 representantes que votaron el referendo sin la certificación del Registrador; las pérdidas electorales para su coalición en el 2010 si la parapolítica y la Yidis-Política siguen descabezando congresistas; y el creciente control y protagonismo de la Corte Suprema, uno de los contrapesos importantes que aún quedan frente al Ejecutivo”[1].  

 

La  inmunidad parlamentaria es una figura con la que más de un congresista se sentiría extremadamente cómodo así públicamente no lo reconozca y asegure estar en contra de esta, sin embargo vale la pena preguntarse la razón por la que es el conservatismo a quien más parece gustarle y parece mostrarse dispuesto a conseguir ese propósito.

La  figura de “inmunidad parlamentaria” existió en Colombia hasta la Constitución de 1991, luego de un intenso debate al interior de la misma. “Bajo esta sombrilla   ningún congresista podía ser detenido sin la aceptación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y de investigaciones en el Senado. A menos de que un juez sustentara la petición y el Congreso lo permitiera, tampoco era posible abrir una investigación judicial. El polémico instrumento, del que se dice benefició por un tiempo a  Pablo Escobar hasta cuando la Cámara de Representantes, el 26 de octubre de 1983, decidió levantarle la inmunidad parlamentaria, se sustentaba en el deseo de que los parlamentarios no fuesen atacados judicialmente por razones políticas”.[2]

 

Cuando el debate parecía superado, el actual Presidente del Senado Juan Manuel Corzo, revivió el debate, con tan mala suerte que ante la lluvia de críticas de  parte de la opinión pública, se vio obligado a retirarlo. Su intención era llevarlo a la mesa de Unidad Nacional, donde el gobierno de Juan Manuel Santos cuenta con una amplia mayoría, con la que seguramente en caso de que el Ejecutivo le hubiese dado el respaldo, habría salido invicto. El problema es si a la institución le conviene esta figura que más que mostrarse favorable para su imagen, parece inconveniente.

 

Si en Colombia no se hubiera eliminado de la Constitución la figura de inmunidad parlamentaria, la justicia no habría dado condena a 30 parlamentarios  por vínculos con la autodefensas;  Yidis Medina no hubiese sido condenada por cohecho;  tampoco se sabría de la entrega de notarías a congresistas que votaron a favor de la reelección;  el único señalado hasta el momento por el  proceso 8.000 sería Ernesto Samper y los senadores y representantes que tuvieron velas en el asunto estarían como si nada;  Alberto Santofimio Botero no estaría llamado a juicio por el  asesinato de Luis Carlos Galán; la Dirección Nacional de Estupefacientes y el Incoder no estarían en proceso de librarse del apetito del legislativo y el ex presidente Uribe con la ayuda de su coalición en el congreso  tendría a toda la oposición de su gobierno en la cárcel.

 

Al parecer los intentos de Fabio Valencia Cossio en sus tiempos de ministro y el de Juan Manuel Corzo como Presidente del Senado, no serán los únicos intentos del legislativo para librarse de la acción de la justicia, por lo que la sociedad en pleno debe estar vigilante para evitar que acciones como estas terminen generando impunidad y permitan más corrupción de la que hasta el momento ha reinado en Colombia, fenómeno  que el gobierno de Juan Manuel Santos lucha por combatir.



[1] Abracadabra: detrás de la propuesta de la inmunidad parlamentaria está la solución mágica a varios males del Gobierno, www.lasillavía.com, http://www.lasillavacia.com/historia/2638

 

[2] ¿Inmunidad o impunidad?, 06/23/2009 , www.elespectador.com, http://www.elespectador.com.co/print/147261