Las manìas funestas que se heredan en la Fiscalìa.

Las manìas funestas que se heredan en la Fiscalía.

Todas las instituciones que conforma la estructura estatal tienen su razón de ser, por lo tanto

no sobran ni son malas, los que sobran y son malos y perjudiciales son todas aquellas personas indeseables, lacras humanas, belitres que se infiltran en ellas y contaminan o pudren con su corrupción a los demás, no a la institución, así se trate de las Altas Cortes, Congreso, Fiscalía, Procuraduría o de otra del orden nacional, departamental o municipal..

Dentro de los grandes avances que ha tenido el Estado colombiano en los últimos años, en materia de justicia y protección de los derechos, ha sido la creación de la Fiscalía General y la figura de la Tutela consagradas por el Constituyente del 91; dos instituciones de gran calado y cuya finalidad es procurar la modernización de la deficiente y vergonzante  administración  de justicia, lo cual ha resultado fallido por el desacierto en la escogencia del timonel de la Fiscalía, y la colisión reiterada entre las altas Cortes por los fallos de tutela como medición de poder.

Error craso en el que incurre la mayoría de colombianos cuando señalan por casos aislados a toda la rama judicial, en especial a la Corte Suprema como retaliación por la investigación de la para política, como portadores del estandarte de la corrupción y, por ende, de impunidad; nada más alejado de la realidad que esta infundada percepción, ya que la corrupción y la impunidad tiene su génesis en la Fiscalía y es desde el mismo momento en que se avoca de oficio, por denuncia o querella la investigación de los delitos iniciando las pesquisas o averiguaciones para establecer la identidad y plena responsabilidad de los autores de la conducta antijurídica.

La premisa de una pronta y cumplida justicia se consolida evitando a toda costa dilaciones provocadas, ya que con el paso del tiempo la verdad se aleja  y facilita la manipulación de la prueba no sólo por parte del sindicado sino del funcionario investigador; cuando priman intereses de diferente índole se violan los más elementales derechos procesales, y, en muchos casos concretos, goza de la connivencia y/o beneplácito o ‘encubrimiento’ del superior del funcionario instructor. El señor Fiscal y sus diáfanos Asesores saben perfectamente que me asiste la razón y a que procesos me refiero.

Por ese importante organismo, vital para la administración de justicia, han desfilado hasta hoy siete (7) Fiscales de distinto pelambre y de un variopinto impresionante en su modo de pensar y actuar y en sus valores éticos y morales; alguno de ingenuidad extrema y apasionado por doctrinas esotéricas; otro por ser un manipulador de las pruebas procesales, según el expresidente Samper; Fernando Londoño Hoyos, sostiene que hubo uno muy allegado a la guerrilla; la única mujer Fiscal por no tener autodeterminación  y ser manipulada por su cónyuge; Osorio se encuentra bastante enredado por vínculos de amistad y favorecimiento a paramilitares. A Colombia jamás la superaran en este record ‘guinnes’.

Eduardo Montealegre Lynett, actual Fiscal General, seguidor irrestricto del ‘tratadista’ Perogrullo por su afición a la paremiología y discípulo aplicado del ‘jurista’ Borges como buen hereje (manifestaciones hechas en la entrevista con María Jimena Duzàn), está resultando un fiasco preocupante y hasta azaroso para una endeble administración de justicia que se encuentra fragmentada por la frágil voluntad de algunos operadores judiciales, que reciben como anillo al dedo el caldo de cultivo que les ofrece el Jefe del ente investigador y acusador por su posición acomodaticia y carencia de control de gestión en determinados procesos, según la condición de los protagonistas y su efecto mediático.

No conozco los pormenores ni la incidencia que el transcurso del tiempo pueda tener en las investigaciones de los procesos que se adelantan contra los exministros Sabas Prettel y Diego Palacios por el escándalo de la Yidispolìtica; sobre las interceptaciones o ‘chuzadas’ del DAS; sobre la desviación descarada o, mejor dicho, peculado por aplicación diferente de los sagrados recursos de la Salud por cuenta más de Palacino que de SaludCoop- E·.P.S.-; la vergonzosa desmovilización de la ‘cacica gaitana’ donde el responsable es Luis Carlos Restrepo; sobre los responsables, ejecutores y beneficiarios, que faltan por Agro Ingreso Seguro y el homicidio, antes asesinato, del estudiante Colmenares. Esta alerta se consigna para evitar que en un futuro vayan a salir con el cuento de la prescripción o vencimiento de términos.

Tampoco conozco los intríngulis en la investigación del señor López, Diputado del Valle, pero sí me ha causado extrañeza, más que  curiosidad, de ver como se apersonó de este caso el Fiscal General, haciendo caso omiso del artículo 5º de la ley 270 de 1996- Estatutaria de la Administración de Justicia-  que dispone: “ningún funcionario de la rama judicial podrá  “insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providencias”, lo que les da una independencia y autonomía aparente, en unos casos, les permite los desafueros corruptos, y en otros, se impone la voluntad del superior.

Además, deja mucho que desear la actitud del Fiscal General en términos generales y, en especial, en este caso específico cuando en entrevista con la Duzàn en Semana sostiene: “Si la Fiscalía en algún momento se da cuenta de que las hipótesis que viene manejando no son correctas, no le quepa la menor duda de que ese día se le reconocerá la presunción de inocencia a Sigifredo López. El tema de Sigifredo es que a él se le imputan delitos de lesa humanidad, toma de rehenes, homicidio, secuestro. Las penas y los delitos a que se enfrenta Sigifredo son más graves de los que enfrenta el embajador Visbal”. 

El Fiscal reconoce, ni más ni menos sin sonrojarse, que al señor López se le ha desconocido o violado su derecho de presunción de inocencia, así de sencillo, y, de paso, aplica un rasero discriminatorio odioso entre el Diputado del Valle y el exembajador Visbal, y esgrime la “prueba directa de cargo”, sólo le faltó decir que los sanguinarios paramilitares son de mejor familia que los terroristas de las Farc.  Señor Fiscal, un subalterno suyo le dijo a Semana, refiriéndose a este paralelo: “los delitos de lesa humanidad son todos los actos generalizados y sistemáticos, perpetrados dentro del concierto para delinquir que se investiga". ¿Será que el doctor Montealegre sigue los pasos del Fiscal Osorio respecto de los paramilitares y los considera mejores por los visos de legalidad que recibieron de la Gobernación de Antioquia en la década de los 90?

Tengo serias dudas sobre la cacareada honestidad del doctor Montealegre Lynett, no tanto por el oscuro y millonario negocio, para mi opinión, que realizó con Carlos Palacino, amo y señor de SaludCoop, sino por diferentes y constantes intromisiones en asuntos ajenos a sus deberes, la complacencia y protección que le ha brindado a algunos fiscales corruptos, no obstante habérsele alertado al respecto, y a sus deshilvanadas declaraciones que sólo dejan inquietudes y dudas sobre el manejo y direccionamiento de la Fiscalía, no dejando equívocos en su parcialidad.

El Fiscal General  ni siquiera ordena a sus áulicos dar una simple respuesta a un sagrado Derecho de Petición; mi nombre está consignado al final del artículo, mi identidad es la cédula de ciudadanía 2.834.607, mi dirección carrera 29 No 69-107- Manizales. Respetuosamente le hago esta petición pública: que está pasando con el proceso 314 – Concierto para Delinquir, modalidad paramilitarismo, Fiscalía 25 Especializada de la Unidad Antiterrorismo a cargo de Carmen Luisa Cardozo, funcionaria de la que se infiere, sin duda, un alto grado de corrupción.  Proceso 2400- Celebración Indebida de Contratos- Fiscalía 13 de la Unidad Anticorrupción- se apeló la resolución de acusación hace 20 meses y no se ha resuelto el recurso por parte del Fiscal 62 Delegado ante el T. Superior de Bogotá  . En estos dos procesos los sindicados son reconocidos paramilitares del Magdalena Medio. ¡Qué tal esto!

Señor Fiscal General, con la mayor consideración y acatamiento le manifiesto que los denunciantes de las transgresiones penales y las víctimas de los delitos merecemos respeto y no vamos a permitir que la Fiscalía nos pisotee nuestros derechos denegando, de manera cínica y arbitraria, una administración de justicia pronta y cumplida que venimos clamando de tiempo atrás. Espero ver dilucidado este embrollo antes de que me asesinen.

Manizales, Julio 19 de 2012.

Marco Aurelio Uribe García.