La legalización de las drogas va más allá de una simple norma

El tratamiento político que le ha sido asignado al tema de las drogas psicoactivas ilícitas en Colombia es insuficiente. Hace un año la discusión sobre la reforma constitucional que volvía a criminalizar el porte y consumo de la dosis mínima se redujo básicamente a dos puntos: 1. El deber moral de los ciudadanos frente al Estado; 2. El desvío de las competencias centrales de los cuerpos de policía.

Ambos temas sin duda son indispensables pero a la vez son inconclusos y rayan de lejos con la complejidad típica de los entornos humanos. El debate en filosofía política y moral siempre problematizará los niveles de libertad efectiva con los que cuenta un individuo para revisar racionalmente sus modelos de vida buena: pero el debate sobre la descriminalización y legalización de las drogas psicoactivas –en especial, la marihuana- traspasa las fronteras de dicho debate, así como el tema de las competencias policiales es restringido para comprender como se persiguen y se sancionan conductas que violen la ley.

Así, el principal problema que detecto en el tratamiento político al tema de las drogas psicoactivas –y que ha pasado desapercibido en Colombia- es el de las reformas del Estado que deben asumir los países que pretendan dar un viraje a la prohibición. Me explico: para tomar una decisión de esa magnitud (legalización, descriminalización y trato educativo y de salud pública) se requieren dos estrategias internas/externas. La primera consiste en adecuar las expectativas de los consumidores y las exigencias de la fallida lucha contra el narcotráfico, en función de la capacidad regulatoria del Estado. La segunda consiste en coordinar la política exterior de países afectados directa o indirectamente, con tal de aprovechar la circunstancia histórica (ese clima de opinión internacional favorable) para buscar un realineamiento estratégico entre tomadores de decisión estatales para cambiar el régimen internacional de tendencia históricamente prohibicionista.

Por efectos de espacio me limito a comentar el primer punto. El abarcamiento de sí se legaliza o no, no debe ser un capricho y debe resistirse a argumentos precarios. Por ejemplo, en un país como Colombia, la legalización de la marihuana por ejemplo tiene en sí misma una paradoja estructural: los niveles de generación de violencia están correlacionados positivamente con la diversificación de la cadena productiva de la producción y tráfico de drogas; no obstante, el Estado no está en capacidad institucional de manejar el tema como un problema de sustento educativo y de salud pública, y mucho menos, como una alternativa para aumentar (diversificando) la base gravable en la recaudación de impuestos.

Un país que vivió una “emergencia social” hace un año porque estamos ad portas del colapso completo del sistema de salud; un país donde las instituciones de trabajo se reproducen por la informalidad y en ocasiones la ilegalidad; un país que no ha sido históricamente progresivo en sus sistemas impositivos y donde prima la evasión –como lo demuestra el trabajo excelente de Eduardo Lora de 2005, “el estado de las reformas del Estado en América Latina”; y en un país donde, - para decirlo en términos de la columna de Mauricio García del 29 de octubre en El Espectador-, la educación está estructuralmente definida por la segregación de clases, dónde “ricos y pobres sólo se encuentran como patronos y empleados”; requeriría de reformas que adaptaran las nuevas dinámicas no prohibicionistas a la capacidad regulatoria efectiva del Estado.

Entonces, si bien es cierto que el consumo de drogas sobrepasa personalidades y clases sociales, ¿cómo generar cultura ciudadana y una cultura de respeto común que asimile el tema del consumo como parte integral de la formación ciudadana?. Asimismo, si se legaliza y se diseña un sistema impositivo alto al consumo, ¿quién recibe el tributo?, ¿las entidades territoriales o la Nación?, en unos años, ¿el mismo debate sobre las regalías tendrá asidero sobre manejos irresponsables y corruptos sobre la tributación al consumo?, ¿qué agencia gubernamental estaría en capacidad de prevenir y tratar adictos?, ¿ayudará eso al colapso del sistema de salud?, ¿existirá educación de varios pisos sobre el tema según el nivel de ingreso y según la escuela privada o pública que asista el potencial adicto?

Son preguntas que no se han dado y que están en el corazón de las reformas del Estado que debería asumir un país si se perfila en esa ruta.

Juan David Velasco

Polítologo

Universidad Javeriana