Costo de la ponencia de Sierra Porto. “Encrucijada en el alma”
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Los opositores de la reelección más influyentes intelectualmente, o sea los voceros del nuevo constitucionalismo, tienen un motivo para estar preocupados por la ponencia del magistrado Sierra Porto:
éste ejerció un control de constitucionalidad desechando claramente “estudiar el contenido material” de la ley.
En términos gráficos, es como triunfar en una batalla crucial, pero al costo de perder una pierna y un brazo. Con más batallas a la vista. Sobrecogedor.
Si la ponencia de Humberto Sierra es acogida, será un duro revés para el llamado “juicio de sustitución” de la Constitución, el recurso usado por la Corte Constitucional para hacer “control material” por vía de examinar los “límites competenciales”.
De nuevo gráficamente , es como tener el poder de la última palabra y renunciar a esa preeminencia. Casi inexplicable.
Sierra Porto es el campeón del control procedimental. El hombre está lejos del papel que la Corte se atribuyó alguna vez: el de construir la “progresiva y coherente voluntad constituyente”, mediante la interpretación que actualiza la Constitución “en el tiempo y el espacio históricos”.
No es de esperar que la Corte llegue a renunciar del todo a “cogobernar” y a “colegislar”, pero lo cierto es que el precedente de declarar inexequible la ley de referendo por vicios de trámite, la impulsaría a ser menos “activista”, a producir menos “sentencias moduladas”.
Si parece que estoy complacido con esta perspectiva, debo decir que al respecto tengo mi modesta “encrucijada en el alma”: entre el ideal democrático y la realidad del cambio social.
Por un lado, la “justicia constitucional” es un efectivo instrumento de cambio social; por otro, es producto de un poder auto-atribuido, no directamente delegado por el constituyente primario.
Si los gobiernos, los partidos y los congresos no tendieran a ser mediocres, por decir algo, los tribunales constitucionales no tendrían que “ordenar” tantas políticas públicas. Bastaría que eliminaran las leyes inconstitucionales.
Para ciertos sectores, el activismo constitucional es la única posibilidad de justicia social, pero a algunos abogados activistas se les va la mano queriendo que la Corte ordene cosas que deben ser producto de la discusión democrática.
Sí, la política es un espacio desesperante y frustrante para impulsar el cambio social, pero qué hacemos. ¡Si fuera tan fácil siempre como escribir intervenciones ante la Corte o redactar sentencias!
Ahora, ayudaría a resolver la “encrucijada” que la Corte tuviera un activismo más modesto, menos estridente, más consciente de las limitaciones de su sabiduría y del origen de su poder. Un poco como el proyecto de Sentencia que preparó Sierra Porto.
