La dictadura de los fiscales y las declaraciones prepotentes y ambiguas del señor Fiscal.

La dictadura de los fiscales y las declaraciones prepotentes y ambiguas del señor Fiscal.

 

 

En noviembre 7 de 2011, en el blog La Pringamoza, publicado en El Tiempo, Semana y Eje 21- “Los Maleficios que han acechado en la Fiscalía”, hice un análisis del sino que ha  rodeado ese organismo en cabeza de la mayoría de las personas que han desempeñado el cargo de Fiscal, y sólo da grima y profunda tristeza, y uno se pregunta  ¿en qué país vivimos que muchos de esos exfiscales no están presos?, con un agravante que a muchos de ellos se les debe el fortalecimiento  y expansión del  paramilitarismo. No conocía de la orden del archivo de la investigación al   General Santoyo en el año 2003, una más para agregar a la larga lista de favores dispensada por el ‘bueno’ de Luis Camilo Osorio. Y nada pasa. ¡Qué Fiscales!

 

Mientras en este país no se legisle en forma contundente para erradicar ese ignominioso contubernio burocrático que existe entre los jefes de los organismos de control y los magistrados de las Altas Cortes y Altos Dignatarios del gobierno, seguiremos presenciando atónitos una inicua camaradería entre las ramas del poder público que alimenta una constante impunidad y corrupción y que, por supuesto, está  haciendo estragos en esta sociedad agobiada hasta por la naturaleza, todo esto, ante la mirada connivente del resto de autoridades y el silencio cómplice y cobarde de la comunidad.

 

Leí con mucho detenimiento la entrevista que le concedió el señor Fiscal Montealegre a Yamid Amat, el pasado domingo en el Diario El Tiempo. Contó con lujo de detalles el periplo que realizó por Europa y su visita a la Organización Internacional del Trabajo, la Corte Penal Internacional y el Parlamento Europeo para dar unas explicaciones no pedidas sobre protección de derechos humanos, las cuales no deben de haberlas creído por aquello de la confesión manifiesta; además, el Fiscal no es el Presidente ni el Ministro de la Defensa ni el Comandante de las Fuerzas Militares, que son los que tienen el mando directo sobre los militares y la Policía, quienes son una parte de los violadores de tales derechos, la otra, corre por cuenta de los paracos y los guerrillos.

 

Pero, en fin, de esto no se trata, sino de la esencia de la entrevista, en relación con el caso del exdiputado del Valle , sostiene que con la misma firmeza que ordenó su captura, ordenará su libertad si las pruebas lo favorecen; que la orden de captura se profirió con base en elementos probatorios serios y sustentado en una jurisprudencia de la Corte Suprema, donde se dice que en casos de vinculación de políticos con grupos al margen de la ley se dicta orden de captura para indagar; que la Fiscalía con sus actuaciones demuestra que es garantista y que reconocer la verdad es hacer justicia.

 

Con estas declaraciones infiero, sin lugar a equivocación, que el Fiscal es ambiguo o impreciso en sus afirmaciones, y que este proceso, como muchos otros, se está manejando de manera selectiva y acomodaticia tratando de mostrar a través de lo mediático una posición ficticia de mano fuerte y eficiencia por parte de la Fiscalía, sólo que dicha posición obedece a la ausencia de un tercero que pueda resultar afectado colateralmente, o sea, al exdiputado le falta un buen ‘padrino’ que hubiese estado comprometido en la película. No les quepa la más mínima duda.

 

Lo anterior, se corrobora e implícitamente se demuestra con la declaración del Fiscal General   en la intromisión en este proceso que se adelanta por delitos de toma de rehenes, perfidia y homicidio contra el exdiputado del Valle, Sigifredo López, ya que el artículo 5º de la ley 270 de 1996- Estatutaria de la Administración de Justicia-  dispone:  ningún funcionario de la rama judicial podrá  “insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providencias”. O sea, el doctor Montealegre, en este caso concreto, está coartando la autonomía e  independencia del funcionario instructor, su subalterno.

 

Al anterior Fiscal y a Usted señor Montealegre, en su oportunidad, se les puso en conocimiento las sistemáticas violaciones al procedimiento, la denegación a la justicia y la forma burda como se han pisoteado los derechos de las víctimas Orlando Vargas Moreno y Guillermo Giraldo Jaramillo, en el proceso 314 – Concierto para Delinquir, en la modalidad de paramilitarismo, que adelanta la fiscal 25 Especializada de la Unidad contra el Terrorismo, Carmen Luisa Cardozo, quien de manera cínica y descarada ha procurado por todos los medios, aún prevaricando, favorecer no sólo a los paramilitares sindicados, sino a sus ‘padrinos’ políticos que indefectiblemente resultaran implicados en dicho concierto. Su silencio demuestra un ‘encubrimiento’ inicuo, y da visos de ‘migas’ con esos criminales.

 

A esta fiscal, Carmen Luisa Cardozo, quien resultó ser un dechado de virtudes se le formuló denuncia penal y queja administrativa habiéndole tocado el reparto en lo penal a la Fiscalía 67 de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá- radicado No110016000092201200119, y la disciplinaria administrativa al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, magistrada Luz Helena Cristancho- radicado 2012-2003. Ruego para que a estas investigaciones no las vaya a arropar la “solidaridad de cuerpo”.

 

Por todo lo anterior, me parecen sus declaraciones ambiguas, tibias y distantes de la realidad que se vive al interior de la Fiscalía. Los sindicados en este caso son políticos, y los que puedan resultar implicados también, y su relación ha sido estrecha y bastante notoria con los paramilitares, hoy con las Bacrim, y esa famosa jurisprudencia de la Corte Suprema, que justifica su injerencia en el proceso, y que da piso de legalidad a la captura del exdiputado no ha sido aplicada a este caso concreto en donde está probada su plena responsabilidad. ¿Por qué esta clase de justicia tan odiosa y selectiva?

 

Además, no obstante las denuncias concretas y que reposan en los folios del proceso 314, éste ha sido objeto de una aplicación estricta de la ley 270 de 1996 – Estatutaria de la Administración de Justicia-, en cambio, al proceso del exdiputado Sigifredo López esta normativa en mención le ha sido ajena, se ha hecho caso omiso de ella. Es indudable que la mencionada ley es de doble filo: en unos casos, sirve para que algunos fiscales manejen de manera omnímoda y omnipotente como les venga en gana la investigación y la acusación y, en otros, según los intereses, aceptar terceros así sean superiores para sostener o deponer al fiscal de turno o dar instrucciones expresas sobre la actuación.

 

Definitivamente la Justicia como la Salud en este país están en cuidados intensivos, menos mal que tenemos un Fiscal General que se preocupa por los derechos humanos y por una aplicación de justicia diáfana y pronta, siendo, además, un guardián celoso de los recursos sagrados de la Salud, sobre todo de los que ha recibido SaludCoop por concepto de la UPC – Unidad de Pago por capitación. ¿No les parece? 

 

La próxima semana denunciare una caso aberrante de cómo la Fiscalía ayuda y protege a quienes se ‘roban’ a plena luz del día los bienes.

 

Manizales, Junio 22 de 2012.

Marco Aurelio Uribe García.