De políticas, políticos y derechos LGTBI

Que se violen los derechos de las minorías sexuales y se nos piense comunidades que deben ser expulsadas, eliminadas y castigadas sea el resultado de pensar que ponemos en peligro el cuerpo nación colombiana no es raro, dado que también es la razón que ha motivado la eugenesia y otras formas de vulneración de derechos humanos y la causa que justifica una política pública nacional en el tema de los derechos humanos.

El  vicepresidente de la República, Angelino Garzón, ha mostrado su disposición para defender los derechos Humanos de la población LGTBI y ha informado estar dispuesto a crear una Mesa o espacio de diálogo que incluya a funcionarios de diversas instituciones del Estado y a miembros de la comunidad, acción que está siendo liderada por el Ministerio del Interior y Justicia.

La comunidad LGTBI está interesada en que haya una política pública a nivel nacional sobre sus derechos. Según Colombia Diversa y muchos otros estudiosos nacionales e internacionales como Global Rights y la Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas (IGLHRC), los derechos de las lesbianas, gay, bisexuales y trans en Colombia son no sólo irrespetados sino que no les son garantizados, en la medida que en la práctica las autoridades judiciales y administrativas muchas veces anteponen sus visiones prejuiciadas al momento de aplicar la ley y/o desconocen las necesidades propias y derechos de esta población. Así, los LGBT ven vulnerados sus derechos a la vida, la integridad personal, la libertad y seguridad personal, la libertad de expresión, entre otros, sin que los recursos existentes para la garantía de sus derechos sean realmente efectivos.

Para la población LGTBI es claro que se requiere un sistema de información unificado que contemple y de cuenta de la situación de derechos humanos de las personas LGTBI, que se supere la impunidad frente a los diversos crímenes de odio que incluyen los asesinatos, las amenazas de muerte, el desplazamiento forzado y otros casos de violaciones a los derechos como el abuso policial. Dicha impunidad está relacionada con la falta de sensibilización y conocimiento de los operadores judiciales para identificar dichas vulneraciones.

Colombia no solo requiere la defensa de los DH, también se hace necesario que haya lineamientos claros en una política pública dirigida a la población LGBT, desde la cual se implementen los Planes de Desarrollo Locales de los diversos municipios colombianos y no solo en aquellos donde se ha logrado avanzar al respecto.

Internacionalmente Colombia es reconocida  por las sentencias de la Corte Constitucional sobre los derechos de las personas homosexuales y de las parejas del mismo sexo, pero igualmente se requiere implementar acciones para que se cumplan y conozcan.

Por supuesto el país está lleno de contradicciones que dificultan una política nacional en el tema de los derechos humanos de esta población. Vargas Lleras, ministro del interior, con relación a la discusión sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo, recientemente afirmó “tengo la impresión que muchas parejas no tiene la estabilidad necesaria para adquirir ese tipo de obligaciones”, para muchos entendidos en el tema esta ha sido una extraña posición dado que votó afirmativamente en la Comisión Primera de Senado por el reconocimiento de los derechos patrimoniales y de seguridad social de las parejas del mismo sexo.

Las contradicciones también provienen de la procuraduría. El procurador Alejandro Ordóñez, le ha pedido a la Corte Constitucional que mantenga el artículo de la ley de infancia y adolescencia que solo concede el beneficio a uniones del mismo sexo Ordoñez ha señalado “Frente a los hijos adoptados, en razón del principio de igualdad y de no discriminación, opino que ellos tienen derecho a tener una relación de paternidad y de maternidad con su padre y madre adoptantes, semejante a la que tienen los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, con sus padres biológicos”.

Para que exista una política pública nacional sería conveniente que quienes desde el Estado deben actuar en pro de los derechos humanos dejen de considerar que las personas LGTBI son personajes abyectos, monstruos. Digo "monstruos" recordando que se llama monstruo a aquello que es producido contra el orden regular de la naturaleza y, en general, se aplica a un ser fantástico que asusta. La palabra proviene de monstrum ‘prodigio’, palabra del bajo latín derivada del verbo monere ‘advertir’, ‘avisar’. Para los antiguos, la aparición de cualquier cosa diferente, extraordinaria o que pareciera violar las leyes de la naturaleza era un aviso, una advertencia de los dioses a los hombres, siendo estas las mismas creencias que expresan Ordoñez y Vargas Lleras. Tal vez por pensarnos diferentes o violadores de la naturaleza (esa extraña naturaleza concebida por Aquino) se nos sigue excluyendo, no porque realmente lo seamos sino por la dificultad que existe en aceptar al otro como un auténtico otro.