Las marchas estudiantiles: una oportunidad para Colombia

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En esta semana que termina, hemos visto como la situación, normalmente caótica del tráfico de nuestra ciudad, se vio aun mas afectada por las marchas estudiantiles que paralizaron el funcionamiento de muchas zonas de Bogotá. Estas manifestaciones fueron la respuesta, que tuvo el Gobierno Nacional, a la presentación de las modificaciones que pretendía introducir a la Ley 30 de 1992 y que regula a las universidades en el país. 

Hace cuatro semanas escribía yo en este espacio, sobre la situación chilena y las consideraciones que se deberían tener en cuenta en el caso colombiano. Para cualquier observador internacional de los movimientos sociales, no era muy difícil prever que algo similar podía suceder en Colombia. Precisamente, con el mejor ánimo de contribuir con estas reflexiones, me reuní por esos días con el Viceministro de Educación, para comentarle mis impresiones de lo que había visto en Chile, donde el problema se le había salido de las manos al Presidente Piñera.  

Quisiera recordar que, las manifestaciones de los estudiantes en el país austral, tenían un componente muy delicado que su Gobierno no supo valorar a tiempo. Al tener las matriculas mas costosas del continente y un nivel de calidad muy deficiente en la mayoría de las instituciones de Educacion Superior, el sistema no estaba cumpliendo con las expectativas de movilidad social prometidas por la Concertación desde 1991. Este fue el año cuando,  los partidos de centro - izquierda, subieron al poder en Chile y tomaron la decisión de mantener el modelo económico de Pinochet, pero enfatizando los temas sociales de la salud, la educación y la vivienda. 

En Chile, la combinación de altos costos y baja calidad, ha generado una situación  donde el estudiante, al salir al  mercado laboral, no recibe la remuneración que esperaba y que le permite responder al préstamo adquirido para pagar su educación profesional. Esta situación, que tiene estos componentes económicos, puso en evidencia el problema mucho mas grave y de fondo: la calidad y la pertinencia de la formación universitaria. 

Afortunadamente, en el caso colombiano, el Presidente Santos se dio cuenta que no valía la pena darse la pela política de una confrontación con los estudiantes, para defender un proyecto que había sido desdibujado a lo largo del proceso. Al eliminar la posible participación de la inversión privada y ver el rumbo que estaba cogiendo la discusión con el documento presentado a los legisladores, enfrentó el problema de manera muy inteligente al retirar el proyecto del Congreso. Y al mismo tiempo, abrió el espacio para dar un debate mucho mas abierto sobre los diferentes temas que afectan la educación universitaria en Colombia. 

Mirando desde afuera, surgen muchos cuestionamientos al proceso seguido en la presentación de la modificación a la Ley 30. El primero de ellos está relacionado con la manera en que la Ministra de Educación socializó el tema. De acuerdo a sus declaraciones, se hicieron muchas reuniones a lo largo y ancho del país para tomar las opiniones de los interesados. Ella menciona que los estudiantes, que hoy salen a las calles, estuvieron muy pasivos durante los meses donde se tuvieron las reuniones para discutir el tema.

Pero si se escucha a los rectores, los académicos, los estudiantes y otros actores de la sociedad, lo que brilló por su ausencia fue precisamente la socialización de las propuestas. Los rectores de las universidad públicas se quejan de que sus opiniones no fueron tenidas en cuenta y que el principal problema que ellos enfrentan de recursos para cumplir con su misión, no tiene una verdadera respuesta en el articulado presentado al Congreso por parte del Gobierno. Los académicos, por su parte, se quejan de que no se tuvieron en cuenta sus opiniones y que las referencias utilizadas en la propuesta son todas extranjeras. Y los estudiantes hoy, se quejan de todo el articulado en general. 

En este entorno de visiones contradictorias y ánimos alebrestados, parecería que el único punto de encuentro es la necesidad de revisar de fondo la Ley 30 y ponerla en sintonía con la realidad actual de Colombia. Pero mucho mas importante, es la necesidad de alinear el proceso de formación universitaria, para los próximos diez años, a la luz de las dinámicas mundiales en la formación del capital humano. Este es un tema que a nadie se le ocurriría discutir como un factor crítico de éxito para la competitividad de un país. 

Al retirar el proyecto del Congreso, y al abrir las puertas de manera amplia a la discusión con los estudiantes, el país tiene la oportunidad de poner en el centro de la agenda pública un tema que es vital para el futuro de Colombia en el contexto mundial. Por esta razón, no solo son los estudiantes los únicos interesados en el tema. Pienso que la participación de la academia, los empresarios y el sector educativo en general, son vitales para lograr un consenso, en relación a los criterios de calidad y relevancia que vamos a tener, para la formación de las personas que tendrán en sus manos el desarrollo hacia el futuro de nuestro país. Si estos criterios quedan claros, las decisiones de los recursos que se necesitan, deberán de ser coherentes para poder cerrar la monumental brecha que tenemos con los países mas avanzados en el mundo. 

Quiero anotar que en todas las noticias y comentarios que han surgido alrededor del problema de las marchas, el gran ausente es la visión internacional que debería enmarcar las discusiones y orientar las decisiones hacia el futuro, en materia de formación universitaria y técnica. Colombia, con la decisión de internacionalizar su economía, necesita de un capital humano con las competencias relevantes en un contexto globalizado, donde el talento humano es la diferencia. ¿Cómo vamos a competir e innovar, sin la gente requerida, para aprovechar los TLC con Europa, Estados Unidos, Canadá, Corea, Japón y otros?