Antes de pensar en una Constituyente

Por: Santiago Peña Aranza

En mi entrada anterior decía que sería insuficiente –aunque digno- revocar el Congreso de la República si no se corregían temas de fondo como por ejemplo la financiación de las campañas, en las que el sector privado y la ilegalidad tienen un triste papel protagónico que condiciona el accionar de los políticos.

Esos mismos puntos deben tenerse en cuenta si se da la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Quién financiaría las campañas de quienes aspiren a ser delegados?, ¿Serían los mismos políticos desprestigiados que tenemos los que ganarían las mayorías? Eso sería muy peligroso y no seria descabellado pensar que en unos años se descubra que la parapolítica permeó también la Asamblea. Sería peligrosa si se termina haciendo una carta política que permita entronizar a una persona en el poder independientemente de si es o no Álvaro Uribe.

Hay que tener cuidado. Es preferible concentrar los esfuerzos del país en hacer realidad de una vez por todas la Constitución de 1991, que hasta el momento ha sido prácticamente un saludo a la bandera aunque funcionen mecanismos importantes como la tutela, entre otros.

Basta leerla para saber como ha sido irrespetada: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación”; “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”; “las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional…”; “Nadie será sometido a desaparición forzada…”; “toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”; “se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social”, etc. De hecho casi todo lo que dice la Constitución, sobretodo en materia de derechos, es un ejemplo de cómo se ha incumplido.

Una Constituyente sería un grave error y no sólo por lo que he mencionado. La Constitución de 1991 es el fruto de la paz con grupos insurgentes que se desmovilizaron y le han cumplido al país al incorporarse a la legalidad. Eso lo ha reconocido incluso el propio Álvaro Uribe, promotor del indulto al M19. Cambiarla casi veinticinco años después sólo valdría la pena si nuevamente es fruto de la paz, y no si es por la ilegitimidad que los políticos le han dado a las instituciones. Una nueva Constitución no nos traería nuevos políticos. Eso es una ilusión.

En este momento es mejor Constitución buena desconocida que una nueva por conocer. Exijamos más bien que se garanticen los derechos individuales y sociales consagrados en ella. Y es cierto cuando se dice que los derechos cuestan, pero sin tantas exenciones tributarias –a nacionales y extranjeros- y sin tanta corrupción, habría recursos para garantizarlos. Esa debería ser la meta del Estado colombiano y aún estamos a tiempo de hacer de Colombia una democracia que no se limite a un voto cada cuatro años.

Twitter: @SantiagoPeye

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