La Ley de Regalías : un camino minado rodeado de buenas intenciones

Hace algunas semanas se reglamentó la Ley de Regalías en la que está en juego, el manejo de $ 9 billones de pesos por año. Como ya es muy conocido, esta iniciativa del Gobierno Santos, busca hacer la reforma fiscal mas grande en muchos años, con un objetivo muy claro: ordenar la casa que le costo en despilfarros al país miles de millones de dólares en las últimas décadas.

La cantidad de elefantes blancos y de obras inconclusas que se ven en Arauca, Meta y otras regiones, son el testimonio mas dramático del horrible descuido de este país durante muchos años, en el manejo de las regalías. En una propuesta muy arriesgada, el Ministro de Hacienda ha utilizado la metáfora de extender la mermelada en la tostada,  para explicar cómo las medidas tomadas, buscan  beneficiar a muchos mas municipios, que los que estaban recibiendo los recursos de las regalías y tratar de corregir de tajo el problema.

Sin embargo, como ha sido comentado por muchos expertos sobre la materia, hay muchos aspectos de los detalles en la implementación de esta Ley, que pueden convertirse en una nueva vena rota.  El problema que se quería resolver, se puede multiplicar por todo el país. Como lo expresa un buen dicho popular: el diablo está en los detalles.

De acuerdo a los análisis realizados, los mecanismos que se han diseñado para tomar las decisiones de dónde y cómo invertir los recursos en las regiones, se ven tremendamente complejas. La reglamentación de la Ley establece los Órganos Colegiados de Administración y Decisión ( Ocad), que son los comités donde se van a tomar las decisiones, bajo un mecanismo tripartito entre el Gobierno Nacional, las gobernaciones y los alcaldes. 

En la reglamentación se establecen cinco de estos mecanismos. Uno a nivel nacional, otro regional y el tercero a nivel de los departamentos. Los dos últimos están a nivel de los municipios y para las ciudades en los márgenes del río Magdalena.

En el Ocad del nivel nacional, se definirá la utilización del 10% de las regalías que se invertirá en Ciencia, Tecnología e Innovación. En esta instancia estará representadas las universidades públicas y las privadas (6) y siete gobernadores. En el Ocad Regional, se decide la suerte de $2.2 billones con la participación de cuatro gobernadores y nueve alcaldes. A nivel de los departamentos, los recursos van a ser de $3 billones con una participación del 10% de los alcaldes. En la instancia municipal, habrán 1100 municipios donde se elegirán los alcaldes.

Como lo menciona el artículo publicado por la revista Dinero hace dos semanas, hay varios problemas que se vienen con el esquema definido. El primero de ellos, es que se van a necesitar unos esquemas complejos, para elegir a los delegados en las diferentes instancias establecidas.

El segundo problema es que el Gobierno perdió el control del proceso ya que solo será un invitado mas a la mesa donde los gobernadores y alcaldes tienen mayoría, como bien los señala la publicación. Lograr que se generen los consensos para tener proyectos de alto impacto regional y nacional, en función de las prioridades del Plán de Desarrollo del Gobierno de turno, va a ser un acto de malabarismo político con altísimos riesgos, de que el proceso quede secuestrado por los pequeños intereses politiqueros o por las mafias que se han apoderado de muchos municipios en el país.

El tercer problema es la definición de criterios para establecer cuáles van a ser los proyectos que deben de recibir los recursos. Y ahí surge el cuarto problema, la falta de capacidad que hoy muestra el país, en la formulación de proyectos bien estructurados.

Tenemos la paradoja de contar con los recursos, pero no con los proyectos que eviten repetir las nefastas experiencias pasadas y la corrupción inmensa que se generó. El sexto problema está asociado a la muy baja gestión que se evidencia en muchas regiones y la incapacidad de ejercer oportunamente el control por parte de las entidades responsables, que suelen llegar tarde y cuando ya el problema no tiene reversa. 

Hay un serio peligro adicional que lo evidencia Dinero que me parece muy complejo. Llegar a la presentación en las instancias definidas donde se deciden los destinos de $9 billones de pesos por año, va a generar una nueva realidad electoral que en época de elecciones se puede convertir en un verdadero dolor de cabeza para el país. Y no es para nada claro cómo se va a blindar el proceso, de todos los peligros ya mencionados. A lo anterior se suma el problema que tendrá el Gobierno para nombrar sus representantes, especialmente en las instancias municipales ,cuando hay mas de 1100 entidades de este tipo en el territorio nacional.

A la luz de todo lo anterior, los mecanismos ya establecidos en la reglamentación de a Ley de Regalías, mas los que seguramente aparecerán hacia adelante, ya que esta es una experiencia de aprendizaje inédita en Colombia, pueden convertir el proceso de aprobación de proyectos en un crucigrama sin solución. En la medida que esto suceda, se perderá credibilidad en el sistema y las consecuencias de recursos acumulados sin ejecutar, generará una presión política muy difícil de manejar.

Y como dice el refrán popular aplicable al camino que escogió el Gobierno en la implementación de la Ley de Regalías: el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones. Y añadiría yo: con muchas frustraciones.