Ley de víctimas, la tarea apenas comienza

Colombia inicia un difícil camino,  en el que dará aplicación a la recién aprobada ley de víctimas en el Congreso de la República,  con la que se que pretende devolver dos millones de hectáreas a sus verdaderos dueños y reparar a un universo de víctimas,  estimado en no menos de cuatro millones de personas.

No menos difícil  fue el camino de su aprobación en el legislativo,  en donde  la intención de iniciativa liberal tuvo que resistir cuatro años, dos presidencias de la república   y tres ministros del interior, para que finalmente se le diera vía libre a la reparación de millones de personas que de una u otra forma han sufrido las consecuencias de un conflicto armado   que durante décadas enteras,  ha padecido nuestro país.  Gracias a esto se les  dará reconocimiento como ciudadanos con derechos y deberes y se  inicia también un  gran salto social,  que desde tiempo atrás se viene prometiendo.

Es así como se puede calificar como positivo  el proyecto que encabezaron los congresistas liberales  Guillermo Rivera en la Cámara de Representantes y Juan Fernando Cristo en el Senado,  para  las personas que han sufrido daño en sus derechos por violaciones al Derecho Internacional Humanitario  y a los derechos humanos, lo que a su vez ayudará a crear un escenario de justicia transicional,  que en un futuro permitirá superar el enfrentamiento armado en Colombia.

La ley de víctimas desde que fue presentada a consideración del legislativo viene sufriendo uno que otra zancadilla, en ocasiones puesta desde el mismo ejecutivo en cabeza del expresidente Álvaro Uribe, en otras desde la misma coalición de gobierno que lo acompañó en su periodo gubernamental y por último desde el grupo de uribistas pura sangre,  que aún mantienen su curul,  como el senador Juan Carlos Vélez, quien en último momento quiso provocar una nueva discusión excluyendo a los agentes del Estado,

Hoy dicha ley es una realidad y las comunidades que se han visto afectadas por el conflicto armado en nuestro país tendrán derecho a:

1. La justicia: Que el Estado investigue y condene a los victimarios.

2. La verdad: A conocer toda la información sobre los hechos que la victimizaron.

3. A la reparación integral: Medidas de restitución de bienes inmuebles, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Además, la ley contempla medidas de ayuda humanitaria y asistencia médica y sicológica, para algunos casos.

4. Atención prioritaria en materia de salud, al acceso a la educación, servicios funerarios (cuando no cuenten con recursos).

5. Que el Estado asuma la reparación de forma “subsidiaria”, sin que eso implique reconocimiento de su responsabilidad ni la de sus agentes.

6. Para reclamar sus derechos la víctima solo necesitará de una “prueba sumaria” para acreditar su condición. Es decir, que cualquier documento que demuestre su situación de víctima es válida.

7. Para tales fines la ley dará vida a la Unidad de Atención y Reparación, que es el organismo encargado de reparar a las víctimas. La entidad se encargará de hacer el registro de víctimas, administrar los recursos y llevar a cabo la reparación, entre otras funciones. Esta unidad tendrá representación en las entidades territoriales y estará adscrita a la Presidencia de la República.

8. A esta misión ayudarán también  los funcionarios de policía judicial; los defensores de familia y comisarios de familia, los fiscales, jueces o integrantes del Ministerio Público,  informando  cuáles son las entidades en donde las víctimas pueden obtener  asesoría sobre los  servicios, garantías, requisitos para presentar las denuncias, derechos que tienen y los trámites para hacerlos efectivos.

9. En el caso de homicidio,  desaparición forzada desaparición y secuestro, la víctima tendrá derecho a reclamar un monto de cuarenta (40) salarios mínimos como indemnización.

10. Por lesiones personales y sicológicas que produzcan incapacidad permanente, la víctima tendrá derecho a reclamar hasta cuarenta (40) salarios mínimos.

11. En el caso de lesiones que no causen incapacidad permanente, tortura, delitos contra la libertad y la integridad sexual, reclutamiento de menores, se tendrá derecho a indemnización de hasta treinta (30) salarios mínimos.

Por desplazamiento forzado se puede reclamar  veintisiete (27) salarios mínimos.

Para el caso de tierras tendrán derecho a la restitución  los propietarios, poseedores o explotadores de territorios baldíos que a partir de 1991,  hayan sido despojados o hayan abandonado su tierra forzadamente. Para tales fines  la ley crea la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas. Ante ese organismo, las víctimas inscribirán el predio despojado. La Unidad tendrá 60 o 90 días para decidir si lo incluye o no. Si el predio es aceptado en el registro, la víctima hará una solicitud de restitución ante un juez o un magistrado especializado en restitución de tierras. En caso de que haya una parte opositora que acredite personería jurídica, el caso será investigado por los jueces y fallado en el Tribunal Superior de Distrito Judicial Civil.

En necesario  reconocer que aunque se da un paso importante en materia de legislación que ayude a superar el conflicto armado y crea un escenario para la paz y la reconciliación, este no es definitivo, porque en lo que tiene que ver con la aplicación, luego de que pase por la sanción presidencia y el posterior  el examen de la Corte Constitucional, se viene un difícil camino a la hora de llevarla a la realidad que se vive en las regiones en donde el conflicto armado persiste y permeó las instituciones,  es por esto que el gobierno nacional debe continuar en la línea de depurar estas entidades, para que en un futuro la corrupción política y administrativa, no diga jugando el papel de talón de Aquiles para la  superación del conflicto armado. 

La Corporación Nuevo Arco Iris, a través del Programa de Atención a Poblaciones Afectadas por el Conflicto, hace un reconocimiento a quienes desde el Congreso de la República se dieron a la tarea de promover una legislación a favor de los colombianos víctimas del enfrentamiento armado y la barbarie de los grupos irregulares,   reafirmando su compromiso de continuar en la  tarea de  que  a estas personas se les dé el reconocimiento de ciudadanos, como es debido.