La Justicia Internacional y la parapolítica

Foto: Juan Carlos Martínez

Tomada de www.elespectador.com

En la edición número 14 de la Revista Arcanos, la analista Claudia López en el balance político al proceso judicial de la parapolítica  da la primera alerta sobre  una posible intervención de la justicia internacional, en el caso de que las investigaciones no se lleven a cabo con el suficiente rigor y no se tenga la  voluntad para acabar con las estructuras política y financiera del paramilitarismo en Colombia.

El artículo de López  asegura que por la filtración del narcotráfico y el paramilitarismo en las instituciones democráticas del nivel local y nacional, hecho que a pesar de ser demostrado en las investigaciones judiciales, no han desembocado en la desarticulación del fenómeno promotor de crímenes de lesa humanidad, despojo de tierras y  violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos, podrían despertar el interés de los tribunales internacionales y su posterior intervención.

Hoy  vemos que las proyecciones de la analista no estaban tan erradas. Por un lado el General Naranjo en la segunda edición de la Revista Bocas que circuló el pasado domingo 9 de octubre con el diario El Tiempo, reveló que la justicia de los Estados Unidos podría solicitar la extradición de Juan Carlos Martínez, exsenador del Valle del Cauca preso en una cárcel de Barranquilla. Por otro lado también se habla de una posible investigación en los Estados Unidos a Enilce López, alias la Gata,  por lavado de activos, a lo que ella respondió en entrevista a El Tiempo,  el pasado 11 de octubre,  “Estoy lista y dispuesta a ir a donde sea necesario, en un avión ambulancia, a demostrar que soy inocente. Estoy dispuesta a sentarme con la DEA a demostrarle que no conozco de narcotráfico. Estoy dispuesta a ir a ese país a aclararlo todo o a ir a donde el general Naranjo a que me investiguen hasta las uñas. Ya no aguanto más tantas mentiras; esto es un vil montaje”.

Lo anterior podría ser el abrebocas para que la justicia internacional comience a indagar hasta dónde los vínculos de la política con el narcotráfico y el paramilitarismo pasaron la frontera con Colombia y en el caso de los derechos humanos, la Corte Penal Internacional puede hacerlo, si la Fiscalía General de la Nación no opera como es debido, ni logra organizarse de manera adecuada para abordar este tema.

Se sabe porque judicialmente se comprobó,  que los estrechos lazos que tejió la clase política regional con el narcotráfico y el paramilitarismo, no se hizo por la mera simpatía electoral, sino que detrás de eso, existían motivaciones económicas y que estas se llevaron a la realidad en la medida en que fichas de las autodefensas eran nombradas en los cargos que resultaban ser claves a la hora de tomarse la contratación pública en municipios y departamentos que estaban bajo su control. Pero además, como bien lo ha dicho el analista León Valencia, “·esto se hizo bajo la  más grande crisis humanitaria en América Latina, más de veintidós mil personas desaparecidas y desplazadas por la violencia de las autodefensas, según datos de la Fiscalía General Nacional”, razón demás para acabar con las estructuras políticas y financieras de este fenómeno que no  desapareció en el gobierno de Álvaro Uribe con la simple entrega de armas de los bloques que llevaron a cabo la desmovilización en el 2005, y que hoy se rearmaron bajo el ropaje de las bacrim y llevan a cabo las mismas acciones que en un pasado ejecutaron las AUC.

Es necesario que la misma voluntad con la que se atacó las estructuras políticas y financieras de la captadora ilegal DMG, se aplique para acabar con la telaraña paramilitar incrustada en las instituciones, antes de que el peso de la justicia internacional caiga sobre Colombia por no haberse llevado a cabo con el suficiente rigor que se necesitaba.