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Ley de víctimas del papel a la práctica

Semana
13 de junio de 2011

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Foto: Sanción presidencial de la ley de víctimas, junio 10 de 2011

 

Durante la sanción presidencial  de la ley de víctimas el pasado viernes 10 de junio, el primer mandatario de los colombianos, Juan Manuel Santos Calderón, en medio de su discurso afirmó que “esta ley no es un puerto de destino, sino apenas la grilla de partida. Es ahora cuando se pone a prueba la capacidad y la voluntad no solo del Estado,  sino de toda la sociedad colombiana para cumplirles a las víctimas”, palabras con las que invitó a todo el país para que se dé a la tarea de generar un ambiente favorable a la reconciliación nacional, esta vez, con las personas que han sido perjudicadas por el conflicto armado como protagonistas.

 

En el acto estuvo presente el actual Secretario General de la Organización para las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki Moon, quien destacó el esfuerzo de los congresistas colombianos,  para darles a las víctimas una herramienta que les permita reclamar los derechos vulnerados por los efectos de la guerra  interna que vive nuestro país.

 

La importancia de este hecho radica en que es la primera vez que en Colombia se tiene en cuenta a las personas que han sufrido las consecuencias de la violencia, en momentos en que se analiza las formas para terminar la guerra interna en nuestro país, más allá del cese al fuego y un acuerdo político que permita la desmovilización de los grupos armados al margen de la ley.

 

Esta reglamentación viene en discusión desde el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, cuando se presentó el marco jurídico que permitiera la reinserción de buena parte de las autodefensas colombianas y la Corte Constitucional de ese entonces tumbó la ley,  porque no contemplaba la confesión de los hechos, ni la reparación a las víctimas. Es así como luego de escuchar a algunos miembros de la Fundación Víctimas Visibles, el senador Juan Fernando Cristo, se da  a la tarea de proponerle al país una ley que les facilitara a las poblaciones afectadas por el conflicto, su debida reparación y  el acceso a la verdad.

 

 Desde ese momento quienes se han visto afectados por la acción de los miembros de las Autodefensas,   han dado la lucha porque la verdad que los hizo víctimas del conflicto armado se sepa y  sus derechos les sean restablecidos, cosa que hasta la fecha no ha sido posible, muy a pesar de que  en la  sentencia C-228 de 2002, la Corte Constitucional consolidó un replanteamiento. Desde entonces quedó claro que la víctima de un delito o los perjudicados por éste,  tienen derecho a participar en el proceso penal,  no sólo para obtener el resarcimiento,  sino también para hacer efectivos sus derechos a la verdad y acceso a la justicia, sin que exija demostrar un daño patrimonial, superando así una concepción precaria de los derechos de esta población.

 

Tal sentencia no tuvo el efecto deseado como lo expresó el Ex defensor del Pueblo Eduardo Cifuentes en el foro Ley de Víctimas, Realidades y Alcances, celebrado en la Universidad de los Andes el 4 de abril de 2009, porque según él, durante el gobierno de Álvaro Uribe hubo una etapa oscura que el país no conoce,  “la expedición de decretos reglamentarios”,  los  cuales fueron  adversos al proyecto de ley de Justicia y Paz,  y que de manera abierta propiciaron la  impunidad que se quiso evitar. Estos decretos fueron demandados en el contencioso administrativo y las sentencias que están en pie se conocerán muchos años después, pero mientras tanto estos tienen efecto en la etapa de investigación que se da en el momento,  y más adelante en la etapa de juzgamiento.

En el mismo sentido se pronunció el Representante a la Cámara Guillermo Rivera, quien aseguró que la realidad de las víctimas comenzó a hacerse visible en la medida en que se dieron las versiones libres, lo que hizo necesario tener en cuenta a las personas que fueron perjudicadas por las acciones de las AUC,  pero no como elementos que hacen parte de la estructura de la ley, sino como elementos que se fueron adjuntando en la medida en que las declaraciones de los desmovilizados fueron dándose, lo que provocó que se dieran una serie de decretos reglamentarios para que las instituciones se ajustaran a una realidad que no fue tenida en cuenta desde un comienzo.

 

Se inicia el camino hacia la expedición de una ley de víctimas

 

En 2008, senado y cámara discuten la conveniencia de aprobar un Estatuto para las Víctimas o proyecto de ley 157, aprobado en primer debate y por unanimidad en la Comisión Primera de la Cámara Alta en diciembre de 2007, que tenía como finalidad  la reparación integral de las víctimas, entendida no sólo como la devolución de sus bienes (tierras y patrimonio), y la indemnización por la privación de ellos, sino el reconocimiento de que el Estado obró negligentemente por no garantizar la protección de sus derechos. También incluía una ampliación del concepto de víctimas extendiéndolo a las víctimas de vulneración a sus derechos por agentes del Estado, punto que generó un intenso debate con el gobierno nacional, quien se oponía con el argumento de que no se puede poner a los miembros de la fuerza pública en el mismo nivel de los grupos ilegales y que además,  según el entonces Ministro del Interior Carlos Holguín “era demasiado costoso e inviable para el Estado”. En ese momento surge la pregunta de cuánto costaría una reparación integral a las víctimas, con lo cual se inicia una nueva discusión en el proyecto de ley, esta vez en términos económicos.

 

Más adelante la bancada del gobierno de Álvaro Uribe  en la Cámara de Representantes, en cabeza del Representante conservador Jorge Humberto Mantilla, modifica el proyecto, lo que provoca indignación en las organizaciones de víctimas del conflicto que participaron en las mesas regionales,  lo que hace que estas pidan a través de una carta a los congresistas, su no aprobación.

 

Luego de tantas discusiones  la ley fue aprobada en la Cámara de Representantes y al pasar a conciliación en el Senado de la República, este  rechaza la norma por petición del gobierno nacional en cabeza de Álvaro Uribe, quien pidió a un grupo de parlamentarios afines que no respaldaran la iniciativa al considerar que supondría "un trauma irreparable a las finanzas del Estado" y una "grave amenaza" a su política de seguridad democrática.

Un total de 48 de 72 senadores votó por el no, con lo que negaron la conciliación, acto con que fue rechazada. Para ese momento, el entonces  ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga, consideró como "inviable" la aplicación de la Ley de Víctimas de la violencia por su alto costo que según él, alcanzaría desembolsos por 36.209 millones de dólares.

 

Juan Manuel Santos retoma la iniciativa

 

Cuando el Partido Liberal en cabeza de Rafael Pardo, adhiere  a la bancada de Unidad Nacional promovida por el  entonces electo Juan Manuel Santos, pide dar apoyo a una ley de víctimas del conflicto armado, promesa que se cumple en septiembre de 2010 cuando en un acto que se puede considerar, más que simbólico,  como de gobierno, el primer mandatario de los colombianos, se dirige al Congreso de la República a radicar personalmente el proyecto, del que minutos antes, dijo que de ser aprobada la iniciativa,  “habrá valido la pena ser presidente”.

De inmediato se retoma la discusión que por momentos se intensificó en la medida en que el expresidente Álvaro Uribe trataba de influir en los congresistas que consideraba cercanos a sus afectos con el fin de interponerse en un proyecto que claramente no era de su gusto, lo mismo que de personajes de opinión y políticos tanto de izquierda como de derecha, por lo cual la revista Semana.com publicó un artículo que tituló “Palo porque sí y porque no” https://www.semana.com/nacion/palo-porque-porque-no/157529-3.aspx.

 

Juan Manuel Santos se comprometió también con una ley de tierras, que quedó incluida dentro de la recién sancionada ley de víctimas, con lo que se da por sentadas las bases para que Colombia inicie la creación de un ambiente favorable para una justicia transicional,  que permita a los grupos armados al margen de la ley desmovilizarse y  a las personas que se vieron perjudicadas por el cruce de balas y la barbarie de la guerra, la debida reparación, el acceso a la verdad de los hechos y el retorno a su lugar de origen a quienes fueron despojados de sus tierras.

 

La aprobación de esta ley y su posterior sanción presidencial, es el abre bocas para que Colombia inicie una carrera de obstáculos en lo que tiene que ver con la aplicación de la norma, porque es bien sabido que en los departamentos y municipios donde se vive el conflicto armado la realidad es muy distinta a la que pueden vivir las víctimas y desplazados por la violencia que se encuentren en Bogotá y en otras ciudades principales, porque a diferencia de países que han vivido intensos conflictos y se han dado a la tarea de reparar a sus víctimas, Colombia no ha superado la guerra.   En vereda y municipios, aún se vive la ola de violencia en sus distintas facetas, incluida el cruce de balas;  las administraciones locales se encuentran capturadas por grupos políticos, algunos de los cuales se han aliado con actores ilegales, lo que hace aún más difícil la aplicación de esta ley, por lo cual junto a esta tarea, el país entero debe iniciar una labor intensa para depurar las entidades en el nivel territorial y llevarlas a un grado de cero corrupción y politiquería, misión que requiere del apoyo de la ciudadanía en general, cosa de que la justicia pueda cumplirse a cabalidad y los gobiernos locales aporten con su granito de arena, para que las personas que deseen acceder a estas medidas no se vean expuestas al peligro de ser asesinadas, suceso  que se vive en algunas zonas como el Urabá,  donde paramilitares y narcotraficantes en contubernio con actores legales como empresarios, políticos, mandatarios locales y miembros de la fuerza pública continúan promoviendo homicidios  y despojos por esta causa.