La ginecología republicana

En una entrevista para el canal KTVI-TV el pasado 19 de agosto senador norteamericano Todd Akin afirmó: “Según entiendo de los doctores, eso es muy raro”, al referirse a los embarazos causados por una violación, y agregó: “Si es una violación legítima, el cuerpo de la mujer tiene formas de anularlo. Pero asumamos que esto no funciona. Creo que debería haber alguna forma de castigo pero este debe ir dirigido al violador”.

Las respuestas no tardaron en llegar. Múltiples sectores políticos y mediáticos dieron a conocer su desacuerdo e indignación frente a las afirmaciones de Akin. Entre ellos Claire McCaskill, Senadora demócrata de Missouri quien escribió en su cuenta de twitter: “Como mujer y antigua fiscal que manejó cientos de casos de violaciones, estoy aturdida por los comentarios de Akin sobre las víctimas.”

Sobre estas declaraciones, la abogada y activista de los derechos reproductivos de las mujeres en Colombia, Mónica Roa, comentó: “Me da la impresión de que (Akin) se saltó la clase de biología de primaria. Pero no es solamente él. Hay un gran desconocimiento de cómo funciona el sistema reproductivo por parte de muchos políticos que legislan sobre el tema sin entenderlo”, y agregó: “Al escuchar (a Akin) me acordé de Enrique Gómez Hurtado cuando dijo que no se puede probar una violación. Todo esto desconoce el principio de dignidad de las mujeres y es una falta de respeto a las víctimas de violación.”

El debate

Roa junto a otras 1200 mujeres, presentó en septiembre de 2011 una tutela que falló recientemente a su favor a razón de las declaraciones ofrecidas por la Procuraduría General de la Nación sobre los medicamentos abortivos. Al respecto la abogada anota: “Ellos citan un documento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) diciendo que hay dudas sobre la seguridad del misoprostol. Lo cierto es que el texto de la OMS dice que hay dudas sobre la seguridad del medicamento en las hemorragias postparto, pero para los casos del aborto lo recomiendan como un medicamento esencial”, y aclara que la tutela se basó en la violación al derecho a la información.

La abogada también comenta que la Procuradora Delegada para los Derechos de la Infancia la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos, quien presentó su renuncia tras el fallo de la Corte Constitucional, envió una carta a la Superintendencia Nacional de Salud en la cual anotaba que aborto no es un derecho y que los funcionarios públicos no están obligados a remover obstáculos para que las mujeres puedan acceder a él. Roa especifica que la Corte ha dado el dictamen opuesto.

Sobre qué cree que motiva estas declaraciones, la directora de la ONG Women's Link Worldwide refiere que “una cosa es la opinión y otra la información, en especial cuando se trata de funcionarios públicos cuya labor es la de garantizar derechos. Ellos pueden opinar que la OMS está equivocada, pero no pueden tergiversar lo que dice la organización. La autoridad científica prima sobre la opinión personal.”

Las cifras

En Colombia el 44 por ciento de los embarazos no planeados terminan en un aborto inducido y el 99 por ciento de los abortos son clandestinos. Así lo reportó el instituto Guttmacher, centro de estudio de la salud sexual y reproductiva aliado a la OMS.

Por ejemplo, las tasas de aborto son de 29 y 32 por mil mujeres en África y América Latina, respectivamente—regiones en las que el aborto es ilegal bajo la mayoría de circunstancias en la mayoría de los países. Mientras tanto en Europa occidental la tasa es de 12 por mil, región donde el aborto está permitido en diferentes circunstancias.

Estas cifras demuestran que la legislación sobre los derechos reproductivos debe basarse en estudios controlados que favorezcan o contraindiquen los diferentes métodos tanto anticonceptivos como para la terminación del embarazo, en el respeto por la premisa constitucional que promulga separación de Estado y religión y en el sometimiento riguroso al respeto de los derechos individuales.