La Paraeconomía ayudó al desfalco de la salud
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Con las investigaciones tanto académicas como judiciales que pusieron en conocimiento de la opinión pública el estrecho vínculo entre la clase política regional con el paramilitarismo en Colombia, se dio el primer paso para indagar acerca de lo que hubo más allá de las simpatías electorales que llevaron a un jefe o militante de las autodefensas colombianas a ejercer presión armada sobre determinada población para influir en las votaciones para elegir candidato.
La idea con la que se justificaban las autodefensas para su accionar beligerante quedó desdibujada en la medida en que las versiones libres de justicia y paz, junto con las investigaciones académicas dejaban al descubierto que sus verdaderas intenciones estaban muy lejos de querer defender a la población civil de los ataques guerrilleros, en lugares donde la Fuerza Pública no hacía presencia y que realmente estaban ligadas a las ganas de tomarse no solo el control militar, sino además el control de las instituciones públicas para hacerse a las finanzas públicas, creando empresas fachadas para lograr las contrataciones que se llevaban a cabo en los municipios y departamentos.
Es claro que para llevar a cabo tal acción se requiere de una reglamentación que les permitiera formar parte de los invitados a participar en “convocatorias públicas del grueso departamental, municipal y nacional”, por lo cual era necesario imponer candidatos a los distintos cargos de elección popular, quienes a su vez nombrarían personas claves en las administraciones que les ayudasen a lograr sus propósitos. Es así como a través de pactos como el de Chivolo (Magdalena), Coordinación (Llanos Orientales), Urabá, etc., son elegidos alcaldes, concejales, diputados y gobernadores, de las entrañas del paramilitarismo algunos, otros con la sola relación de amistad o familiar que ayudan en las distintas licitaciones para que fueran acomodadas a favor de los jefes de la autodefensas.
Desfalco al sistema de Salud:
El sistema de salud en Colombia fue sometido a dos reformas importantes, la primera de ellas se ejecuta en el gobierno de Cesar Gaviria (1993), en el contexto de descentralización. Esta se hizo a través de la llamada ley 100 sancionada el 23 de diciembre de 1993, promovida por el entonces Senador de la República Álvaro Uribe Vélez, junto con Juan Alfredo Pinto, dándole vida a las Empresas Promotoras de Salud (EPS), instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y se otorgó a las cajas de compensación familiar la posibilidad de formar parte del sistema de seguridad social, cambiando la forma de financiación y administración de recursos humanos y los servicios en general, lo mismo que la infraestructura en la red hospitalaria. También se abre la posibilidad de generar la libre competencia en el mercado de las EPS bajo la premisa de que esta impulsaría una mejor prestación del servicio en salud.
El cambio realizado durante la administración de Cesar Gaviria, no logró una cobertura universal en materia de salud, por lo que en 2003 se da lugar a la discusión del proyecto de ley No 52 en el que se reconoce el problema y deja en claro la preocupación por los problemas de desviación de recursos del régimen subsidiado por injerencias políticas y la crisis en la red de hospitales públicos que no resistieron las reglas que el mercado de la libre competencia les impuso.
Se gesta entonces un nuevo proyecto de reforma a la salud, promovido por los senadores Dieb Maloof y Eduardo Benítez, aprobado el 6 de diciembre de 2006, mediante el cual se reformaba la ley 100. La norma abría la posibilidad de nuevas afiliaciones que cubrieran el régimen subsidiado, por medio del aumento en la base de cotización en salud en 0,5 puntos; con esto las administradoras del régimen subsidiado ARS pasaron a ser administradas por las EPS; los subsidios pasaron a ser financiados con recursos de la red hospitalaria, fortaleciendo así a las EPS, dándoles la posibilidad de monopolizar el manejo de los recursos públicos.
Este cambio promovido por los senadores Maloof y Benítez, les llegó como “anillo al dedo” a las oscuras relaciones que desde tiempo atrás tejieron empresarios, políticos y paramilitares, quienes dan rienda suelta a su imaginación para hacerse a las grandes cantidades de dinero que se giran desde el gobierno central para el sector salud. Para llevar a cabo sus fines económicos, ésta tripleta hace uso de la figura de contratación con las cooperativas de trabajo asociado y aprovecha el reordenamiento territorial que le da el nuevo sistema al Instituto de los Seguros Sociales, quien pasa a convertirse en Empresa Social del Estado (ESE), con una distribución geográfica de siete sedes en todo el país, las que dependen del Ministerio de Protección Social entre las que se encuentran José Prudencio Padilla (Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y San Andrés), Luis Carlos Galán Sarmiento (Bogotá); Policarpa Salavarrieta (Tolima, Huila, Caquetá, Norte de Santander); Antonio Nariño (Nariño, Cauca, Putumayo, Valle); Rita Arango Álvarez del Pino (Eje Cafetero); Rafael Uribe Uribe (Antioquia, Chocó, Córdoba).
La ESE José Prudencio Padilla, con sede en la ciudad de Barranquilla cubre los departamentos de la Costa Atlántica con excepción de Córdoba y se convierte en el blanco de los intereses económicos de Jorge 40, quien monta una red empresarial en las que incluyó al sector salud del territorio y que según información del computador de don Antonio, obtuvo ingresos de 989 millones de pesos.
Un hecho que le permitió a 40 asegurarse con anterioridad de que los planes se llevarían a cabo tal cual se trazaron, es la firmade los pactos de Pivijay y Chivolo donde queda establecido que los aspirantes a Senado y Cámara por el Magdalena, Dieb Maloof, Jorge Castro, José Gamarra y Gustavo Orozco Jaraba, junto con los alcaldes titulares de Pivijay, San Ángel, Algarrobo, Zapayán, Remolino, Chivolo, Salamina y Ariguaní, se comprometían a asegurarle la votación a José Gamarra y este a su vez se los endosaría a Dieb Maloof, cosa de que cuando este llegara al congreso conseguiría recursos de inversión social y les daría participación a sus socios.
Es así como Dieb Maloof, médico de profesión y conocedor del nuevo régimen en la salud por ser quien promueve el cambio desde el Congreso de la República, pone los recursos de la ESE José Prudencia Padilla al pedido de Jorge 40, para lo cual se hizo a la contratación a través de cooperativas de trabajo asociado utilizando a familiares y amigos cercanos para el manejo de estos procesos con trece cooperativas que tenían algún tipo de relación con el senador, a las que se les otorgó responsabilidades por un valor de $23.245 millones para la vigencia de 2005, las que sumadas al total de cooperativas (24) se contrató un monto de $82.310 millones.
Bajo estos procedimientos la ESE José Prudencia Padilla en 2006 presentó problemas de liquidez, lo cual obligó al gobierno a ordenar la supresión y liquidación a través del decreto 2505.
El desfalco al sistema de salud en la Costa Atlántica es el ejemplo más claro de la relación entre parapolítica y Paraeconomía, tema que hasta el momento se ha tocado de manera superficial por parte de la opinión pública, la justicia, los medios de comunicación y la academia.?
Mediante estas investigaciones se observa la manera como se desvía el objetivo del Estado Social de Derecho y se le pone al servicio de la ilegalidad. A través de los textos de la Parapolítica se describe la forma que se utiliza para llegar al poder legislativo y colocar las leyes a favor de los intereses de los paramilitares; mientras que en la Paraeconomía se hace uso de las normas expedidas en el Congreso de la República para hacerse a las finanzas públicas en las regiones.?