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Evitar las candidaturas oscuras es difícil, pero hay que intentarlo

Semana
27 de enero de 2011

Una de las cosas que ha quedado clara en estos últimos meses es que las acciones armadas realizadas por los mandos medios junto con sus subalternos, que integraron las autodefensas colombianas, algunos en situación de rearme en compañía de quienes no se desmovilizaron, están nuevamente a la orden del día, justamente en momentos en que se inicia la competencia electoral para cargos regionales.

También es claro que la mayoría de los partidos políticos que existe actualmente, se cuidarán de que en sus listas no se filtre ninguna persona con vínculos oscuros, aunque es de reconocer que la labor ha de ser titánica, por la cantidad de candidatos a concejos y alcaldías. Sin embargo, no por eso se deben dejar de establecer desde ya, diferentes mecanismos que eviten que ese tipo de relaciones mal sanas continúen en el poder local.

Desafortunadamente no fue posible castigar la parapolítica en el Congreso de la República mediante el voto electoral, de la misma manera como un día se hizo con el Partido Liberal luego del escándalo del proceso 8.000, y que le significo al liberalismo la pérdida de la silla presidencial y el escalonado descalabro tanto en lo local, como en lo nacional, del que apenas comienza a recuperarse.

La mayor prueba de que la sociedad no respondió en la forma como se hubiese esperado, es que las personas que hoy están presas por la parapolítica, desde la cárcel siguen operando en la política a través de quienes heredaron su curul en el legislativo y que hoy forman parte de lo que se conoce con el nombre de Partido de Integración Social, con los que la política nacional tiene un tanto de prevención.

Como se dijo anteriormente, va a ser muy difícil controlar este fenómeno a un cien por ciento, mucho más porque está la figura de la inscripción de candidaturas mediantes firmas, por lo cual en las elecciones de 2007, se crearon más de doscientos movimientos ciudadanos de los que no se sabe de donde salieron, ni quien estaba tras ellos. De esta manera quienes se vean vetados por el control que opere en los partidos políticos, accederán a las elecciones y mediante una posible presión armada, ganarlas y así hacerse al poder de pequeños y medianos municipios donde operen.

Es por esto que las autoridades electorales deben establecer los suficientes mecanismos de control para que esto no se dé en las proporciones en que se presentaron en un pasado, razón por la que la ciudadanía no debería protestar porque el Consejo Nacional Electoral (CNE), haya decidido elevar los costos de las pólizas para la inscripción de quienes aspiren a cargos de elección popular por movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos, cosa de que en Bogotá o departamentos con más de 700 mil habitantes, se tiene que contar con que la póliza tendrá un costo cercano a los $270 millones, que deben ser respaldados en efectivo o con bienes inmuebles. Hace cuatro años el valor era de $100 millones.

Algunas personalidades de la política como la senadora del Partido Verde Gilma Jiménez y Hernando Carvalho, ven la medida como restrictiva para el acceso a la democracia electoral para quienes no comulgan con los partidos y movimientos vigentes, sin embargo hay que tener en cuenta que la política en lugares distintos a la ciudad de Bogotá, tiene reglas de juego diferentes, que no admiten la cultura de lo transparente y el libre pensamiento.

También hay que tener en cuenta las explicaciones del ex presidente del CNE Marco Emilio Hincapié al Diario El Espectador “la proliferación de candidatos inscritos por firmas hace más complejo el escrutinio, el diseño de los tarjetones y hasta la rendición de cuentas”, hecho que permite la trampa electoral, por lo que es mejor trabajar para que estos se reduzcan en número y así de paso hacerle zancadillas a las candidaturas con procedencias oscuras, tarea que como se mencionó al principio es difícil de llevar a cabo.