Home

Blogs

Artículo

Corrupción y lavado de dinero en las obras de Bogotá

Semana
14 de septiembre de 2011

obras_bogota.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

La denuncia se conoció durante el panel ‘Corrupción pública, economía y conflicto’, realizado en la Universidad Piloto con la participación de Cecilia López, economista y ex congresista,  Mauricio Romero, director académico de Nuevo Arco Iris, Guillermo Rivera, representante a la Cámara, y el decano de la facultad de Economía de la Universidad Piloto, Jaime Orlando López.

 

El concejal sostuvo que la ciudad se quedó con la mirada del año 2007 en temas de seguridad, cuando la tasa de homicidios bajó de 60 a 37 por cada 100 mil habitantes, gracias en buena parte a la Política de Seguridad y Convivencia, pero que hoy hace falta poner la lupa en los fenómenos delincuenciales asociados a las Bacrim.

 

En la central de Corabastos hacen presencia 14 estructuras ilegales, que serían tan solo un eslabón más de la cadena ilegal que opera en toda la ciudad, ligada a negocios lícitos e ilícitos, y a redes de narcomenudeo.

 

En la Capital la presencia del Erpac, y en los últimos meses, de las Águilas Negras junto a redes de delincuencia organizada, son producto de un ‘mal reciclaje’ de la desmovilización de las AUC, concluyó Sanguino durante el panel.

 

Ilegalidad y economía en las regiones

 

Mauricio Romero, director académico de Nuevo Arco Iris, señaló cómo recientes investigaciones referencian la relación de actores armados ilegales con la economía de siembra de palma. Desde el año 97 unas 40 mil familias han sido despojadas de 35 mil hectáreas de tierra en la zona del bajo Atrato, usadas en el cultivo de Palma,  por los grupos paramilitares bajo la mirada de la Brigada del Ejército con sede en Carepa. En estas zonas es donde cabe preguntarse ¿qué tipo de Estado funciona allí?, puntualiza el investigador.

 

Otro ejemplo de la mezcla de influencia de la ilegalidad en la economía regional es el de la multinacional Chiquita Brands, empresa que tenía un acuerdo de otorgar cinco centavos de dólar por cada caja de banano exportada a las cooperativas  de seguridad privada, conocidas como Convivir, dinero que posteriormente iba a parar a las arcas de los paramilitares.

Arauca, Casanare y Meta, son departamentos aquejados altamente por la corrupción pública. Entre 2003 y 2010 concentraron 5 mil millones de dólares por regalías del petróleo, pero la laxitud en su manejo por parte del gobierno central ha permitido el despilfarro a manos llenas en obras de infraestructura en los tres departamentos.

 

Municipios como la Jagua de Ibirico en el Cesar también han recibido millonarias regalías por la explotación del carbón, y hoy tienen necesidades de infraestructura insatisfechas, inexplicables pues el dinero ha corrido por las arcas del municipio, pero ha parado en los bolsillos de unos cuantos.

 

Frente a iniciativas de privatización del Gobierno en sectores como las apuestas y juegos de azar, Romero cree  que el mayor problema en los departamentos de la Costa Caribe es el hecho de que los operadores regionales de los juegos de apuestas, se convirtieron en operadores de la política, como el caso de ‘La Gata’ en el Cesar.

 

La economista y ex congresista Cecilia López sostuvo que la primera cuenta de cobro seria que se le pasó a los palmicultores por  despojo de tierras y desplazamiento, es la reciente condena a cinco años de cárcel para dos firmas de palmicultores,  que se apropiaron ilegalmente de 9.000 hectáreas de tierra en Urabá.

 

López y el representante a la Cámara, Guillermo Rivera, coincidieron en que realmente hoy el país necesita una política consistente para el desarrollo rural, que le responda a los campesinos ¿qué es lo verdaderamente atractivo ofrecido por el gobierno, para que las víctimas y desplazados retornen a sus tierras? Además, es necesario que ese retorno de los campesinos este acompañado de condiciones que les aseguren no ser nuevamente despojados, y que su regreso al agro sea económicamente rentable, expuso Rivera.

 

Antonio López, directivo de Nuevo Arco Iris, concluyó que ‘en Colombia existe un modelo de acumulación económica ilegal que tiene truncados los caminos del desarrollo regional, muestra de ello es el despojo violento de cerca de 40 mil hectáreas de tierra, señalado por el propio presidente Santos. El Gobierno tiene ahora en sus manos la responsabilidad de proteger a los reclamantes de tierra para que no los sigan asesinado’.

 

/ Giovanni Moreno C.

 

Publicado en www.nuevoarcoiris.org.co