Bien por los estudiantes universitarios

Hace cuatro años en Cartagena la educación superior de América Latina y el Caribe tuvo su punto de encuentro. Ministros, académicos, investigadores y periodistas de 34 países vivimos esa experiencia del CRES en el que se hizo balance de una década de los compromisos realizados en Cuba en 1997 y se miró la actualidad de este segmento de la educación en la región.

En ese encuentro, el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), Juan Ramón de la Fuente, lanzó una frase que dejó inquieto a más de uno, me incluyo: “Iberoamérica vive en el Suburbio de la Era del Conocimiento”. Para sustentarla, el académico señaló tres razones.

Primero, la región solo contribuye con 7 por ciento del total de estudiantes que buscan formación en este nivel en el mundo. Segundo, del total de estudiantes que busca formación en el exterior solo el 3 por ciento venía a estudiar a esta región y por último, del total de bienes tangibles e intangibles que habían sido patentados, solo el

0,72 por ciento correspondía a universidades del área.

Y tenía razón. Incluso se podría incluir que en la producción académica, según Scopus, América Latina estaba por debajo de Estados Unidos, Europa, Europa del Este y Asia, y en formación doctoral presentaba números semejantes. Si se miraba el panorama por países las brechas eran notables. Brasil y México lideraban, mientras que Haití estaba en el fondo de la tabla. Colombia, con un sistema de educación de tamaño mediano, estaba un segundo grupo. A la fecha, los números no son muy diferentes.

Este diagnóstico llama al cambio de las políticas de educación de los países como de la administración de las universidades y la dinámica interna de las mismas. Por esta razón aplaudo el ejercicio realizado por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) de construir su propuesta de ley marco de la educación terciaria para el país. Además, valoro su postura, después de haber sido el actor protagónico en el hundimiento del proyecto de reforma de Ley 30 que sacó el Gobierno Nacional sin consenso.

Luego de leer la exposición de motivos tengo algunas cortas reflexiones sobre los aspectos en los que coincido y en los que no. 

Como lo he expuesto en otras columnas, estoy de acuerdo con que el sistema de educación superior requiere de una inyección económica importante sobretodo las 47 IES que no reciben un solo peso del Estado y que deben hacer peripecias para funcionar. Para las que hacen parte del Sistema Universitario Estatatal (SUE), se debe propender por una mejor redistribución de los recursos sobretodo teniendo en cuenta, según el mismo estudio que hace el organismo, a las que sean más eficientes. 2,7 billones, presupuesto del 2011, fue insuficiente.

También pienso que debe respetarse la tipología de las IES como ocurre en otros países porque cada institución tiene un rol importante en la sociedad. Tanto las universidades como los institutos técnicos y tecnológicos también. Querer unificarlas bajo un mismo rótulo me parece un error.

La calidad es fundamental. Es necesario que el sistema tenga unos estándares mínimos que les permita formar mejores ciudadanos y así ser competitivos en el exterior. También estoy de acuerdo que el presupuesto para bienestar universitario sea superior al 2 por ciento como lo indica la norma y que debe cobijar a todos los estudiantes.

En cuanto a los puntos en los que no estoy de acuerdo debo decir que encuentro una contradicción entre el contexto general y la propuesta que me llama la atención.

En la primera presentan hechos que afectan al mundo por cuenta del Neoliberalismo, hijo de Milton Friedman y compañeros de la Escuela de Chicago, en el que, entre otros aspectos, primaba el mercado y se reducía al Estado a un papel de mero espectador. Pero en la propuesta se propone que prácticamente el Estado colombiano tenga una participación mínima en el quehacer del sistema de educación superior.

Este punto toma fuerza cuando se expone el tema de la autonomía, un derecho de las Instituciones de Educación Superior, y que se consagró en la Ley 30 de 1992. Es importante que en estos centros educativos se conserve el derecho a disentir, a proponer y a generar procesos académicos novedosos.

Sin embargo, considero que la autonomía también demanda unas obligaciones como lo planteaba la Conferencia de la Unesco de Cuba. La principal de ellas es la responsabilidad que se debe tener con la sociedad en el mejoramiento de la calidad de vida de sus componentes y en el desarrollo de las naciones.

Esto implica la rendición de cuentas al Estado, que representa a la sociedad civil, sobre asuntos tan sensibles como la utilización adecuada de los recursos, situación que tiene antecedentes nefastos con la administración que llevó a la quiebra a la Universidad del Atlántico años atrás o como los despilfarros que se observan con mucha

frecuencia en las universidades públicas del país.

Mi recomendación es que más allá de pedir que el Estado sea un mero garante sin exigir cuentas y dejando hacer a las universidades a sus anchas, bueno sería pedirle a los gobernantes que hagan bien las cosas. Que dejen de nombrar a personas sin trayectoria académica al frente del Ministerio de Educación y que se le de mayor preponderancia a la educación superior en la toma de decisiones en todos los sectores.

Pero igualmente, las universidades deben ganarse ese lugar y no seguir dándole a la espalda al país como lo han hecho en muchos asuntos álgidos. Cito dos rápidamente. Un proceso de paz sin representantes de las universidades en las negociaciones y una participación poco efectiva para mejorar los problemas de infraestructura nacional ad portas de retos comerciales y que ponen al país en el puesto 126 del mundo en el ránking mundial de vías, solo superando en el continente a Venezuela.

En medio de los acuerdos o disensos creo que los estudiantes han desempeñado un papel de primer orden en este proceso y espero que sigan así de animados y exigentes, pero no solo para el Gobierno nacional sino también para las administraciones de las universidades.

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